'Mientras la maternidad temprana en África es proyecto, en América Latina es un destino'

Cuando una adolescente queda embarazada, su salud, educación, y todo su futuro pueden estar en peligro. Además, pudiera quedar atrapada en una vida sumergida en la pobreza y la exclusión social.

Panamá no escapa de esta realidad al ser el cuarto país de la región con más incremento de embarazos, según señalaron los expertos durante la presentación del informe: 'Consecuencias socioeconómicas del embarazo en la adolescencia en Panamá', dirigido por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa).

Este estudio reveló que el costo asociado al embarazo en la adolescencia y la maternidad temprana en el país asciende a $495.4 millones, según datos de 2019; si a eso le sumamos $15 millones por gastos en salud y $15 millones por pérdidas fiscales, vemos un total de $525 millones.

De acuerdo con Cristian Munduate, coordinadora residente de las Naciones Unidas en Panamá, en una población de 4 millones estos datos llaman la atención, y “hay que comprometernos más, porque superar estas estadísticas es posible...”.

“El embarazo en mujeres adolescentes tiene altos costos para un país y profundiza aún más la brecha de género, la económica y todas las desigualdades; por ejemplo, entre las comunidades y las comarcas indígenas”, afirmó.

La directiva también señaló que el embarazo adolescente afecta el aprovechamiento y los beneficios de este gran fondo demográfico que tiene Panamá, porque muchas de estas madres están siendo afectadas en su ingreso al mundo laboral y en la culminación de sus estudios, y esto se vuelve un círculo vicioso y 'perverso' de reproducción de la pobreza, del incremento de la violencia, así como también brinda pocas oportunidades y salidas para una vida joven, subrayó la directiva de la ONU.

“Este estudio que hoy nos presenta el Fondo de Población del Sistema de Naciones Unidas será un aporte muy valioso que nos permitirá accionar en políticas, programas y planes de trabajo para reducir el embarazo en la adolescencia, y lo más importante, para brindar mejores oportunidades de vida a niñas y adolescentes”, expresó.

América Latina y el Caribe es la segunda región del mundo con la tasa más alta de embarazos en la adolescencia. “Panamá es el cuarto país con el mayor número de embarazos en la región, reportando en 2019 una tasa de fecundidad adolescente de 67,2. Esta situación es preocupante, ya que el embarazo en la adolescencia está vinculado a la pobreza, a la reproducción de las desigualdades sociales y a la vez refleja experiencias de violencia sexual y abuso”, reconoció Munduate.

Federico Tobar, asesor técnico y regional de Unfpa para América Latina y el Caribe, mencionó que el programa de investigación que impulsan lleva el acrónimo de 'Milena' por metodologías de impactos laborales y económicos, que tiene fundamentos sobre las consecuencias socioecómicas del embarazo en la adolescencia. “América Latina y el Caribe es la segunda región del mundo con la tasa más alta de embarazos en la adolescencia, pero es la primera en embarazo bitencional, es decir que mientras la maternidad temprana en África es proyecto, la maternidad en América Latina es un destino y eso está determinado socialmente”, expresó.

“Este problema de salud reproductiva es el más grave que tiene la región y por eso hemos realizado estos estudios, para evidenciar las realidades de nuestros países. La primera anomalía demográfica es que la tasa de fecundidad de las mujeres adultas es más baja que la tasa de fecundidad adolescente. Es decir, que está aumentado la población de hijos de madres adolescentes en América Latina y es la única región del mundo donde se registra esto”.

En cuanto a aquellos países que no están en vías de desarrollo y que crecen de manera no sustentable socialmente, y que no generan beneficios para toda la sociedad, el 99% está en América Latina y el que más se aleja de esa curva es Panamá.

El embarazo adolescente está relacionado con la pobreza. Por otra parte, el impacto que tiene la maternidad temprana sobre la participación de las mujeres en el mercado laboral es altísimo porque la mujer permanece más en el hogar y cuando consigue salir se enfrenta al desempleo y gana menos.

“En promedio, en América Latina ganan un 23% menos las madres que han tenido hijos a temprana edad y que trabajan, que las madres adultas. Es decir, dos mujeres de la misma edad, en donde una fue madre a los 16 y otra a los 25”.

Esto también tiene costos para el Estado. “Lo que el Estado pierde en recaudar por esa diferencia de impuestos lo pagaría tranquilamente en programas de embarazo adolescente. Lo que más llama mi atención es que prevenir el embarazo adolescente es relativamente barato para un país, pero se necesita un abordaje multisectorial.

También añadió que los gobiernos no han sido hábiles para detectar este problema, y quienes lo han detectado no han sido hábiles para mostrar las consecuencias e incorporarlo a la agenda.

“No hay prácticamente ninguna inversión que un gobierno pueda dejarle a un país que tenga mayor impacto en la transformación social y en el desarrollo del país que prevenir el embarazo adolescente.

José Manuel Pérez, representante auxiliar de la Unfpa en Panamá, explicó que el enfoque económico en el embarazo adolescente busca elevar la importancia ante los ojos de quienes toman decisiones basadas en factores económicos y ver el verdadero costo de lo que realmente esto representa para el país.

“Cuando el embarazo se da demasiado temprano tiene impactos incalculables, se pierde la etapa de la adolescencia y lamentablemente tenemos niñas teniendo niños”, acotó.

Indicó que las panameñas que fueron madres tempranas enfrentan el doble de desempleo que quienes fueron madres adultas. El resultado es que también se pierde la posibilidad de generar ingresos por $26 millones, debido a ese mayor desempleo.

Pérez añadió que aquellas madres tempranas que consiguen traspasar todos esos obstáculos y acceden al empleo, obtienen remuneraciones en un 39% menor que las mujeres que fueron madres adultas.

El estudio añade que el costo de oportunidad de ingreso laboral vinculado al embarazo en la adolescencia fue de $382 millones en 2019, ya que las madres tempranas ganan, en promedio, $3 mil menos cada año, que quienes postergaron su maternidad hasta la edad adulta.

El informe, que obedece a un estudio que ya se ha realizado en 10 países, hace un balance del efecto en la salud pública. En ese sentido, argumenta que las adolescentes tienen más riesgo de muerte materna y generan más gastos en salud, ya que suelen necesitar mayor atención médica que el resto de las embarazadas. Las muertes maternas en adolescentes generaron un costo social para la economía panameña de $1.05 millones, mientras que los costos asociados a la atención de salud de los embarazos adolescentes fueron de $14.3 millones.

En ese contexto, José Leonardo González, jefe nacional del Programa Materno Infantil de la Caja de Seguro Social (CSS), detalló en un comunicado de prensa que en esta institución de salud se han fortalecido los Servicios de Salud Amigables para Adolescentes, con el objetivo de mejorar los accesos de prevención y promoción, “de hecho, a través de estos servicios se advierte de los riesgos en la ingesta de alcohol y drogas en edades tempranas, lo que puede ser un factor que influya en adelantar la adultez a la adolescencia”, indicó González.

Reconoció que los Servicios de Salud Amigables para Adolescentes ofrecen talleres y brindan información sobre la prevención de los embarazos en adolescentes, sobre todo porque se pudieran incrementar algunas morbilidades o enfermedades, tomando en cuenta que los embarazos precoces incrementan el riesgo de preclamsia, que es causa de muerte en las mujeres.

Al respecto, María Inés Castillo, ministra de Desarrollo Social (Mides), hizo un llamado a no estigmatizar a las madres adolescentes y a brindarles toda la atención social y psicológica que sea necesaria para que puedan culminar con éxito su etapa en el sistema escolar, lo que les permitirá convertirse en mujeres profesionales.

“Más que cifras son personas, es importante visibilizar y trabajar para prevenir el embarazo adolescente, porque esto aumenta la proporción de personas dependientes y excluye a las mujeres del sistema educativo. Dificulta el acceso de las mujeres al mercado laboral y aumenta su carga de trabajo no remunerado, además reduce su capacidad de percibir ingresos”, señaló.

Añadió que “el embarazo adolescente afecta a esa madre para salir del ciclo de la pobreza y además esa madre tiene mayores riesgos de muerte materna, y requiere más atención de los servicios sanitarios que las mujeres adultas”.

“El embarazo en adolescentes no es solo un grave problema de salud pública. Cuando nuestras niñas y adolescentes enfrentan la responsabilidad de ser madres, se atenta contra su desarrollo cronológico y biológico, pero aún más, el ciclo de la pobreza es todavía más difícil de vencer”, subrayó.

De acuerdo con Chris Hoornaert, embajador de la Delegación de la Unión Europea (UE) en la República de Panamá, el programa Eurosocial+ financiado por la UE y, más específicamente, sus áreas de políticas de igualdad de género y políticas sociales brindan apoyo de asistencia técnica al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para garantizar el acceso a la educación y la atención a la salud de las menores embarazadas para mejorar su calidad de vida en Panamá. Para lograr este objetivo, en Panamá se creó la Ley 60 de 2016 que reforma la Ley 29 de 2002 sobre menores embarazadas y dicta otras disposiciones.

Esta ley busca mejorar la calidad de vida e integridad de las adolescentes embarazadas, además de garantizar su permanencia en el sistema educativo por medio de una serie de normas que reconocen los derechos de las menores de edad establecidos en la legislación nacional y convenios internacionales ratificados por Panamá. Además, fija como obligatoria la participación del padre adolescente en los programas materno-infantil como parte de una paternidad responsable a fin de que reconozca que las consecuencias son también de él.

Al respecto, este año se presentó ante la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley que busca reducir los embarazos adolescentes, las enfermedades de transmisión sexual y prevenir los abusos a menores en Panamá. La propuesta de ley plantea que se combatan estos tres problemas mediante la educación, y surge en medio del escándalo de abusos sexuales y maltratos físicos y sicológicos a menores en albergues, instituciones que están supervisadas por el Estado a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).

“Estos tres problemas no son de ahora, sino de hace mucho tiempo. El caso de la Senniaf los sacó a relucir. El proyecto lo que busca es resolverlos por medio de la educación, que es clave en estos aspectos”, explicó a EFE el diputado independiente y proponente del anteproyecto Gabriel Silva.

María Inés Castillo, ministra de Desarrollo Social de Panamá, explicó que se han realizado procesos de consulta con actores públicos, organismos internacionales y académicos a fin de erradicar el embarazo precoz. “Para revertir esta situación y a fin de ampliar las oportunidades, se aprobó la Estrategia nacional e intersectorial para la prevención y atención del embarazo en adolescentes, y el acompañamiento de las madres y los padres adolescentes, que sentará las bases de la nueva política pública dirigida a atender todo lo relacionado a las medidas de prevención”.

Domingo Stanziola, subjefe nacional de Niñez y Adolescencia del Programa Materno Infantil de la CSS, recordó que el embarazo en adolescentes es el resultado de múltiples factores y se hace más evidente en las áreas más pobres del país. “La solución, además de ampliar la cobertura de servicios de salud para adolescentes de calidad (que ofrezcan anticonceptivos, educación para ellos y sus familias), es ofrecer una educación que fomente habilidades y competencias que les permita una mejor inserción en el mercado laboral y oportunidades para el desarrollo económico y social”, expresó Stanziola.