'La educación era la única forma de cambiar mi manera de vivir'

La presión que viven muchos jóvenes por carencias materiales en su entorno y la falta de valores sólidos, les incita a involucrarse en actividades ilícitas. Tal es el caso de Roberto: “Éramos muy inmaduros; no sabíamos tomar decisiones y la presión de personas mayores nos llevó a cometer delitos”, confesó.

Al ingresar al centro de cumplimiento de menores se vio obligado a seguir con estudios académicos porque era un “deber”, sin embargo, al pasar el tiempo, Roberto se percató de que “la educación era la única forma de cambiar su forma de vivir”, relató el chico de 23 años, quien actualmente estudia la licenciatura en edificación.

Durante la estadía en el lugar, Roberto, que pidió mantener en reserva su identidad real, conoció a José Alejandro Rodríguez, quien brinda clases gratuitas de matemáticas. “Él es una excelente persona; un personaje importante para nosotros cuando estábamos allá adentro... nos ayudó bastante en el cambio”.

Rodríguez es el actual coordinador de 'Dame un chance', un proyecto que brinda talleres de inteligencia emocional a jóvenes en conflicto con la ley. Hasta la fecha, el equipo ha brindado clases en el Centro de Custodia Arcoíris, en Tocumen; Centro de Cumplimiento de Las Garzas, Centro Basilio Lakas, en Colón; Centro Aurelio Granados, en Chiriquí; Centro de Custodia y Cumplimiento de Herrera y en el Centro de Custodia y cumplimiento Residencia Femenina.

Según el docente, el país necesita implementar un “enfoque de desarrollo integral al niño en el núcleo familiar y social, donde encuentre amor, refugio y guía”.

“Nosotros debemos hacer lo mejor por nuestros niños. Existen niños que ven a su mamá por primera vez en una cárcel... no es justo para nuestra niñez, y podemos y debemos hacer más por ellos”, remarcó a La Estrella de Panamá.

De acuerdo con el Instituto de Estudios Interdisciplinarios (IEI), hasta el viernes 4 de marzo se registraron 1.078 jóvenes en conflicto.

De esta cifra, 582 están presos y 496 cumplen con sanciones y medidas alternas a la privación de libertad.

De esta cantidad, unos 294 cursan estudios del Ministerio de Educación en los centros de custodia y cumplimiento.

El IEI fue creado por la Ley N° 40 de agosto de 1999 del régimen especial de responsabilidad penal para la adolescencia.

En Panamá, actualmente se registran 19.824 presos adultos en todos los penales; de estos, 12.498 están condenados y 7.326 tienen sus casos en proceso. Hay una sobrepoblación de 5.233 personas en los centros penitenciarios, según las estadísticas del Ministerio de Gobierno (Mingob).

El sociólogo Alonso Ramos explica que la resocialización es un proceso que tiene como objetivo inicial diagnosticar y caracterizar “multidisciplinariamente la socialización anómala que ha propiciado el hecho delictivo del sujeto, para luego elaborar criterios científicos y éticos mediante programas y actividades respetuosas de la esencia humana del detenido, que lo lleven entonces a su progresiva reincorporación a la sociedad como sujeto de derecho”.

Ramos señaló que en el sistema penitenciario panameño, el tratamiento penitenciario debe ser considerado el eje central del mismo según la Ley 55 del 2003. “En términos formales el ideal resocializador, de rehabilitación y reinserción debe ser el objetivo central del sistema, sin embargo, en la práctica ello no ocurre por falta de voluntad política”, critica el especialista en temas educativos.

La Ley 55 de 2003 reorganiza el sistema penitenciario y tipifica en su artículo 6 los principales objetivos de los centros penitenciarios, entre los cuales se mencionan “lograr la resocialización del privado de libertad con base en un adecuado tratamiento penitenciario, el trabajo, la capacitación, la educación y la práctica de valores morales”.

El experto señala que “los programas educativos, sobre todo en los jóvenes, son clave para la futura reinserción de los reclusos al mercado de trabajo, fundamentales para trabajar en los imaginarios de la población convicta en el sentido de que fortalezcan su cohesión con esta sociedad. Nadie nace malo, son los contextos sociales los que inciden en las acciones delictivas”, añade.

“Para no seguir empujando a nuestra juventud a las manos de las organizaciones criminales, hace falta con urgencia un plan de desarrollo nacional sustentado en el bienestar de las personas, con una fuerte inversión social en garantizar que nuestra niñez, y juventud crezcan en familia, con condiciones de vida digna, con educación de calidad y programas instalados en las comunidades para fortalecer las habilidades blandas”, agregó Ramos.

Los programas existen “sin embargo, por temas burocráticos y de la propia debilidad del sistema, pocos acceden a ellos. Lo que debería ser la norma general se convierte en una excepción, y allí esta el problema central. En la práctica, el sistema penitenciario se ha convertido en una maquinaria inquisidora donde los hijos de las familias pobres del país son revictimizados”.

Para el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio Nacional de Abogados, Carlos Herrera Morán, se debe hacer “una transformación de todo el sistema penitenciario tanto de adultos como de adolescentes, y lo más importante es que el gobierno dote con el presupuesto a esos centros penitenciarios”, señaló a este medio el jurista.