Regularán operación de las máquinas tragamonedas tipo C

Actualizado
  • 03/10/2015 02:00
Creado
  • 03/10/2015 02:00
La iniciativa se discutirá este miércoles 7 de octubre en primer debate en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Nacional

Regular la operación y ubicación de las máquinas tragamonedas tipo C es el objetivo de una iniciativa legislativa que se discute actualmente en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Nacional.

Después de un receso, este miércoles 7 de octubre se continuará con la discusión del proyecto de ley 71, impulsado por los diputados Iván Picota y Juan Carlos Arango.

La iniciativa ha recibido el beneplácito de los miembros de la comisión y de los presentes en las dos reuniones de trabajo realizadas a la fecha.

De acuerdo con el presidente de la Asociación de Administradores de Juegos de Azar (Asaja), Antonio Alfaro, el anteproyecto es muy sencillo, y, además de regular la operación, busca que las máquinas no estén cerca de escuelas o iglesias.

‘Asaja ha presentado a la consideración de los comisionados varias modificaciones que mejoran el proyecto de ley', reiteró.

ANTECEDENTES

El presidente de Asaja explicó que en 1998 se aprobó el artículo 32 de la Ley N° 2, que declaraba ilegal cualquier operación de estas máquinas después del 21 de enero de 2002.

Pero, sorpresivamente, según Alfaro, el 27 de junio de 2000, durante la presidencia de Enrique Garrido en la Asamblea y con la complicidad de Víctor Juliao como ministro de Economía y Finanzas y Mireya Moscoso como presidenta de la República, se derogó dicho artículo, permitiendo nuevamente las máquinas tragamonedas tipo C, sin ningún tipo de regulación.

‘Desde esa fecha, estas máquinas, cuya presencia afecta a las clases más necesitadas, operan al capricho de quienes han dirigido el pleno y la Secretaría de la Junta de Control de Juegos (JCJ)', advirtió Alfaro.

Durante el periodo de Martín Torrijos y Raúl Cortizo como secretario general de la JCJ, Asaja logró que se reglamentara un máximo de 15 máquinas por local, para mantener un límite de 4,000 en todo el país.

Pero posteriormente en el gobierno de Ricardo Martinelli, y con Giselle Brea como secretaria de la JCJ, se presionó a la mayoría de los pequeños operadores a vender su concesión, con la excusa de que posteriormente se reducirían y regularían las concesiones. A los que no vendieron se les cancelaron sus permisos.

‘Luego de esta reducción del número de locales, se dieron cientos de concesiones nuevas, con nuevos dueños y se permitió aumentar el número de máquinas hasta 75 por sala', enfatizó Alfaro.

Según el presidente de Asaja, cuando Brea dejó el puesto, se habían autorizado más de 8,000 máquinas, con el agravante de que los establecimientos operan a través de testaferros, sin que aparezcan los verdaderos dueños ni en los pactos sociales ni en el registro de la JCJ.

‘Esto les permite incumplir la recién aprobada Ley 23 de Prevención del Blanqueo de Capitales', asegura el presidente de Asaja.

‘Hoyel negocio está flojo', reconoce Alfaro, atribuyendo esto a que la actividad se distribuye ahora entre más operadores y salas de juego, cuando antes había solo 40.

‘Los casinos tradicionales ya no registran las mismas ganancias ni los mismos aportes a las arcas del Estado', indicó.

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ESTATUS

Los intentos de regular estas máquinas han fallado.

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