El salario mínimo y lo que no podemos ver

El 15 de diciembre de 2021 la Comisión de Salario Mínimo se reunió para “acordar” el ajuste al salario mínimo para los años 2022-2023. Tomando en consideración las posturas de los representantes de los trabajadores y de las asociaciones empresariales podemos decir con seguridad que no habrá acuerdo y tocará al Gobierno nacional decidir sobre el nuevo salario mínimo. Este escenario lo único que trae es que se politice la decisión y que sea hasta cierto punto clientelista.

El sector empresarial indica que un ajuste en un momento de reactivación económica complicaría la capacidad de contratación y generación de empleo de las empresas, especialmente las pymes. Sumado a esto está la falta de transparencia de la Ampyme en el manejo de capital semilla y fondos para la reactivación de pymes, que son las empresas que mayormente pagan salario mínimo.

El sector trabajador que en la mesa está representado por los sindicatos a través de centrales y federaciones sindicales, indica que el salario mínimo debería ser de $1,500. El trabajador sindicalizado no gana salario mínimo, porque en su gran mayoría ya cuenta con convenios colectivos donde se acuerdan ajustes de salario anuales y otra serie de beneficios económicos que mejoran la situación económica de los trabajadores afiliados a un sindicato.

El gobierno indica que cumple con el Código de Trabajo al establecer la Comisión de Salario mínimo que realizó sus giras en tiempo récord, donde lo único que se ha logrado es crear expectativas y dejar claro que entre los sectores hay diferencias abismales e interpretaciones distintas sobre la realidad económica de Panamá. El Gobierno Nacional no parece estar dispuesto a afrontar el costo político que conllevaría indicar a una parte de la población trabajadora que no habrá aumento de salario mínimo, y frente a la empresa privada es mucho más fácil aguantar las críticas.

Debemos tener claro que un ajuste al salario mínimo no es la solución integral al desempleo (14,5%) o la informalidad (mayor al 50%), tampoco contribuye a solucionar los problemas de desigualdad, la crisis de la CSS, falta de transparencia y pérdida de la confianza en las instituciones públicas. Estos problemas requieren una revisión integral de la legislación laboral:

1. Actualizar el Código de Trabajo a las nuevas tecnologías y tendencias laborales.

2. Fiscalización de las organizaciones sociales de forma que se promueva verdaderamente la participación democrática de los trabajadores.

3. Capacitación de las autoridades de trabajo.

4. Invertir en las instancias judiciales laborales con el fin de reducir la mora judicial y optimizar el proceso de reclamación de derechos laborales de los trabajadores y de los empleadores.

Temas en los que podríamos mejorar la calidad de vida e ingresos de nuestra población trabajadora:

1. Jornadas de trabajo más cortas enfocadas en productividad y calidad de vida.

2. Beneficios laborales enfocados en salud, educación y cultura.

3. Data transparente y accesible para trabajadores, empresarios inversionistas y sindicatos.

4. Beneficios fiscales para la clase trabajadora.

Es preocupante que después de casi dos años hemos decidido como sociedad regresar al statu quo de 2019, no pudiendo aprender de nuestros errores y aciertos en la crisis económica. Panamá no es principiante en una crisis de estas magnitudes, sin embargo parece que estamos en retroceso en vez de avanzar.

Hasta el cierre de esta edición no teníamos información sobre si hubo consenso en la mesa de discusión.