Pagó con fondos de la UAF fiesta de quinceaños

Emma Reyes, exdirectora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), tendrá que enfrentar la justicia. Hay una denuncia en la que se le acusa de una serie de delitos por actos cometidos durante su gestión al frente de la institución, en el mandato de Ricardo Martinelli.

En la demanda interpuesta ante la Fiscalía Anticorrupción por la propia institución que ella dirigió, se destaca que Reyes podría haber incurrido en peculado de uso, además de abuso de funciones como servidora pública e incluso por revelar información confidencial y que debió ser de uso exclusivo de la UAF.

Hay, incluso, asuntos menores, como haber utilizado fondos públicos para celebrar una fiesta de cumpleaños a su hija.

El dinero se utilizó bajo la descripción —según la denuncia— de gastos en capacitación para la UAF.

Para tal fin, se hizo una licitación pública. El motivo de la convocatoria era comprar ‘boquitas’ —bandejas surtidas de bocadillos— para un evento de capacitación de roles preventivos de actividades ilícitas en actividades y profesiones.

La institución consignó en una factura el uso de $1,022 para este fin. Se compró una plancha de dulce por $60, ensalada de papas con pollo y manzanas verdes pyrex por $35.

Otro de los hechos que se sustentan en la querella es el alquiler y gasolina asignados a la UAF para el uso de traslado de la familia de la exdirectora de la dependencia.

En la demanda, la UAF destaca que la falta incurrida por Reyes se enmarca en el artículo 338 del Código Penal, cuya pena oscila en prisión de 4 a 10 años, luego procede una medida cautelar de carácter personal.

La UAF está adscrita a la Presidencia de la República y tiene como función evitar el blanqueo de capitales y el financiamiento de actos de terrorismo.

También es deber de la UAF investigar las cuentas bancarias en Panamá y las actividades de inteligencia que se generen por la actividad.

La denuncia también sustenta que durante la gestión de Reyes se suministró información a medios de comunicación, acción que transgrede el manejo y uso de la información reservada y confidencial que rige la UAF

En abril, cuando Panamá estaba en plena contienda electoral, información difundida en medios internacionales y locales vinculó al candidato presidencial, hoy presidente de la República, Juan Carlos Varela, a actividades ilícitas.

El analista político Menalco Solís dice que la información privilegiada no puede ser difundida y ‘no hay explicación válida, solamente el Estado la maneja’.

El también exdirector del Consejo de Seguridad durante el gobierno de Guillermo Endara, alega que es ‘una obligación resguardar la información privilegiada’. La información financiera se debe mantener en reserva.

Solís cita el Código Penal, en el que se señala que no se puede publicar información sin autorización y plantea que se debe investigar la denuncia.

Miguel Antonio Bernal, abogado constitucionalista, consideró que le parece un grave error que no se forme una comisión de fiscalización, puesto que ‘ya es hora de poner a todos en su lugar’.

Mientras todo esto pasa, varios miembros de la sociedad civil presentaron un recurso ante el Ministerio Público para que se investigue las denuncias de peculado ejecutado en la pasada administración.

El presidente de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, Carlos Lee, se suma a las opiniones y dice que las autoridades deben dar inicio a las investigaciones, pero con resultados.

Para Lee, los implicados en los actos de peculado deben ser penalizados, porque ‘esto ayudará a lograr un mejor gobierno’.