23 de Feb de 2020

Economía

Artesanos reciben beneficio fiscal

PANAMÁ. Con el reconocimiento de la artesanía como una actividad económica, que permite la producción y comercialización del material qu...

PANAMÁ. Con el reconocimiento de la artesanía como una actividad económica, que permite la producción y comercialización del material que produce, ha quedado debidamente vigente desde el lunes último la Ley General de la Artesanía Nacional.

Se trata del primer documento que establece el régimen jurídico para el desarrollo de la artesanía en el país, definiendo mecanismos para impulsar la actividad a nivel nacional e internacional.

A través de la norma, se crea el Registro Nacional de Artesanos, en el cual todos los productores del sector estarán amparados por los beneficios de la actividad, a través de la Dirección General de Artesanías Nacionales del ministerio de Comercio e Industrias.

INCENTIVOS

Una vez registrados, los artesanos, organizaciones y empresas artesanales gozarán de una serie de beneficios fiscales, que incluyen la exoneración del impuesto de transferencia de bienes corporales muebles y la prestación de servicios, en la compra de equipos auxiliares, accesorios, herramientas, repuestos nuevos y materias primas necesarias para la producción artesanal.

De igual forma, recibirán el 100% de exoneración del timbre fiscal y el 100% de exoneración del impuesto de importación, para maquinarias, equipos auxiliares, accesorios, herramientas y otros, siempre y cuando, no se produzcan en el territorio nacional.

PASO CONCRETO

El viceministro de Comercio e Industrias, Ricardo Quijano, señaló que a partir de esta ley, el artesano registrado podrá acceder voluntariamente al régimen de seguridad social, bajo una cotización mínima.

De igual forma, indicó Quijano, la norma señala que los patronatos y directivos de ferias regionales y provinciales deberán dar preferencia al artesano nacional, respecto a ubicación y locales para la venta y promoción de sus productos.

Se establecen, además, sanciones de entre 500 a 10 mil dólares a quienes infrinjan la ley en venta de artesanías y artículos promocionales de origen extranjero, haciéndolos pasar por producidos en el país, sin las certificaciones de autenticidad.