21 de Feb de 2020

Planeta

La Constitución más ‘verde’

LONDRES. Ecuador se ha convertido en el primer país del mundo que reconoce en su Constitución derechos inalienables a la naturaleza, co...

LONDRES. Ecuador se ha convertido en el primer país del mundo que reconoce en su Constitución derechos inalienables a la naturaleza, convirtiéndola de esta manera en sujeto de derecho.

La nueva Carta Magna ecuatoriana, aprobada en referendo hace 10 días, está inspirada en la filosofía del “buen vivir”, que promueve la convivencia en armonía con la naturaleza o Pacha Mama, mediante el cuidado de la biodiversidad, de los recursos naturales, de la biósfera y del patrimonio natural. Pero el texto constitucional va un paso más allá y consagra uno de sus capítulos a otorgar a la naturaleza derechos exigibles jurídicamente. “La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos”, reza el artículo 71 de la Constitución, incluido en el capítulo denominado “Derechos de la naturaleza”.

Tras conocerse la intención de consagrar derechos a la naturaleza en uno de los países más biodiversos del mundo, que cuenta con ecosistemas únicos como la selva amazónica o el archipiélago de las Galápagos, surgieron dudas. ¿Puede la naturaleza tener derechos? ¿Quien va reclamarlos? ¿Dónde se van a procesar los reclamos?

“JUSTICIA AMBIENTAL”

“En realidad lo que se quería era hacer justicia a la naturaleza y reconocer que si la justicia social fue en el siglo XX el eje de las luchas, la justicia ambiental va a serlo en el siglo XXI”, explicó Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea Constituyente y uno de los impulsores de los derechos de la naturaleza. Según Acosta, el objetivo era “buscar un mecanismo para proteger a la naturaleza y abrir la puerta a un nuevo régimen de desarrollo en Ecuador”. En cuanto a la manera en que esos derechos podrán ser ejercidos, Acosta recuerda que la Constitución otorga a “todos” la potestad de “exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza”.