Los efectos de las restricciones

BUENOS AIRES. Un año después de que Argentina impusiera restricciones a la compra de dólares, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no tiene resultados que mostrar en relación con sus intentos de preservar las reservas en moneda extranjera del país.

Las reservas del banco central, que Fernández ha usado para pagar deuda en los últimos tres años, han caído 4.6%, a $45,300 millones, desde el 31 de octubre de 2011, cuando Argentina empezó a exigir a particulares y empresas que obtuvieran la aprobación del organismo impositivo nacional para comprar moneda extranjera. Las reservas de Brasil crecieron 7%, a $378,000 millones, mientras que las de México aumentaron 15%, a $161,000 millones.

Si bien Fernández dijo que las limitaciones, así como la nacionalización de YPF SA, eran necesarias para elevar el superávit comercial, las medidas han reducido la inversión, provocado la mayor caída de los bonos gubernamentales entre los mercados emergentes y generado reducciones de calificación.

Un dictamen judicial de los Estados Unidos del 26 de octubre que exige que Argentina pague a los acreedores que no aceptaron la reestructuración de la deuda podría reducir aun más las reservas, dado que los reclamos derivados de su impago de 2001 podrían superar los $11,000 millones. Los costos crediticios de Argentina de 13.14% son de más del doble del promedio para los países en vías de desarrollo.

‘El nivel de reservas es el barómetro que tienen los tenedores de bonos y son la variable más importante para la estabilidad de Argentina’, dijo Alberto Bernal, jefe de análisis de renta fija de Bulltick Capital Markets, por teléfono desde Miami. ‘Los rendimientos de la deuda argentina reflejan esos temores’.

Eduardo De Simone, un vocero del banco central, se negó a hacer declaraciones sobre el dictamen estadounidense y la posible caída de las reservas. La oficina de prensa del Ministerio de Economía no devolvió llamados telefónicos ni correos electrónicos en los que se le solicitaban declaraciones.

El dictamen judicial, que estableció que el gobierno argentino no puede hacer pagos a sus actuales tenedores de bonos al tiempo que se niega a pagar a los tenedores de bonos impagos, podría contribuir a que los acreedores que se mantuvieron al margen de las ofertas de reestructuración del país cobraran unos $1,330 millones en capital e intereses.

Los acreedores tenían unos $6,600 millones en capital de deuda impaga a fines del año pasado, según el Ministerio de Economía. Con intereses vencidos de $4,600 millones, Argentina podría terminar por recibir reclamos de $11,200 millones, alrededor de la cuarta parte de las reservas del país. Las reservas de Argentina han declinado desde que tocaron su punto más alto –$52,600 millones— el 26 de enero de 2011.

El Senado aprobó el 1 de noviembre la ley de presupuesto 2013 que permite al gobierno usar unos $8,000 millones de las reservas para pagar deuda.