Mujeres que tienen derecho al olvido

Internet a veces perdona, pero casi nunca olvida. Ese es el caso de la concejala Olvido Hormigos, de Yébenes (España), quien estuvo a punto de renunciar luego de que se filtró en internet un video en el que aparecía desnuda. Aunque el video fue retirado de la página donde se publicó originalmente, el escándalo por cuenta de la vida privada de Hormigos siguió. Y el video permanece campante por distintos sitios de internet (aunque en otros se ha bloqueado).

El hecho se sumó al caso de la exviceministra costarricense de la Juventud Karina Bolaños, quien fue despedida por la presidenta, Laura Chinchilla, luego de que apareció en un video en paños menores en el que enviaba un mensaje a un amante. En ambos casos, aunque las damnificadas han buscado la manera de impedir el acceso a esos archivos, el control es imposible y la red implacable.

Y es que la era digital supone unos desafíos nuevos, como proteger los derechos de las personas. La intimidad, la dignidad, el patrimonio, la imagen, el buen nombre, el habeas data, la igualdad son algunos de los derechos más expuestos en la web. Y en muchos casos, otros conexos como el trabajo o la educación, también terminan vulnerados.

En Colombia, varios casos ilustran lo que significa caer en los tentáculos de la red. Dos muy recordados son los de la actriz Luly Bossa y el de la presentadora Ana Karina Soto, de quienes se filtraron en internet sendos videos íntimos mientras tenían relaciones sexuales. En los dos casos los videos, después de muchos años, siguen alojados en portales de otros países y siguen pasándoles la factura.

Sin embargo no solo la intimidad marca la reputación digital de las personas. El pasado judicial también se ha convertido en un karma difícil de esquivar. Hace unas semanas, la Corte Constitucional publicó una sentencia que amparó los derechos al habeas data y al trabajo de 13 personas. Ellas habían interpuesto una tutela porque a pesar de que habían pagado condenas por haber cometido delitos, en las bases de datos oficiales –que se pueden consultar en internet– aparecía la leyenda: ‘Registra antecedentes penales, pero no es requerido por autoridad judicial’. La Corte ordenó quitar la referencia a los antecedentes penales, porque, entre otras cosas, encontró que había vulnerado su derecho al trabajo. No obstante la respuesta vino luego de una prolongada batalla jurídica.

Pero una cosa es el manejo de las bases de datos oficiales, donde el Estado a través de sus instituciones puede intervenir para que haya un mayor control, y otra muy distinta el fenómeno de la información que se publica en internet en páginas periodísticas o en las redes sociales. En los buscadores, muchas veces los nombres de las personas quedan asociados no por sus buenos antecedentes sino por escándalos del pasado aparecidos en los medios de comunicación. Además de que como el alcance es de una velocidad inmediata, las fronteras se difuminan.

Un caso que ilustra la dimensión del problema es el de Max Mosley, exdirector de la Federación Internacional de Automovilismo, quien emprendió una lucha titánica contra Google para que sean borrados en internet los archivos de una fiesta íntima en la que participó. Ha interpuesto demandas en cortes de Inglaterra, Alemania y Francia y, aunque le ganó una al extinto diario News of the World, su nombre no ha podido desmarcarse del escándalo gracias a que el buscador no olvida. El caso podría pasar a la historia pues plantea una pregunta de fondo: ¿quién controla y protege los derechos en línea, los Estados o las empresas digitales? ‘Mosley versus Google es más que una disputa entre una celebridad y una poderosa corporación. Es una batalla del hombre contra la máquina’, escribió recientemente el diario alemán Der Spiegel.

En Colombia hay leyes para proteger los datos de las personas. También sobre los delitos en internet y recientemente sobre los derechos de habeas data. Sin embargo, las medidas no son suficientes mientras los usuarios sigan creyendo que el computador es una parte de la casa y no una extensión del espacio público.

‘Las soluciones también deben ser tecnológicas’, dice Wilson Ríos, abogado experto en derechos de autor en internet. Por ejemplo, argumenta, algunos sitios impiden descargar o copiar sus archivos, o incluso, permiten a los usuarios, después de un tiempo, borrar la información que han publicado.

¿Pero cómo bloquear el contenido abusivo sin llegar a la censura? Es un debate no resuelto. En criterio de Carolina Botero, activista defensora de los derechos de los usuarios en internet, hay que ser creativos. ‘Necesitamos derecho a la intimidad, pero también información, libertad de prensa y gobernabilidad’, dijo a SEMANA.

Una reflexión en ese sentido se ha abierto paso en el Viejo Continente. El parlamento europeo discute una ley que propone, entre otras medidas de protección de los datos, el ‘derecho al olvido’. El objetivo es que los usuarios puedan solicitarle a los sitios web que eliminen su pasado digital.

A pesar del escándalo, muchas voces solidarias rodearon a Hormigos y a Bolaños en el mundo entero. Sus casos han servido para reflexionar, nuevamente, sobre cuáles son los límites de lo público y lo privado en la red. Pero también sobre hasta donde es urgente que la información sobre las personas tenga una fecha de caducidad.