Brenes exige a la Antai actuar ante los posibles conflictos de interés

Otra de las voces que solicitó a la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) tomar acciones ante las noticias de los posibles conflictos de interés en contratos estatales fue la de la diputada Alexandra Brenes, de la coalición Vamos.

El cuestionamiento de la política se suma a la de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), el expresidente de Transparencia Internacional, Carlos Barsallo, y defensores de derechos humanos como la activista Magaly Castillo que han solicitado se investiguen hechos de conocimiento público en la actual administración gubernamental.

La Estrella de Panamá reportó en una investigación periodística que el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, incrementó el precio y supervisó la carretera a Santa Catalina en la provincia de Veraguas, en la que nueve meses antes fue contratista en un consorcio con Asaltos Panameños.

Andrade dijo que no declaró el posible conflicto de interés por “desconocimiento de la norma”.

Asfaltos Panameños ha incrementado de manera considerable las contrataciones con contratos que superan los $100 millones, once de estos de manera directa, convirtiéndose en una de las favoritas del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

De Igual manera, el diario La Prensa ha publicado que el Ministerio de Salud ha efectuado compras a una empresa vinculada al ministro de esta cartera, Fernando Boyd Galindo.

Brenes envió una carta a la Antai en la que le preguntó si le compete a la institución investigar o emitir criterios respecto a posibles conflictos de intereses en los que estén involucrados ministros de Estado dentro de procesos de contratación pública.

También consultó cuál es el procedimiento para presentar la denuncia y qué elementos probatorios deben sustentarla y las medidas preventivas en un caso de este tenor.

La Antai respondió que “las presuntas faltas o delitos atribuidos a ministros de Estado son competencia privativa de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)”.

Lo anterior no excluye la “orientación preventiva”, custodia y gestión de las declaraciones juradas de intereses particulares conforme a la Ley 316 de 2022, indicó la carta firmada por la directora general Sheyla Castillo de Arias, con fecha del 2 de julio de 2026.

“La transparencia no se pone a prueba cuando todo marcha bien sino cuando quienes tienen que investigar deciden no hacerlo” dijo Brenes al referirse a la respuesta que recibió de la institución.

“La Antai sostiene que no pueden hacer investigaciones a los ministros de Estado. Sin embargo, hay confusión enorme entre una investigación penal y una administrativa que es lo que compete”, dijo Brenes en el periodo de incidencias de la Asamblea Nacional ayer.

Brenes acotó que la Ley 33 de 2013 faculta a la Antai a efectuar investigaciones administrativas. “la transparencia está en juego”, advirtió.

Por su parte, la abogada Magaly Castillo asegura que la Antai puede presentar denuncias ante la CSJ o al Ministerio Público, porque la Ley 316 de 2022 la califica como “la autoridad regente en materia de conflicto de intereses”.