Un llamado al sector privado y al Estado en materia alimentaria

El coordinador subregional de la FAO para Mesoamérica, Adoniram Sanches Peraci, afirma que las empresas del sector privado tienen una influencia enorme sobre los sistemas alimentarios y el acceso de las personas a una alimentación asequible y sana, es por ello que invita a que imiten a Chile, primer país de la región que elaboró una Ley de Alimentos, que entró en vigencia el 27 de junio de 2016, como una respuesta del Estado para proteger la salud de la población ante las alarmantes cifras de obesidad y enfermedades no transmisibles derivadas de una mala alimentación.

“Chile es uno de los países de la región con mayor proporción de población con sobrepeso y obesidad entre niños y adultos”, agrega.

En 2009-2010, más del 60% de la población de 15 a 64 años de edad tenía sobrepeso o era obesa. El problema es aún más grave entre la población con menos años de educación y con ingresos bajos y medios. El incremento de la proporción de sobrepeso y obesidad ha sido sumamente rápido, ya que en 1987, el 7% de los escolares de primer año básico (primaria) se consideraban obesos, mientras que, en 2016, esa cifra alcanzó el 24.6%.

Esta es la primera ley en el mundo que regula simultánea e integradamente tres medidas que contribuyen a disminuir la obesidad y aumentar el consumo de alimentos saludables: el etiquetado frontal de advertencia; las restricciones a la publicidad dirigida a menores de 14 años de edad y la prohibición del expendio de alimentos en las escuelas y sus entornos. Estas tres medidas regulatorias son recomendadas por la FAO y la OPS/OMS para prevenir el sobrepeso y la obesidad entre los niños (14).

La ley se aplica de manera uniforme a las tres medidas regulatorias, de modo que ningún producto que lleve una etiqueta de advertencia frontal por exceder los límites máximos de ingredientes críticos permitidos por la normativa puede ser objeto de publicidad dirigida a menores de 14 años de edad ni venderse o promocionarse en entornos escolares. Los límites fueron establecidos por 100 gramos para los sólidos y 100 mililitros para los líquidos, con el fin de evitar confusiones que se podrían generar si se hubiesen establecido límites por porción o tipo de producto.

Esta ley constituye parte de una política integral para combatir la obesidad, que incluye acciones de promoción, educación, programas de atención primaria y otras medidas de salud pública.

Con esta norma, Chile se instala como un país pionero en el mundo en materia de promoción de alimentos saludables, contando con una de las políticas de nutrición más importantes de los últimos 50 años. Esta iniciativa sólo es comparable con lo que fueron en su momento las exitosas políticas para combatir la desnutrición.

Esta ley responde a las recomendaciones de organismos internacionales, tales como OMS y OECD, que instan a los Estados a realizar acciones costo efectivas para enfrentar el problema de la obesidad, entre ellas destacamos:

“Esta ley ayuda a los consumidores a tomar decisiones de compra informada, por medio de un etiquetado frontal. Además de fortalecer la regulación sobre la publicidad de alimentos y en apoyar las iniciativas de promoción de salud en los establecimientos educacionales”, comenta Sanches.