Se reabre el debate: Panamá usa más de 60 agroquímicos que están prohibidos en otros países

Panamá reabre el debate sobre el uso de agroquímicos que están prohibidos en otros países. Esto, a raíz de la declaración del estado de emergencia en Azuero por los altos niveles de contaminación del río La Villa.

Un documento, titulado “Informe Cuenca Río La Villa – Ejercicio 2019”, que ha estado difundido el alcalde de Guararé Amado Franco, desde hace meses; indica que entre octubre de 2015 y diciembre de 2016 se detectaron 23 diferentes ingredientes activos de plaguicidas en la cuenca, de los cuales 11 son considerados cancerígenos y 5 perturbadores endocrinos.

Panamá intenta, aunque de manera gradual, la eliminación de los plaguicidas altamente peligrosos (PAP), sustancias que representan una amenaza para la salud humana, la biodiversidad y el equilibrio ambiental. Sin embargo, la presencia activa de estos productos en el país, su importación constante desde países con altos volúmenes de exportación y su uso extendido en la agricultura, muestran que el reto está lejos de resolverse.

Un estudio de 2020 titulado: “Situación actual de los plaguicidas altamente peligrosos en Panamá, realizado por Raúl Carranza, biólogo-entomólogo, y Ana María Jiménez, bióloga-ornitóloga, revela que Panamá mantiene registros activos de más de 60 plaguicidas, muchos de ellos con categorías altamente peligrosas.

Principales exportadores y tipos de plaguicidas

El informe destaca que China lidera la lista de países asociados con el mayor número de registros de plaguicidas altamente peligrosos en Panamá, con un 26.6% del total. Le siguen Panamá con 10.4%, Costa Rica con 10.06%, India con 9.8% y Estados Unidos con 6.6%. Esto refleja que, además de importar, Panamá también produce o distribuye plaguicidas bajo registros locales.

En cuanto a los tipos de plaguicidas autorizados, el 41.8% corresponde a herbicidas, el 28.9% a fungicidas, el 26.6% a insecticidas, y el resto a otros grupos como nematicidas, bactericidas y acaricidas.

Estos plaguicidas se utilizan especialmente en las principales regiones agrícolas del país: Chiriquí, Azuero, Coclé, Bocas del Toro, Panamá Este, Panamá Oeste y Darién. En estas zonas, cultivos como arroz, caña de azúcar, piña y otros productos de exportación continúan dependiendo en gran medida del uso de agroquímicos.

Qué se ha prohibido y qué está restringido

Desde 1997, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y el Ministerio de Salud han implementado un conjunto de medidas para restringir el uso de los plaguicidas más peligrosos. Se han prohibido sustancias como el DDT, Aldrin, Endrin, Carbofuran, Monocrotofos, Metamidofos y Paraquat, todas conocidas por sus efectos tóxicos severos, su persistencia en el ambiente y su capacidad de bioacumulación.

Sin embargo, muchos otros productos solo han sido restringidos, lo que significa que pueden usarse bajo ciertas condiciones: no deben aplicarse cerca de viviendas, escuelas, hospitales, ríos o pozos, y deben tener la etiqueta de “Uso Restringido”. Además, su venta y aplicación deben ser supervisadas por personal técnico calificado.

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) de Panamá emitió la Resolución N.º OAL-051-ADM-2025, publicada el 25 de abril de 2025 en Gaceta Oficial, mediante la cual se prohíbe y cancela el registro de plaguicidas de categorías toxicológicas 1a y 1b, según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y las categorías 1 y 2 del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA).

Esta medida responde a los riesgos graves que representan estos productos para la salud humana, la biodiversidad y el ambiente. Según la resolución, estos plaguicidas pueden provocar pérdida de biodiversidad, cáncer, tumores, trastornos del sistema nervioso, problemas reproductivos, mutaciones genéticas y alteraciones endocrinas.

El MIDA destacó que el Grupo Técnico de Trabajo de Plaguicidas (GTTP), junto a la Comisión Técnica de Plaguicidas (Cotepa), revisaron y actualizaron el listado de los plaguicidas con registro en Panamá que son considerados de extremada y alta peligrosidad. Como resultado, se prohíbe el registro de nuevos ingredientes activos de estas categorías toxicológicas, así como de sus formulaciones.

De manera excepcional, el MIDA podrá otorgar permisos especiales para la importación de estos productos solo si se cumplen ciertos requisitos: que no estén prohibidos por organismos internacionales reconocidos por Panamá, que se trate de una emergencia fitosanitaria o sanitaria nacional, que los productos cumplan con los estándares de calidad y que sean de libre venta en países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Adicionalmente, la resolución prohíbe la renovación de registros existentes para estos productos y otorga un periodo máximo de cinco años de vigencia para aquellos que aún están en circulación, excepto en casos específicos donde se presenten formulaciones de menor toxicidad (categorías III y IV de la OMS o 4 y 5 del SGA).

Una vez vencidos estos registros, las empresas tendrán un plazo de 12 meses para agotar sus inventarios, reexportar o destruir de manera segura los productos restantes. Si incumplen este procedimiento, el MIDA y el Ministerio de Salud están autorizados a retirar los productos de bodegas y puntos de venta, y a ordenar su destrucción o devolución al país de origen, todo a costo de la empresa importadora o distribuidora.

El Anexo N.º 1 de la resolución incluye la lista de ingredientes activos prohibidos, entre los que destacan: Aldicarb, Etoprofos, Fenamifos, Metomil, Terbufos y Triazofos, todos ampliamente utilizados como insecticidas, acaricidas y nematicidas en la agricultura.

Control de importaciones y regulaciones internacionales

El Decreto Ejecutivo 305 de 2002 estableció que la importación de plaguicidas altamente peligrosos en Panamá debe estar sujeta a un licenciamiento previo y no automático. Esto significa que cada importación requiere aprobación especial y que el país está obligado a informar a organismos internacionales, como el Convenio de Róterdam y el Convenio de Basilea, sobre el movimiento de estas sustancias.

Panamá también es parte del Convenio de Estocolmo, que busca eliminar los contaminantes orgánicos persistentes (COP), sustancias reconocidas por ser altamente tóxicas y bioacumulables. Por otro lado, el país también suscribe el Protocolo de Montreal, que regula las sustancias que agotan la capa de ozono.

El compromiso con estos acuerdos internacionales busca proteger tanto la salud pública como el medio ambiente, y obliga al país a fortalecer sus controles sobre el uso y comercio de productos químicos peligrosos.

Impacto en la salud y en las abejas

Uno de los aspectos más preocupantes es la relación entre los plaguicidas altamente peligrosos y el aumento de enfermedades como el cáncer. Según los investigadores, hace unos años se registraban aproximadamente 2,000 casos de cáncer por año en Panamá. Hoy, la cifra ha aumentado a más de 6,000 diagnósticos anuales.

El impacto ecológico también es alarmante. Varios de los plaguicidas presentes en el mercado panameño están clasificados por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos como “altamente tóxicos para las abejas”. La pérdida de polinizadores como las abejas pone en riesgo la productividad agrícola y la biodiversidad.

Evolución de la lista de plaguicidas prohibidos

La lista de plaguicidas altamente peligrosos (PAP) ha evolucionado a lo largo de los años. Entre 2009 y 2018, la lista internacional de PAP fue ajustada varias veces debido a nuevos estudios y reclasificaciones por parte de organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Unión Europea (UE) y la EPA.

En 2014, por ejemplo, se eliminó de la lista a aquellos plaguicidas que solo eran considerados “posibles carcinógenos” y se priorizaron aquellos que cumplían con al menos dos de las tres características: persistente, bioacumulativo y tóxico. En versiones posteriores, se incorporaron nuevos productos químicos con criterios de clasificación más estrictos, incluyendo aquellos listados en el Anexo III del Convenio de Róterdam y los catalogados como “fatal si se inhala” según la GHS europea.

Qué falta por hacer

Aunque Panamá ha dado pasos importantes, los expertos insisten en que es necesario profundizar en la generación de evidencias científicas locales. Para lograrlo, recomiendan:

- Realizar más estudios sobre residuos de plaguicidas en alimentos como carnes, frutas y vegetales.

- Analizar la presencia de plaguicidas en el aire, el agua y los suelos, especialmente en zonas de alta producción agrícola.

- Fortalecer los controles en los puntos de entrada y comercialización.

Entidad responsable

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), a través de la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal, es la entidad responsable del registro, fiscalización y supervisión de los plaguicidas de uso agrícola en el país.

El manual de procedimientos aprobado desde 2001 otorga al MIDA las facultades para realizar estos controles, pero el experto considera que los recursos y la fiscalización en el campo aún son insuficientes.

“El sistema cuenta con la figura de los asesores técnicos fitosanitarios (ATF), quienes son ingenieros agrónomos responsables de emitir las recetas para la compra y uso de productos restringidos. Este procedimiento es similar a la prescripción médica: cuando un producto agroquímico tiene clasificación de ‘banda roja’, solo puede ser adquirido bajo receta emitida por un ATF, quien debe especificar el cultivo, la dosis exacta y el modo de aplicación”, explica el director Nacional de Sanidad Vegetal, Emmeris Quintero.

“Por ley, los establecimientos que venden estos productos deben contar con un regente agrónomo que supervise y garantice que los protocolos se cumplan”, agrega.

Actualmente, existen tres listas oficiales de agroquímicos en el país: productos prohibidos, productos restringidos y productos permitidos. Los productos restringidos solo pueden usarse bajo prescripción de un ATF, mientras que los permitidos, como los de bandas verde y amarilla, pueden adquirirse libremente en los puntos de expendio.

De acuerdo con el director existe un plan que incluye el manejo integrado de plagas, que prioriza el control biológico y cultural, dejando el uso de plaguicidas como última alternativa. “Muchos productores ya están certificados bajo este esquema y son monitoreados por las autoridades sanitarias, incluyendo análisis constantes de residuos de plaguicidas en frutas y vegetales”.

Quintero, explicó que las estrategias de manejo de plaguicidas en Panamá se mantienen activas y se han fortalecido. Detalló que el país cuenta con manuales específicos para las aplicaciones aéreas y terrestres, además de regulaciones que exigen la supervisión de asesores técnicos fitosanitarios, quienes deben emitir recetas para el uso de productos restringidos.

El director subrayó la importancia de los controles y las buenas prácticas agrícolas, indicando que “ya existe una ley que obliga a todos los productores, grandes o pequeños, a registrarse y trabajar con un plan de manejo de finca que incluye el manejo integrado de plagas. El uso de plaguicidas debe ser la última opción”.

El funcionario también destacó la necesidad de mejorar el monitoreo de plaguicidas en las fuentes de agua potable y advirtió que algunos productos pueden permanecer activos en el suelo por años y llegar a los ríos por efecto del lavado constante de las lluvias. Además, enfatizó que las comunidades deben reportar al MIDA cualquier aplicación desordenada de agroquímicos cerca de viviendas o caminos.

Volver a las prácticas agrícolas del pasado

El gran desafío para Panamá es acelerar la transición hacia modelos agrícolas más sostenibles que reduzcan la dependencia de sustancias químicas peligrosas. Esto requiere capacitación a los productores, investigación sobre alternativas ecológicas y el fortalecimiento de las políticas de vigilancia.

Hubo tiempos en que no se utilizaban fertilizantes ni pesticidas químicos en la agricultura; no existían. El ganado no vivía encerrado en establos ni las gallinas en corrales entre sus heces. Las manos eran las mejores herramientas para trabajar los suelos. En aquellos tiempos no emitíamos toneladas de dióxido de carbono. La energía provenía de fuentes naturales. La industria era principalmente artesanal, lo que limitaba la contaminación. La biodiversidad estaba prácticamente intacta.

En octubre de 2023, la Decana visitó una finca en Chepo, cuyos dueños replantearon la manera de trabajar la tierra. En el reportaje Agricultura regenerativa, una esperanza para el planeta, se explica a detalle cómo funciona; sin embargo, en los siguientes párrafos presentamos un resumen de lo que realizan.

La agricultura regenerativa plantea volver a las prácticas agrícolas del pasado. Con estos métodos se busca recuperar la calidad de los suelos degradados reduciendo la maquinaria pesada, usando abonos verdes, manteniendo las cubiertas vegetales y diversificando los sistemas de cultivo. Esta podría ser la esperanza para salvar al planeta Tierra.

Cuando Thomas Patton y su esposa, Adriana Roquer, entendieron que siempre habrá sol para hacer crecer la hierba, que con el ganado podían asegurarse de tener cada vez más pasto y que haciendo buenas prácticas agrícolas podían recuperar el suelo, decidieron hacer cambios en su forma de trabajar la tierra.

Patton y Roquer se definen como custodios temporales de las 2.500 hectáreas de tierra que tienen en medio de los arrozales de sus vecinos. No trabajan monocultivos, intentan tener la diversidad de los ecosistemas naturales, sembrando diferentes especies y evitando las grandes cargas de los cultivos únicos sobre el suelo.

Manejan bovinos, equinos, ovinos, patos, pollos y perros de trabajo. Todos son libres, los mueven de un espacio a otro para evitar enfermedades. Tienen el proyecto de la mosca soldado negro, cuya larva transforma residuos orgánicos en abono y proteína saludable para los animales.

Desde 2018 intentan guiar el proceso de la tierra y fuentes de agua que cuidan. Venden las carnes, aves, frutas, vegetales que producen. También los plantones y el producto que genera la mosca soldado negro.

La finca regenerativa Coquira Soil Project está ubicada en la vía Coquira, en el distrito de Chepo, al este de la provincia de Panamá. Justo antes de llegar, el visitante se encuentra con el río Mamoní. En la granja, el verde de las plantas recibe a las personas. Un árbol de marañón –que nunca enfermó– detiene a quienes deciden admirarlo y a los que prefieren tomarle fotos.

“Antes de mover a los animales a un potrero, colocamos gallinas para que limpien. En vez de gastar en insumos, utilizamos a los animales en el rol que ellos nos pueden permitir. El ganado es una máquina podadora, si mandamos a limpiar un potrero con machete, deben hacerlo entre seis y ocho personas, demoran mucho tiempo e incrementan los costos. Pero si uno tiene la cantidad correcta de animales, en el espacio correcto, esa poda es gratis”, dice Patton.

En Coquira Soil Project no utilizan pesticidas ni fertilizantes químicos.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por su sigla en inglés), toda la capa superior del suelo del planeta habrá desaparecido en 60 años, a menos que se adopten nuevas prácticas orgánicas, “tal vez no sea la única solución, pero es la mejor opción”, expresó Volkert Engelsman, activista de la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica, durante un foro.

Las causas de la destrucción incluyen técnicas agrícolas con químicos, la deforestación que aumenta la erosión y el calentamiento global. Los suelos tienen un papel importante en la absorción del carbono y la filtración de agua, dice la FAO. “La destrucción de los suelos crea un círculo vicioso, en el que se captura menos carbono, sube la temperatura y la tierra se degrada aún más”.

Sin embargo, en todo el mundo las personas están usando prácticas de regeneración para sanar la tierra y estabilizar el clima. El documental Besa el suelo, disponible en Netflix, reseña algunos de los lugares donde se están aplicando dichos métodos como en EE.UU., Haití y China.

El ecologista Jhon D. Liu cuenta en el documental que la meseta de Loess, cuna de la civilización china, fue regenerada completamente. “No había vegetación, hubo una destrucción ecológica total, se le consideraba el lugar más erosionado de la Tierra, sus habitantes vivían en la miseria”.

Desde 1994 hasta 2009, durante 14 años, en un área de 35.000 km2, trabajaron los mejores científicos del Banco Mundial. “Regeneraron el territorio, 20 millones de personas salieron de la pobreza, conocimos gente que era analfabeta y ahora sus hijos estudian en las mejores universidades del país”, expresa el ecologista.

“Este movimiento se utiliza en la descentralización. No voy a suplir ni al 50% de la población de Panamá, pero contribuyo con mi comunidad”, explica el dueño de Coquira Soil, quien emplea a unos 25 trabajadores que viven en Chepo.

¿Qué pasaría si todos hicieran agricultura regenerativa? “Salvaríamos al planeta”, responde Patton.