'Las industrias de alimentos se preocupan más por la duración de sus productos que por la salud de sus consumidores'

En la región de las Américas se ha vivido un rápido proceso de transición alimentaria con un marcado aumento en el consumo de productos comestibles procesados y ultraprocesados. Estos se caracterizan por una alta carga energética, pero con baja densidad de nutrientes y, en su mayoría, ricos en azúcares libres, sodio y grasas, elementos que, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), son consumidos en exceso y son perjudiciales para la salud por su relación con la presencia de enfermedades crónicas como diabetes y dolencias cardiovasculares.

Carissa Etienne, directora de la OPS, afirma que alrededor de 60% de la población de la región presenta problemas de exceso de peso, con una prevalencia de obesidad alarmante, la más alta del mundo.

Panamá no escapa de esa alarmante realidad. Datos del Censo de Salud Preventiva indican que un 46% de la población panameña que supera los 40 años padece algún grado de sobrepeso u obesidad. Mientras que 1 de cada 10 niños menores de 5 años y 3 de cada 10 niños y adolescentes presentan exceso de peso, lo cual se duplica en la vida adulta.

Estudios han demostrado que el riesgo de llegar a ser obeso cuando los miembros de la familia presentan esta condición es de 27.5% para el varón y del 21.2% para la mujer.

Ante estas cifras en el país y consciente de la necesidad de proteger a los consumidores y las prácticas equitativas en el comercio alimentario panameño, la diputada suplente Yaidelis González Fuentes presentó recientemente ante el Pleno legislativo el anteproyecto de ley “de etiquetado frontal de advertencia nutricional”, ya que las industrias y fabricantes de alimentos cometen el grave error de preocuparse por la duración de sus productos y no por la salud de sus consumidores.

González señaló que el etiquetado frontal de advertencia nutricional en los envases y empaques de los productos alimenticios procesados y preenvasados serán en forma de hexágono por cada valor alto que contenga el alimento, por ejemplo, “alto en calorías”, “alto en sodio”, “contiene cafeína”, son algunas de las advertencias que se deberán colocar.

“Lo que se busca es que el consumidor sepa lo que va a consumir”, explicó la diputada suplente ante el Pleno.

A su vez, resaltó que en 2017 hubo más de 20,000 muertes en Panamá y el 42% de ellas se debe a enfermedades no transmisibles como hipertensión, diabetes y enfermedades del corazón, cáncer, las cuales se pueden prevenir si la población lleva una buena alimentación, aseveró González y, alegó que “uno de cada tres niños muere por malnutrición, la cual se define como el déficit o exceso de energía por alimentos que no aportan nutrientes, condenando el potencial humano y afectando el desarrollo físico y cognitivo”.

“No solamente se afecta la salud de nuestra población, sino que también estas afectaciones repercuten en las finanzas del Estado. Países como Chile, Perú, Ecuador y Uruguay han implementado leyes de etiquetado de alimentos que le permiten a los consumidores tomar mejores decisiones al momento de la compra”, zanjó González.

El informe 'Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional 2019' de las Naciones Unidas advierte de que la prevalencia de la obesidad en adultos en América Latina y el Caribe se ha triplicado desde los niveles que había en 1975 al punto que hoy uno de cada cuatro adultos vive con obesidad, en una región donde el hambre ha vuelto a crecer y afecta a 42.5 millones de personas.

Mientras que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización Mundial de la Salud (OMS), OPS, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (WFP), pidieron acciones urgentes a los países para enfrentar el aumento de la malnutrición en la región.

El documento destaca la necesidad de promover entornos alimentarios más saludables mediante impuestos e incentivos fiscales que favorezcan una alimentación adecuada, sistemas de protección social, programas de alimentación escolar y la regulación de la publicidad y de la comercialización de alimentos.

Las agencias también subrayan la importancia de mejorar el etiquetado de alimentos con sistemas de advertencia nutricional frontal, asegurar la inocuidad y calidad de los alimentos que se comercializan en la calle, y reformular la composición de ciertos productos para garantizar su aporte nutricional.

“El explosivo aumento de la obesidad —que afecta al 24% de la población regional, unos 105 millones de personas, prácticamente el doble del nivel global de 13.2%– no sólo tiene enormes costos económicos, sino que amenaza la vida de cientos de miles de personas”, explicó el representante regional de la FAO, Julio Berdegué.

“La alimentación inadecuada está asociada con más muertes que cualquier otro factor de riesgo, algo que amenaza a nuestras futuras generaciones, ya que la obesidad —tanto en la niñez como en la adolescencia— se ha triplicado entre 1990 y 2016. Debemos actuar ahora para revertir esta tendencia y evitar que los niños sufran las consecuencias de la mala alimentación en su salud y en su calidad de vida futura”, sostuvo Etienne.

La directora de la OPS agregó que “para lograrlo, necesitamos del compromiso de toda la sociedad y de políticas públicas que regulen los productos alimenticios malsanos, creen entornos propicios para la actividad física y promuevan la alimentación saludable en la escuela y en la mesa familiar”.

“La región está peor que el resto del mundo en la mayoría de los indicadores de malnutrición relacionados a la ingesta excesiva de calorías: el sobrepeso se ha duplicado desde la década de los setentas, y afecta hoy al 59.5% de los adultos en la región, 262 millones de personas, mientras que a nivel global la tasa es 20 puntos porcentuales menor: 39.1%”, dijo Etienne.

“En América Latina y el Caribe, demasiados niños y niñas comen muy poca comida saludable y demasiada comida procesada”, dijo Bernt Aasen, director regional de Unicef para América Latina y el Caribe.

“Casi 1 de cada 5 niños y niñas menores de 5 años están desnutridos o tiene sobrepeso, lo que les impide crecer bien. Es una tarea de todos que la comida saludable esté disponible y sea asequible para todas las familias, especialmente las más vulnerables”, expresó.

Las ventas de productos ultraprocesados son las que más crecen en América Latina, lo que incrementa la exposición de la población a cantidades excesivas de azúcar, sodio y grasas: entre el 2000 y 2013, el consumo de productos ultraprocesados creció más de 25%, y el consumo de comida rápida creció casi un 40%.

Mientras que la expansión de las cadenas de supermercados y la preponderancia que han tomado las grandes industrias procesadoras de alimentos es otro gran cambio que ha experimentado el entorno alimentario regional, el cual ha hecho que los productos ultraprocesados estén disponibles en todas partes, y a menores precios que la comida nutritiva. Los pobres son quienes más han sufrido producto de estos cambios, ya que hoy para este grupo de población puede resultar más caro comer sano que comer mal.

Para Miguel Barreto, director regional del WFP, los programas de protección social, alimentación escolar, los sistemas públicos de abastecimiento y comercialización de alimentos y las políticas que promueven la inocuidad y calidad de los alimentos son fundamentales para mejorar la nutrición.

“Si expandimos los programas de protección social en nuestra región, enfrentaríamos mejor la doble carga que el hambre y la obesidad representan para comunidades y familias”, enfatizó