Delito en fichaje de Neymar

BARCELONA. La justicia española dijo que ve indicios de delito en el fichaje de la estrella brasileña del Barcelona Neymar y requirió al propio jugador, la FIFA, el Santos de Brasil y el club catalán todos los informes de su contratación.

En un auto de 10 páginas hecho público el miércoles, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz decidió finalmente abrir una investigación judicial formal sobre la denuncia presentada por un socio del Barsa contra su presidente Sandro Rosell.

Ruz exigió a la FIFA y el Santos _club de origen del futbolista_ toda la memoria económica del traspaso de Neymar que obre en su poder.

También pidió al Barsa los contratos que justifiquen sendas cláusulas de 17 millones de euros (23 millones de dólares) recogidas en el fichaje, que, por un lado, daban derechos al Barsa sobre tres juveniles del Santos y, por otro, comprometían la celebración de dos partidos amistosos entre los clubes.

Finalmente, el magistrado requirió a Neymar el contrato que firmó con una sociedad llamada ‘N&N’ (Neymar y Neymar), que la justicia cree pertenece al padre del jugador y que gestiona parte de sus derechos de imagen.

El juez cree que los documentos de esta sociedad apuntan a ‘una simulación contractual presuntamente llevada a cabo entre los firmantes de los acuerdos’.

En su momento, el Barcelona cifró en 57.1 millones de euros (74 millones de dólares) el coste de la operación. Y admitió que el dinero se repartió entre el Santos y las empresas DIS, TEISA, N&N. Con todas ellas se acordaron cláusulas de confidencialidad para no revelar las cantidades pagadas a cada una.

Pero según el denunciante, el socio Jordi Cases, el precio real del traspaso rozó los 95 millones de euros (128.8 millones dólares) por jugosas comisiones repartidas entre las partes.

En ese sentido, Ruz consideró en su escrito que Rosell pudo cometer un delito de apropiación indebida por ‘distracción’. Es decir, que los contratos firmados entre Neymar y el Barcelona ‘no responden a lo indicado en los mismos’. Este tipo de delito, penado con entre uno y seis años de cárcel, no acusa al implicado de quedarse con parte de ese dinero ilegalmente, sino que castiga una administración desleal.

Rosell ha defendido en reiteradas ocasiones la escrupulosa legalidad de la contratación. El presidente barcelonista pidió incluso declarar voluntariamente. Pero de momento, el juez no lo considera necesario.