Institucionalidad incluyente: la clave para combatir la pobreza

PANAMÁ. Recientemente el Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó el dinámico crecimiento de la economía panameña. Sin embargo, también resaltó la necesidad de establecer un modelo más incluyente a través del mejoramiento de la educación. Es precisamente en referencia a este concepto, ‘economía incluyente’, que se elabora el presente artículo.

Daron Acemoglu, profesor de economía del Massachusetts Institute of Technology (MIT), recientemente publicó la obra Why Nations Fail (¿Por qué fracasan las Naciones?) que se centra en los antecedentes, evolución e implicaciones de lo que él define como modelos institucionales incluyentes versus modelos extractivos.

El libro plantea que los países que han logrado el desarrollo lo han hecho a través precisamente de instituciones incluyentes, en tanto que los subdesarrollados presentan ese estatus debido a la vigencia principalmente de instituciones que podríamos denominar extractivas.

Para el autor una institución incluyente típicamente comprende mecanismos que promueven la participación de los ciudadanos o agentes para que hagan uso libre de sus mejores talentos. Igualmente incluye la libre entrada y salida de agentes económicos al mercado.

Algunos componentes característicos de estos sistemas incluyen seguridad jurídica, estado de derecho así como la provisión de servicios públicos de calidad. Las excluyentes por el contrario se fundamentan en instituciones políticas y económicas que tienen como fin transferir bienestar e ingresos de un sector a otro.

ORÍGENES

Los orígenes de estos dos modelos se remontan en algunos casos a los periodos coloniales. Por ejemplo, las instituciones incluyentes se vinculan a la llegada de los pioneros ingleses a las costas del noreste americano alrededor del año 1608.

Si bien había la presencia de población indígena allí, ésta resultó dispersa y difícil de someter.

Los gobernados tenían, sin embargo, la alternativa de emigrar a otras tierras distantes en busca de su libertad y supervivencia, lo cual motivó que finalmente se estableciera una relación de poder equilibrada entre gobernantes y gobernados. Esto propició la instauración de normas que incentivaban de manera más proporcional la explotación de la tierra, incluso brindando a los colonizadores titularidad o derechos sobre esta.

No es casual, entonces, que este concepto de equilibrio de poder encuentre un lugar prominente en las cartas c onstitutivas de los países desarrollados y que se promuevan instituciones que velen por el correcto y cabal cumplimento de dicho principio.

Este proceso contrastó con el que se gestó años antes en la colonia hispanoamericana a partir de 1492. Una de las principales características estribaba quizá en la alta concentración poblacional de indígenas, y la abundante presencia de metales preciosos, lo cual condujo a que se estableciera un modelo extractivo basado en explotación del recurso local, incluyendo la mano de obra.

EL CASO DE PANAMÁ

Desafortunadamente, a nuestro juicio, en el caso de Panamá si bien el país presenta en general una economía basada en la libre competencia y el derecho a la propiedad privada, igualmente presenta un conjunto de rasgos que podrían recaer bajo lo que se define como modelos extractivos.

Es un hecho reconocido, por ejemplo, que la educación y la salud pública en Panamá, a pesar de recientes avances, presentan aún serias fallas. De hecho su defectuoso funcionamiento supone transferencias millonarias por vía de impuestos y transferencias que se extraen a los contribuyentes con el agravante de que dichos recursos no benefician con la eficiencia y eficacia que deberían a la población más necesitada.

Otro ejemplo sería el sector agrícola el cual está altamente protegido lo cual genera transferencias de bienestar o riqueza de los consumidores hacia un sector que genera productos que presentan comparativamente inferior calidad y precios no competitivos.

Si bien Acemoglu plantea que la orientación de las instituciones —bien sean estas incluyente o excluyentes— en ocasiones tiene su génesis en hechos históricos, no resulta inexorable la posibilidad de cambiarlas.

En el caso específico de Panamá consideramos que algunos de los puntos pivotales para esa evolución comprendería sobre todo el reforzamiento de aspectos como el Estado de derecho, la representatividad política, la separación de los poderes, así como el funcionamiento eficaz e imparcial de su sistema judicial y en un mejoramiento sostenido de la calidad y pertinencia de la educación a todos los niveles desde parvulario a la técnica y universitaria. Todo ello indefectiblemente redundaría en pro de un modelo de sociedad más plural donde se vea mejor representado el interés de los excluidos.

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