Se agrava conflicto AMP-OPC

PANAMÁ. El conflicto para deslindar responsabilidades por el caso de las descargas de sustancias oleosas en una quebrada de Corozal pica y se extiende.

La empresa Ocean Pollution Control (OPC) aseguró haber solicitado una inspección para levantar un informe técnico del área. “Desde el jueves pasado la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) levanta pruebas del área de forma ilegítima, ya que no permiten el acceso de la empresa al sitio” afirmó Daika Levi, abogada de OPC.

Por su parte, Carlota Matos Alvarado, directora de Asesoría Legal de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), expresó que la investigación de los peritos será quien determine el grado de contaminación que existe en el área.

La funcionaria asegura haber encontrado a funcionarios de OPC vertiendo las sustancias.

Sin embargo, la empresa niega el hecho. “No es cierto que el personal fuese

sorprendido vertiendo aceite”, afirmó un comunicado.

TERRENOS DEL ESTADO

En medio de la pugna surge un nuevo elemento. Ulises Barrera, subdirector de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (antigua ARI), afirmó que los terrenos donde se vertieron los contaminantes pertenecen al Estado.

El funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) afirmó que OPC no tenía permisos para vertir sustancias en esta zona, que alcanza unas cinco hectáreas, tiene un costo aproximado de seis millones de dólares.

Además, el hecho desmejora el valor de los terrenos y priva al Estado de poder licitarlos hasta tanto no estén descontaminados puntualizó Barrera.

Ayer, la Fiscalía Décimo Primera, especializada en delitos contra el ambiente y peritos de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) tomó muestras de suelo, subsuelo y agua indicó Jair Urriola, asesor legal de ANAM.

LAS SANCIONES

El funcionario de ANAM informó que si se comprueba la falta administrativa a las disposiciones del ANAM la empresa puede enfrentar una sanción hasta de un millón de dólares.

Pero, si la entidad considera que la pena debe ser mayor, el administrador de ANAM, Javier Arias, puede convocar al Consejo Nacional de Ambiente para aplicar penas hasta de diez millones de dólares.

Mientras que el Ministerio Público será el encargado de determinar las sanción penal si se comprueba el delito ecológico. El proceso conlleva la recopilación de pruebas, el levantamiento del expediente y si existe méritos puede dar lugar a la apertura de un proceso penal.