No existe ninguna evidencia de gestión de cobros en Tocumen, S.A.

Durante los primeros meses de 2014, la empresa Cobranzas del Istmo, S.A. (CISA) ganó $21 millones en comisiones por un trabajo que nunca realizó.

La empresa recibió esa suma de parte del Estado panameño tras, supuestamente, gestionar el pago de impuestos atrasados a Tocumen, S.A., entidad que, irónicamente, le pertenece al mismo Estado.

Fue Frank De Lima, entonces presidente de la junta directiva de Tocumen, S.A., quien autorizó el traspaso de los $72 millones a las arcas de la Autoridad Nacional del Ingresos (ANIP), para cancelar los impuestos morosos de la principal terminal aérea del país.

¿A través de quién se gestionó el pago? ¿Por qué se pagaron comisiones a una empresa por cobrar impuestos a una institución estatal?

Frank De Lima, también ministro de Economía y Finanzas, es la persona que debe responder a estas preguntas, ‘se lo debe al país‘, afirma el gerente general de Tocumen, S.A., Joseph Fidanque III.

‘Hemos conversado con nuestro personal y nos han comunicado que aquí nunca llamó nadie de Cobranzas del Istmo para gestionar el cobro de impuestos', advierte el administrador .

‘Tampoco hay un solo documento que permita confirmar que Cobranzas hizo la gestión', dijo, tras conocerse las millonarias comisiones cobradas por CISA.

En una entrevista exclusiva con La Estrella de Panamá , Fidanque cuestionó los pagos, por considerar que ‘no está bien que se traspasen $21 millones de dinero del pueblo panameño al bolsillo de una persona natural', dijo.

A Fidanque también le sorprende que se haya contemplado hacer el cobro, cuando existía un arreglo que permitía a la empresa extender el periodo de pago de los impuestos hasta el 2017.

Los $72 millones pagados al Estado fueron obtenidos de una emisión de bonos de $650 millones con la que Tocumen S.A. pretendía expandir la terminal aérea panameña.

PAGO ÚNICO

Los directivos de la entonces administración, liderados por el ministro de Economía y Finanzas, autorizaron que se hiciera una reserva de $100 millones de los bonos para ese fin.

El acuerdo que extendía el periodo de pago de los impuestos a Tocumen hasta 2017 fue hecho en 2012, pero inexplicablemente, en el 2013 se procedió a cancelarlos.

El pago de $72 millones se hizo en un solo día, el 31 de diciembre de 2013, cuando el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) cerró el balance fiscal del sector público —que ese año terminó con un déficit de 4.4%, como consecuencia del agresivo plan de infraestructura pública que desarrolló el gobierno de Ricardo Martinelli (2009 y 2014).

La Estrella de Panamá conoció que la deuda morosa con el Estado de Tocumen, S.A. correspondía al pago de Impuestos de Traslado de Bienes Materiales y Servicios (ITBMS), Impuestos Sobre la Renta, Impuestos de Dividendos e Impuestos Inmuebles de periodos fiscales anteriores a 2013.

Por esta gestión, Cobranzas del Istmo cobró un 30% del dinero que recuperó para la antigua Autoridad Nacional de Ingresos Públicos (ANIP), dirigida por Luis Cucalón.

En octubre del año pasado, la DGI anuló el contrato entre el Estado y Cobranzas del Istmo, alegando que era inconstitucional (artículo 42 de la Constitución) que una empresa privada manejara información sobre los contribuyentes.

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INVESTIGACIÓN

Contraloría inicia áudito al contrato de CISA

La Contraloría General de la República de Panamá inició el proceso de auditoría al contrato de Cobranzas del Istmo, S.A. (CISA), empresa que recibió $47.1 millones en comisiones por gestionar cobros de una cartera morosa de $772 millones.

Federico Humbert, contralor general, explicó que esta institución no auditará a la empresa, sino el contrato 100 del 25 de agosto de 2010, firmado por el entonces director de ingresos, Luis Cucalón, cuando era funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas, dirigido por el ingeniero Alberto Vallarino.

‘Nosotros no podemos auditar a una empresa, porque nuestras funciones se limitan a las entidades gubernamentales. Esa investigación le corresponde al Ministerio Público', señaló el funcionario durante una visita al Grupo Editorial El Siglo & La Estrella.

La auditoría al contrato de CISA no tiene un tiempo definido, dijo el contralor.

‘El proceso puede demorar un poco más. Ya nombramos (a los encargados de la investigación)...', detalló el responsable de vigilar el buen manejo de las finanzas públicas.

A principios del mes de enero (día 2), la Dirección General de Ingresos (DGI), adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), solicitó una auditoría al contrato de CISA para determinar su legalidad y cumplimiento, tras su cancelación por ‘inconstitucional'.

En su momento, Publio Cortés, actual director Nacional de Ingresos, dijo que este contrato había violado el artículo 42 de la Constitución porque se ha permitido a una entidad pública como la DGI compartir con una empresa privada información confidencial de las empresas y demás contribuyentes, cuando la obligación del Estado es más bien proteger esa confidencialidad.