Sobornos en el ojo de la OCDE

Actualizado
  • 09/01/2013 01:00
Creado
  • 09/01/2013 01:00
PARÍS. La OCDE manifestó su inquietud por el escaso alcance de las medidas judiciales tomadas por las autoridades españolas contra los s...

PARÍS. La OCDE manifestó su inquietud por el escaso alcance de las medidas judiciales tomadas por las autoridades españolas contra los sobornos de funcionarios extranjeros, en un informe publicado este martes.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con sede en París, destacó que desde que España reformó su Código Penal hace 13 años para combatir eficazmente la corrupción de agentes públicos extranjeros, sólo se han abierto siete investigaciones, que no dieron lugar a procesos ni a condenas. Los inspectores de la organización afirmaron haber identificado cinco casos más, uno de ellos en Panamá y otro en El Salvador, en los que hubo indicios de un presunto delito de soborno y que ni siquiera se tradujeron en la apertura de una investigación.

‘Los examinadores están seriamente preocupados por que ninguna de las poquísimas investigaciones abiertas por soborno de agentes extranjeros (...) haya dado lugar a procesos o condenas, y por el hecho de que una de las causas sea la falta de comunicación entre las autoridades competentes’, escribe la OCDE en su informe. Entre las siete investigaciones abiertas, el texto destaca una en Costa Rica en la que una empresa española habría pagado entre 2002 y 2005 unos $100,000 a un funcionario para obtener un contrato de construcción de una red de cableado eléctrico subterráneo, de un valor de $55 millones.

La investigación abierta en 2008, detalla el informe, fue cerrada por considerarse que al cabo de tres años los hechos habían prescrito. Los inspectores se manifestaron ‘particularmente alarmados por el escaso número de investigaciones por soborno de agentes extranjeros dado el tamaño de la economía española y sus importantes actividades comerciales exteriores, incluyendo sectores y países de alto riesgo’. El texto publicado este martes es el tercer informe sobre los avances de España en la aplicación del Convenio de Lucha contra la Corrupción de Agentes Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales, adoptado por la OCDE y ratificado por Madrid.

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