Millones de dólares en subsidios caen en un saco roto

El Estado invierte al año $400 millones en subsidios para reducir el índice de pobreza en que vive un cuarto de la población del país.

La distribución de estos recursos con fines políticos reduce su efectividad y aumenta el clientelismo de los gobiernos.

Expertos y funcionarios coinciden en que el problema no es nuevo. La historia se repite cada cinco años con cada cambio de gobierno, que continúa e incluso amplía los planes de subvenciones, pero no los focaliza.

El inicio de la era de subsidios arrancó con el gobierno de Martín Torrijos (2004-2009). La ‘Red de Oportunidades’, una estrategia para insertar a las familias en situación de pobreza en la dinámica del desarrollo social, otorgándoles transferencias bimensuales de $100, y el Plan para Seguridad Alimentaria y de Nutricional (Senapan), que busca reducir la desnutrición a través de bonos de alimentos de $100 bimensuales, fueron los programas insignia para el combate de la pobreza.

Paulatinamente, han aumentado, convirtiéndose en una pesada carga para las finanzas estatales que no produce resultados porque la desigualdad social persiste como una enfermedad que no tiene cura, señaló el economista Juan Jované.

Al llegar Ricardo Martinelli (2009-2014), se crearon tres nuevos subsidios: la ‘Beca universal’, para reducir la deserción escolar, que entrega $20 mensuales a cada estudiante; ‘100 a los 70’, para proteger a los ancianos de los riesgos sociales y ‘Ángel guardián’, que ofrece $160 bimensuales a personas con discapacidad.

EN ESPIRAL

La llegada de Juan Carlos Varela a la Presidencia (2014) no hizo la diferencia. El nuevo mandatario aumentó la ‘Beca universal’ a $270 para las escuelas primarias, $360 para la premedia y $450 para la educación media. Además, cumplió su promesa de campaña de aumentar el monto ($120) y reducir la cobertura (65 años) del programa para adultos.

Los subsidios contribuyen a mejorar la calidad de vida de los beneficiarios, a través de los controles de salud y la educación; además, a sostener hogares como el de Ofelia De León, quien durante toda su vida se dedicó a los cuidados del hogar, mientras su esposo conducía una ‘chiva’.

Con los escasos recursos que generaba esta actividad, se alimentaban cinco personas: sus tres hijos y la pareja. ‘No daba para más’, dice la señora.

Ninguno de sus hijos pudo estudiar porque los ingresos no alcanzaban para la escuela y mucho menos para ir a la universidad, comenta Ofelia, de 65 años.

La pareja vive con una pensión de $100 por quincena que le otorgó la Caja de Seguro Social al esposo, que con esfuerzo logró completar las cuotas para pensionarse.

AYUDA

Este ingreso no les alcanza para comprar los alimentos básicos, que rondan los $322 mensuales. Para completar el presupuesto, Ofelia vende ropa de segunda y enseres y hace rifas.

‘Hay una esperanza’, continúa diciendo la señora mientras señala con el dedo índice una propaganda política en la que aparece la foto del presidente Varela. Está a la espera del primer pago del programa ‘120 a los 65’.

Con ella ingresarán 30 mil nuevos beneficiarios, para sumar 120 mil inscritos en este subsidio. De estos, hay otros que lo recibirán sin necesitarlo, por el precario control del sistema que se presta para ‘pagar favores’.

Durante el último quinquenio, estas subvenciones fueron otorgadas de forma arbitraria, bajo criterios políticos y sin controles para identificar el impacto que tenía este respaldo económico en la sociedad. El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) detectó que de un grupo de 73 mil familias que conformaban la ‘Red de Oportunidades’, 2 mil no aplicaban para el programa.

MAL MANEJO DE FONDOS

Con el programa ‘Ángel guardián’, que se creó como respaldo a 51 mil personas con discapacidad, también se detectó una mala administración durante el pasado gobierno. Inicialmente se destinaron $23 millones para desarrollar este proyecto entre 10 mil y 15 mil personas.

En el programa solo se inscribieron 5 mil, pero parte de sus fondos ($14 millones) fueron traslados al Programa de Ayuda Nacional (PAN), involucrado en supuestos escándalos de corrupción que actualmente están siendo investigados.

El proyecto, que destina $160 cada dos meses, tampoco estaba sujeto a un proceso de monitoreo, explicó el titular del MIDES, quien reconoce que ‘si se continúa así, será insostenible’.

¿Qué hemos estado haciendo todos estos años con presupuestos de miles de millones de dólares?, se pregunta Alcibiades Vásquez, que cumplirá próximamente seis meses encargado de este ministerio. ‘Fueron (los fondos) usados políticamente y se ha perdido la oportunidad de que gente que los necesitaba fuera beneficiada’, se responde el funcionario.

‘Había que comprobar que se estaba entregando la transferencia económica y que se estaba teniendo un efecto en el capital humano. No están siendo efectivos desde el punto de vista operativo’, apuntó Leonardo Pinzón, encargado de la política Social y Salud del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El Estado no ha cumplido con la responsabilidad darle seguimiento a los programas. ‘La gente cobraba y cobraba, pero ningún funcionario verificó cómo había mejorado la calidad de vida de los beneficiarios’, dice Vásquez. Ni siquiera existía una oficina de monitoreo y planificación de estos proyectos.

PATERNALISMO

El decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá (UP), Rolando Gordón, coincide con Vásquez. ‘Las subvenciones se han dado de manera generalizada, sin hacer un estudio, ni antes ni después, sobre las personas que las han recibido’, dice el catedrático.

Los proyectos sociales en principio contribuyen a reducir los gastos de consumo en los hogares a través de la mejora de los ingresos, pero el efecto a largo plazo es que las familias puedan transcender de la condición de pobreza a través de la acumulación de capital humano en las nuevas generaciones, explicó el director de la política Social y Salud del BID.

¿FALLAS EN EL SISTEMA?

Gordón reconoció que las subvenciones son solo un apoyo para las poblaciones más vulnerables, pero al mismo tiempo aseguró que son una medida paternalista que fomenta la dependencia.

En esto coincide con el sociólogo Olmedo Beluche, que durante una entrevista con La Estrella de Panamá explicó que el subsidio ‘no arregla el problema de la pobreza de la gente. Es sólo un paliativo para que la gente medio sobreviva y no explote como debería hacerlo’.

Beluche considera que estos paliativos son producto de las fallas del sistema, ‘son una forma de atenuar los efectos negativos de la política económica neoliberal que se ha impuesto en los últimos años’ y que, a través de los subsidios, ‘el capitalismo trata de echarle un poquito de agua al fuego que están creando con la desigualdad social’.

Juan Planells, presidente de la Comisión de Educación de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), manifiesta por su parte que el subsidio es necesario para salir de situaciones críticas temporales, pero las políticas estatales deben estar orientadas a darles capacidades a las poblaciones, mediante la educación.

Jované, por su parte, considera que los subsidios no debe ser eternamente. Además, considera que si no existe un control efectivo ‘todo es en vano’.

INVERSIONES MILLONARIAS

Los subsidios no van a desaparecer, por lo menos no durante este gobierno. Isabel Saint Malo, vicepresidenta y canciller de la República, aseguró en el ‘Polígrafo’ del mes de febrero, aún en campaña, que ‘los subsidios, el sistema de protección social, es el corazón de la política social y de la propuesta de Juan Carlos Varela’.

Sin embargo, a la nueva administración gubernamental le corresponderá reorientar la política de transferencias económicas, sin proselitismo político ni populismo, para lograr la meta que se ha trazado de reducir los índices de pobreza en 10% en los próximos cincos años, explicó el ministro del MIDES.

A FUTURO

En 2015, el Estado destinará $1,608.8 millones en subsidios, de los cuales $345.6 millones estarán dirigidos a combatir la pobreza, a través de los programas ‘120 a los 65’ ($152.5 millones), ‘Red de Oportunidades’ ($42 millones), ‘Ángel guardián’ ($10.4 millones), ‘Beca universal’ ($140.7 millones). Ante esto, el profesor Gordón recomienda recordar la popular consigna ‘es mejor enseñarle a alguien a pescar que darle el pescado’.