Tropiezos en la licitación del Astillero de Balboa

PANAMÁ. La concesión por 20 años para la operación del Astillero de Balboa ha empezado a complicarse.

En el proceso de licitación participan al menos seis empresas que no habían mostrado ningún interés antes en el proyecto que, según los entendidos, podría representar ingresos por 50 millones de dólares al año.

Un reclamo originado en un error de 54.71 dólares mantiene el acto congelado y la sombra de un conflicto de interés rodea la participación de uno de los cuatro consorcios.

LOS AUSENTES

En la reunión de homologación previa estuvieron presentes Marine Engineers Corporation, MEC; International Bussines and Trade, IBT y Talleres Industriales.

Estas empresas se convirtieron en los consorcios MEC Pacific Dry Docks (IBT y MEC) y Talleres Dry Docks (Talleres Industriales y Talleres Industriales Panamá S.A.)

Otras seis empresas vinculadas en los consorcios Panama Dry Docks y ASTIPAC se vincularon con el proceso el 6 de marzo de 2012, el día de la licitación.

Lo curioso de todo el caso es que, de acuerdo a la Ley 22 de Contrataciones Públicas y el propio pliego de cargos de la licitación, la homologación e inspección del sitio son ‘obligatorias’.

Entonces, ¿cómo podrían participar estas empresas en el acto de licitación? La respuesta, al parecer, está anclada en un asunto de interpretación de la ley. ‘No, las empresas no están obligadas a participar, somos nosotros la AMP (Autoridad Marítima de Panamá), los que tenemos la obligación de celebrar estos actos’, explica Valerio Ábrego, jefe de Relaciones Públicas en esa institución.

Ábrego se sustenta en que a pesar de que se habla de obligatoriedad de las reuniones, no se especifica que las empresas tengan que estar presentes. No obstante, quien esté interesado en un contrato de 19.8 millones de dólares debería interesarse también en estar presente cuando se definen las reglas del juego. Curiosamente, en este caso no. El 60% de los interesados ni se tomaron la molestia de visitar el área que pretenden administrar.

EL CONFLICTO DE INTERÉS

En la licitación participa MEC Pacific Dry Docks, una empresa en la que Marvin Castillo, es el mananging director. Se trata de una pujante compañía local familiar del sector marítimo en la que Castillo era, hasta mayo del 2011, parte de los dignatarios. En ese momento se separó de las participaciones accionarias de la compañía, ‘mi familia puso su patrimonio con el fin de poder comprar el Astillero Veracruz, y a cambio se pasaron las acciones al patrimonio de mi madre y hermanos, quedándome yo con la empresa de Buceo, la de Ship Chandler y la Gerencia de MEC’, explicó Castillo al ser preguntado sobre los intereses encontrados en el proceso.

Pero el 2011 fue un año de renuncias para Castillo, también debió dejar su cargo como miembro de la Junta Directiva de la AMP, por su interés en participar en la licitación del astillero. ‘La mujer del César no solo debe serlo, sino parecerlo’, dijo cuando aseguró que había renunciado a la AMP en noviembre.

El problema es que nadie ha oficializado esa renuncia. El nombre de Marvin Castillo sigue apareciendo en la página web de la AMP como miembro de la directiva. No hay ninguna resolución de la Junta Directiva de la AMP, sobre Marvin Castillo, entre el 1 de noviembre de 2011 y el 8 de marzo de 2012, publicada en Gaceta Oficial. Tampoco en la Comisión de Credenciales de la Asamblea hay alguna comunicación oficial sobre el asunto.

Un vacío sobre el tema que trasciende los muros de la propia AMP, pues ahí dentro tampoco pudieron mostrar la carta de renuncia de Castillo, y nadie recordó con precisión la fecha en la que fue presentada. ‘Creo que fue diciembre’, mencionó Ábrego.

Lo cierto es que Castillo anunció en los medios el 22 de noviembre de 2011 que renunciaría. Si tomamos esa fecha como referente, encontraremos que estaba en la Junta Directiva del 17 de noviembre cuando se aprobó la resolución JD- 023-2011, que abrió el proceso de licitación.

Sin lugar a dudas estaba también en todas las reuniones de Junta Directiva que durante meses prepararon el proceso de licitación del Astillero. ‘Fueron 8 meses o más de trabajo’, dijo Ábrego refiriéndose al tiempo que le dedicó la AMP a esta licitación. ‘Este es uno de los activos más importantes de este tipo en el Pacífico’, dijo Ábrego para demostrar la dedicación e importancia que tiene el astillero para la AMP.

¿Cómo logró Castillo divorciarse durante ese tiempo de sus intereses como destacado empresario del sector marítimo y actuar solo como directivo de la AMP? No sabemos la respuesta, pero con su renuncia de noviembre revela que nunca los abandonó.

El propio Pliego de Cargos de la licitación establece que ningún interesado en la concesión podrá haber tenido relación directa o indirecta con la AMP en los últimos 5 años. (Ver ilustración).

UNA FALTA GRAVE

Para la abogada Idalia Pérez, del Movimiento Democracia, Justicia y Libertad, el conflicto es evidente.

‘Hay normas claras en prohibir a los servidores públicos, ya sea de manera directa o indirecta, participar en licitaciones públicas o en contrataciones directas, que lleve a cabo las instituciones donde laboran’.

Siendo así, que un miembro de la Junta Directiva de una entidad estatal participe en un acto público de la institución a la que está vinculado, es evidente que ha infringido estas normas.

IRMA RODRÍGUEZ/ ESPECIAL PARA LE