Alertan sobre el avance de la deforestación en Argentina

Ambientalistas de Argentina lanzaron una alerta sobre el avance de la desforestación, en particular en la norteña provincia de Salta, cuyas autoridades, sin embargo, aseguran que castigan la tala ilegal y que los desmontes que autorizan se ajustan a las normas.

El país suramericano aprobó a finales de 2007 una ley nacional para proteger los bosques nativos frente al avance de la frontera agropecuaria, pero la norma no ha impedido que, según datos de Greenpeace, cada año se desforesten unas 250 mil hectáreas, apenas un 20 % menos que antes de la ley.

Varias agrupaciones ambientalistas han centrado su preocupación en Salta, por cuyo territorio se extiende buena parte del bosque chaqueño, rico en biodiversidad y considerado la segunda mayor región boscosa de Suramérica después de la Amazonía. Según un informe de Greenpeace, que monitorea la región con imágenes de satélite y vuelos, desde la aprobación de la ley y hasta mayo pasado se perdieron en Salta 400 mil hectáreas de bosques, de las cuales 120 mil fueron desmontadas por cambios de categorías autorizados por la provincia. La ley nacional ordenó a las provincias dividir sus bosques en áreas verdes, donde se permite la explotación agraria, amarillas, donde solo actividades rurales de bajo impacto son permitidas, y rojas, donde no se puede cortar un árbol.

‘En Salta hay una doble violación de la ley porque no solo hay empresarios que desforestan sin que los vean, sino que además el propio Estado provincial hace cambios de zonificación de modo sistemático y en una cantidad tan grande que ya no es una excepción sino la regla’, dijo a EFE Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.

Los cambios de categoría se hacen en virtud de dos decretos que reglamentan la ley provincial de adhesión a la norma nacional, resoluciones que los ambientalistas tachan de ‘ilegales’ y que para el Gobierno salteño se ajustan a derecho.

Según los ambientalistas, la ley permite hacer cambios de categorías cada cinco años como mínimo y, si se hacen ajustes, deben ser mínimos y excepcionales.