El día que el silencio se impuso en Bocas del Toro

Las primeras horas fueron de confusión y miedo. El wifi estaba caído, ningún teléfono tenía tono y la señal de celular parecía que el aire se lo hubiera tragado. “Los revoltosos otra vez tumbaron un árbol y jodieron los cables con la data”, rechistó Marcos, un viejo jubilado que extendía el brazo hacia el cielo fuera de su casa, con la esperanza de captar algún mensaje que respondiera ¿qué rayos estaba pasando?

Cerca de las 8:40 de la noche del viernes 20 de junio, uno a uno fueron colapsando los dispositivos. En Villa Verde, un barrio de clase media trabajadora de Changuinola, un enclave bananero trazado a capricho de transnacionales bananeras y cuyo turno hoy es de la empresa Chiquita Brands, la gente optó por tocarle la puerta a sus vecinos para saber qué pasaba. “Fue el gobierno, nos quieren ocultar lo que va a ocurrir”, reclamaba Agustín, un joven taxista del barrio, mientras intentaba conectarse sin éxito a sus redes sociales.

Los rumores, como eran de esperarse, comenzaron a llenar el vacío informativo cuando se cumplían ya más de 58 días de protestas nacionales contra la Ley 462 que reforma la Caja de Seguro Social. La única certeza: el sonido de disparos de los gases lacrimógenos de los antidisturbios, las balas de goma y la silbatina dejada por la pirotecnia lanzada por manifestantes; explosiones y un estruendo seco que veía del centro de la ciudad. Se trataba del cuartel de la Policía Nacional en la ciudad, donde, según testigos, la fuerza pública se había atrincherado ante cerca de 1.000 manifestantes. Una sinfonía perversa de un conflicto en el que el presidente, José Raúl Mulino, un día antes, en su conferencia semanal, había cerrado la puerta a una salida dialogada a la crisis: “La ley no será revisada”, dijo.

El periodismo también quedó neutralizado por algunas horas. Sin capacidad de confirmar el origen del apagón comunicacional, los únicos tres periodistas que estaban en Changuinola cubriendo el sitio de la ciudad, entre ellos uno de La Estrella de Panamá, nos reagrupamos en un solo lugar. Una antena Starlink, incluida al último minuto en el equipaje gracias a un amigo fotorreportero de EFE, se convirtió en la única posibilidad de contar al país lo que estaba pasando.

Había caído un telón de hierro sobre la provincia de Bocas del Toro. Cerca de las 11 de la noche, los periodistas y vecinos de la cuadra, pegados al Starlink en medio de la calle, no dejábamos de recibir llamadas, a pesar de que el toque de queda obligaba a permanecer encerrado desde la 8 de la noche.

Más temprano ese viernes, desde Presidencia, en cadena nacional, el Gobierno invocó el artículo 55 de la Constitución. Derechos fundamentales como la libertad, movilidad, expresión y reunión quedaron suspendidos. Incluso el habeas corpus, figura jurídica de todo Estado de derecho, fue suspendido, contrario a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En cualquier momento podías ser detenido por el Estado.

Pero los vecinos hicieron caso omiso, muchos ni siquiera sabían que había un toque de queda o que se había establecido el estado de urgencia. Bocas pasaría su primera noche incomunicada y sin garantías constitucionales.

A pesar de que la televisión y la radio continuaron funcionando, la crisis ya había ahondado las brechas de desconfianza de los bocatoreños sobre la cobertura de los medios, que en algunos casos se ha materializado en agresiones contra reporteros panameños. Durante el recorrido por la provincia, La Decana encontró numerosos testimonios de personas molestas por el tratamiento informativo, que consideraban “desbalanceado” y que priorizaba la postura oficial sobre otras voces. “Mientras no tengamos redes sociales, no sabemos realmente qué está pasando”, contó a este medio Octavio, un funcionario de la CSS que se agolpaba en los alrededores de la Escuela Bilingüe de Changuinola, un centro secundario público con “Internet para Todos”, la red gratuita del Gobierno a un costo millonario y en la que apenas podías navegar unos minutos por su inestabilidad. “Tengo dos horas aquí, no consigo mandar un mensaje por Whatsapp, no sé cómo está mi madre en Santiago”, contó una ama de casa que dejó a sus hijos pequeños a cuidado de su vecina para ver si “pescaba” señal.

Los comerciantes de la calle 17 de Abril, en el centro de Changuinola, que empezaron a hacer turnos armados con machetes y pistolas para evitar más vandalismos y saqueos, denunciaron que el apagón dejó sus locales sin acceso a las cámaras de seguridad.

Este medio confirmó que los cajeros de los bancos quedaron fuera de servicio, cuando una semana antes ya era crítico el acceso al dinero en efectivo. Tampoco era posible llamar a los servicios de emergencia ni utilizar los canales de denuncia de la Defensoría del Pueblo. Las oficinas públicas se mantenían cerradas, siendo los fronterizos armados con fusiles y la policía antidisturbios la única presencia visible del Estado en los primeros días de la desconexión.

Este martes, una decena de organizaciones en defensa de la libertad de internet, pidieron restablecerse la conexión de internet, al señalar que este es un derecho humano, reafirmado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

En 2015, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la decisión del gobierno de Ricardo Martinelli de suspender las comunicaciones telefónicas, entonces para el área de Viguí y Horconcitos, provincia de Chiriquí, también en un contexto de protestas en 2012. El pleno de la Corte consideró que la medida implicó restricciones directas a derechos fundamentales como la libertad de expresión e información. Para ese entonces, Mulino fungía como ministro de Seguridad.