'30x30', la protección de los océanos más allá de las fronteras

  • 26/09/2023 00:00
¿Quién protege los mares más allá de las fronteras nacionales? Un nuevo tratado internacional busca dar respuesta a esta pregunta
Panamá firmó esta semana el Tratado Global de los Océanos.

Tras casi dos décadas de proceso, Panamá firmó esta semana el Tratado Global de los Océanos, un documento que tiene el objetivo de proteger el 30% de los océanos del mundo.

Digna Barsallo, quien es directora nacional de Costas y Mares del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) conversó con La Estrella de Panamá para dar a conocer más detalles de este documento firmado por cerca de 60 países, durante la última convención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“El documento se presentó a finales de febrero, a todos los países que conforman la ONU, para que hicieran una evaluación interna de él y tomaran una decisión sobre su firma”, explica la funcionaria.

Entre las naciones firmantes se encuentra China, que firmó este documento el 20 de septiembre, el primer día de su apertura a la firma. “Este acto chino refleja una vez más la gran importancia que otorgamos a la protección y el uso sostenible del océano, así como nuestro compromiso con el multilateralismo”, dijo el embajador de China en Panamá, Wei Qiang, a este medio.

El robo de huevos de tortuga sigue siendo una preocupación.

“China participó activamente en el proceso de negociación del tratado y desempeñó un papel constructivo en la conclusión final del mismo”, agrega el diplomático.

Qiang asegura que el gigante asiático está “sumamente comprometido” en la preservación del ambiente y este acuerdo es una muestra de esto. “Nuestra sociedad está cada vez más consciente de la necesidad de trabajar juntos para reducir las huellas de carbono”, pondera.

Barsallo, por su parte, comenta que esta iniciativa busca proteger casi dos tercios de los océanos que se encuentran fuera de las fronteras nacionales y proporcionar un marco legal para el establecimiento de amplias zonas protegidas.

“Este tratado surge por la necesidad de proteger los mares que se encuentran fuera de la jurisdicción de los países, los cuales representan más del 50% de la meta planteada”, detalla Barsallo.

Los manglares, ecosistemas marinos altamente vulnerables.
Una negociación compleja

Aunque el tratado se presentó el 20 de febrero, una intensa ronda de negociaciones, que concluyó tras una sesión de debate de más de 35 horas seguidas, retrasó su consolidación hasta la primera semana de marzo.

Temas como la repartición de los recursos marinos genéticos (MGR), que incluyen material de genético de esponjas, krill, corales, algas y bacterias, para la investigación científica y comercial, dentro de áreas como la medicina y la cosmetología, han ocasionado fuertes debates que mantienen a muchas de las 193 naciones que conforman la ONU, al margen de la iniciativa.

Otro punto que ha generado discordancia es la diferencia de legislaciones marítimas existentes entre los países. “La reglamentación de este tratado depende de la jurisdicción de cada país, pues todas las naciones tienen sus propias normas, por eso es un gran desafío generar un marco reglamentario que abarque todos los Estados firmantes”, analiza Barsallo.

A esto hay que sumarle la necesidad de desarrollar áreas marinas protegidas en alta mar, las cuales necesitan de la colaboración entre naciones. “Ya se han mencionado algunas áreas posibles, porque la biodiversidad marina no tiene fronteras, pero todavía no se ha concretado nada”, comenta.

La contaminación marítima también fue un apartado que generó conflicto, pues no es no lo mismo sancionar a una persona o empresa que contamina dentro de los límites de su país, a una que lo hace fuera. “Si se produce un derrame de compuestos o vertimiento de basura en aguas internacionales, ¿cómo haremos para sancionarlo?”.

Otro tema mencionado fue el desarrollo de un modelo de impacto ambiental de las actividades que se realicen en alta mar, el cual debe contar con el beneplácito de todos los países firmantes.

“El acuerdo firmado es bastante general y se requiere abordar todas las inquietudes planteadas, se ha hablado de generar un mecanismo que coordine a todos los involucrados y eso es un siguiente paso”, comenta la funcionaria, quien agrega que todavía falta presentar el documento en la Asamblea Nacional, lo cual generará más debate.

“Este acuerdo es innovador y representa un cambio rotundo a la forma en la que veníamos trabajando a nivel internacional, pero es un primer paso importante”, pondera.

La realidad nacional

“Para la naturaleza marítima no existen fronteras y no abordar esta realidad puede afectar a Panamá, en materia económica”, considera la directora nacional de Costas y Mares de MiAmbiente.

“Somos un país pesquero, sin mencionar que nuestro país depende en gran medida de la actividad marítima y portuaria del Canal de Panamá, por eso no nos podemos desvincular de lo que suceda fuera de nuestras fronteras”, considera Barsallo.

En junio de 2021, Panamá anunció que aumentaba en un 30% su superficie marina protegida, con el propósito de cumplir con la iniciativa global 30x30, planteada por la ONU, que propone proteger el 30% de la superficie marina, para 2030.

El presidente de la República, Laurentino Cortizo, detalló que con esto se buscaba darle protección a  98.228,25 km2 de la superficie marina nacional.

“Hemos logrado proteger el 54% de nuestras áreas marinas, lo que nos convierte en un líder azul, pero eso no queda allí, pues todavía queda un trabajo grande por delante, para no quedarnos en las cifras”, confiesa la funcionaria de MiAmbiente.

Los desafíos

La titular de Costas y Mares dijo a este medio que este viernes fue encontrada una embarcación haciendo aleteo y pesca de tiburones en el área marina protegida de la cordillera Coiba, aunque aclara que la información es preliminar.

“Estamos presentes en las áreas de conservación, para que no sea una simple advertencia, sino que se generen sanciones sobre las actividades ilegales”, asegura.

La funcionaria dijo que la entidad se encuentra trabajando en la actualización de la Ley de Aleteo (práctica en la que cortan las aletas a los tiburones para comercializarlas), para poder “fortalecerla”.

La especialista también mencionó el trabajo que se está haciendo con las demás entidades estatales, para desarticular a los grupos que se dedican a esta actividad, como la operación Shark, que dio con la incautación de 6.79 toneladas de aletas de tiburón y la detención de un grupo que se dedicaba a su recolección.

Al ser cuestionada sobre otras actividades ilícitas, como el robo de huevos de tortuga, como la tortuga Carey, la funcionaria reconoce que aunque la entidad está trabajando para que esto no ocurra, “sigue pasando”, pues “constantemente” atrapan a personas que comercializan los huevos y la carne de este animal que está en peligro 'crítico' de extinción, pues su población se redujo un 80% desde el inicio de este siglo.

Otro de los delitos que se siguen dando son los relacionados con la tala y comercialización ilegal de manglares. “Recientemente la Policía Ambiental decomisó un camión con carbón y madera de mangle”, apuntó.

El problema, según Barsallo, es que la deforestación de los manglares es producto de una “tradición histórica insostenible” que tienen muchas comunidades, acostumbradas a vivir de estos ecosistemas.

“Necesitamos poder cambiar las actividades económicas de estos sectores, mediante el estudio y la capacitación en otras áreas. Estas comunidades tienen un gran potencial turístico y eso es lo que tenemos que reforzar”, considera.

A estos puntos hay que sumarle la presencia de especies invasoras, como el pez león y la contaminación marítima. “Ya se está trabajando en otro acuerdo internacional, de la mano de la ONU, para hacer frente a la contaminación de los océanos, pues el 80% de la contaminación que tienen proviene de tierra firme”, adelantó.

En octubre de 2022, Panamá aprobó su plan de acción de basura marina 2022-2027, que posee múltiples acciones y compromisos para proteger los mares de la contaminación.

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