100 años de feminismo, un punto de partida para cumplir nuevas metas

Recientemente se conmemoró el Centenario del Primer Congreso Nacional Feminista, el cual fue realizado un 22 de septiembre de 1923. Tras la reunión se publicó un manifiesto firmado por 86 mujeres, entre ellas Clara González, Enriqueta R. Morales y Raquel E. de Dutary.

Una de las activistas, Elida Campodónico de Crespo redactó un manifiesto llamando a las mujeres panameñas a organizarse: “Comenzaré por decir que aspiramos a la total emancipación de las mujeres; a su emancipación de las garras de la ignorancia por medio de la educación; a su emancipación social, mediante la extirpación de los prejuicios que las mantienen aherrojadas al funesto carro de la tradición; a su emancipación económica por medio de la nivelación de los salarios con los del hombre en las empresas comerciales e industriales; y por último, y este es nuestro fin más importante, a su emancipación política, mediante el reconocimiento de su igualdad absoluta con el hombre ante la majestad de la ley”, según explica la Revista Panameña de Ciencias Sociales del Colegio Nacional de Sociología y Ciencias Sociales.

El Primer Congreso Feminista Nacional se celebró el 20 de septiembre de 1923. Su principal objetivo era aprobar la fundación del Partido Feminista Nacional (PNF). En la sesión inaugural, después de constituir la mesa directiva de Clara González, se presentó la propuesta para la creación del partido.

En su intervención, González caracterizaba la situación de la mujer con unas breves pero agudas notas, como la falta de trabajo que la coloca en una posición desventajosa, la condición de pupila que las leyes le dan, las ideas profundamente aferradas sobre su inferioridad, explicó Yolanda Marco durante la conferencia ‘Aspectos históricos y aportes del primer Congreso Nacional Feminista’ en la conmemoración del Primer Congreso Nacional Feminista.

En el Primer Congreso Feminista Nacional se organizaron mesas de trabajo y se tomaron los siguientes acuerdos: el primero, el de fundar el Partido Nacional Feminista, “con el fin de luchar de manera eficaz por la defensa de los intereses femeninos, y de intervenir en todos los actos de la democracia nacional, de conformidad con la Constitución y el Programa de dicho partido”; el segundo era adoptar la plataforma programática redactada por la comisión presidida por Clara González, añadió Marco.

En el programa del Partido Feminista Nacional (PNF), los seis primeros puntos, indicó Marco, se referían a la educación de las mujeres para incluir asignaturas sobre puericultura, economía doméstica y educación cívica; creación de escuelas profesionales de enseñanza; una campaña por medios de comunicación a favor de la enseñanza de la instrucción cívica; y la fundación de bibliotecas populares circulantes.

En siete puntos, del 9 al 15, se proponía la reforma de disposiciones jurídicas como el establecimiento de cárceles para mujeres, tribunales y cárceles juveniles; nombramientos de abogados de pobres en todos los municipios; leyes protectoras de la mujer y su prole; reforma del Código Penal para darle protección a la mujer; intervención en igualdad de condiciones que el hombre en el jurado en causas seguidas contra mujeres o niños, detalló.

Se han tenido avances significativos durante estos 100 años. Se concretó, entre aquellas metas, las cárceles para mujeres. Durante la conmemoración del Primer Congreso Nacional Feminista realizado el 22 de septiembre del 2023 se leyó la declaración de principios, y posteriormente se lanzó el Manifiesto Feminista.

Este manifiesto es más extenso si se compara con lo que sugirió en su momento Elida Campodónico de Crespo en 1923. Pero la violencia sigue latente. En el manifiesto difundido en 2023, las feministas declararon en el primer punto: “La discriminación y la violencia hacia las niñas, las adolescentes y las mujeres sigue acrecentándose cada día. El Estado panameño debe fomentar, promover, impulsar y garantizar para todas las niñas, las adolescentes y las mujeres, en todo el territorio nacional, una vida libre de discriminación, racismo, violencias y acosos tal y como está contemplado en los diversos marcos normativos e instrumentos internacionales aprobados por la República de Panamá”.

Quienes firman son las fundadoras de la Red Nacional Feminista, el cual está integrado por: Iris Reyes Lindo (Espacio de Encuentro de Mujeres), Sonia Henríquez (Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas), Dalys Batista (Unión Nacional de Mujeres), Haydeé Méndez (Fundación para la Equidad de Género) y otras líderes feministas de Panamá.

En el siglo pasado hablar de la comunidad LGTBQ+, si es que se hacía, era mal visto en la sociedad panameña. En este manifiesto, las feministas hacen un llamado al Estado a salvaguardar los derechos de esta comunidad. “La pobre respuesta institucional ante cualquier hecho de violencia hacia las mujeres, la niñez y la población LGTBQ+, así como la desconfianza en el sistema de administración de justicia, donde pareciera regir la impunidad, conlleva a evaluar las políticas estatales y los marcos normativos existentes que se encuentran rezagados y desactualizados ante los cambios sociales, las dinámicas socioculturales y los alcances de la era digital y tecnológica a la luz del Siglo XXI”.

Y quedan muchas tareas pendientes por resolver. En el punto cuarto se denuncia que: “La desigualdad social; la cultura patriarcal androcéntrica y machista; los estereotipos de género; la discriminación múltiple; sectores de la población vulnerables y marginados donde se perpetua el ciclo de la pobreza; el incremento de embarazos en niñas y adolescentes; las infecciones de transmisión sexual; la dependencia económica; la deserción escolar y la falta de acceso a la educación formal; la falta de una política nacional en educación sexual integral y la permisibilidad de las conductas punibles y su desatención por algunos operarios de justicia asociados a la falta de sensibilización, formación y capacitación de funcionarios y funcionarias, constituyen factores de riesgo que obstaculizan la tutela judicial efectiva y que pre condicionan los hechos de cualquier manifestación de violencia hacia las mujeres, niñas, niños y adolescentes”.

Una crítica que se hace en el manifiesto es hacia la religión. Aunque no se denuncia ninguna congregación en particular, las feministas remarcan que: “En nuestra sociedad panameña el fundamentalismo religioso extremista y supra moralista, en la última década, ha sido gestor e impulsor de discursos de odio y de propuestas encaminadas a impulsar mecanismos en contra de la legislación vigente en materia de derechos humanos y que tienen como objetivo limitar, obstaculizar y seguir violentándonos a merced de sus fanatismos y sus creencias personales retrógradas, con un alto contenido de lenguaje sexista y machista y que propugna por retrocesos en materia de derechos humanos y género, y donde a la sociedad panameña se le retrata la finalidad de promoción de valores e institucionalización de prejuicios, estigmas y normas socioculturales que subyugan, cosifican y ejercen control y poder sobre los cuerpos de las mujeres y su autonomía, y donde, además, se siguen perpetuando creencias acéfalas y que en lo absoluto tienen que ver con el amor al prójimo, el respeto (a la integridad humana), la tolerancia, la igualdad para todas y todos, la justicia social y una sociedad donde imperen los principios de igualdad y no discriminación para todas las personas”.

En el último punto se lee que: “Finalmente, cabe indicar que más allá de las normas y las políticas públicas y los planes y agendas que tienen que convertirse en política de Estado también se requiere de un profundo análisis sobre el problema multifactorial al que nos enfrentamos: la descomposición del tejido social; la brecha de género y digital; la transformación de las relaciones inequitativas en torno a la labor de cuidados y el aporte de las mujeres a la economía; el reconocimiento y la visibilización del trabajo no remunerado que realizan las mujeres; el sistema educativo y formativo que va desde una ley de salud sexual integral hasta las campañas de docencia, sensibilización y concienciación sobre nuestros derechos como seres humanas, autónomas y ciudadanas; las herramientas de acceso a la justicia, los controles que se requieren y que atraviesan la uniformidad de protocolos de atención integrales en todos los ámbitos”.