Panamá cuestiona prácticas discriminatorias en el sector financiero
Ante Consejo Permanente de la OEA, Panamá cuestionó las prácticas discriminatorias en el sector bancario y financiero

La directora general de Asuntos Jurídicos y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, Farah Diva Urrutia expuso ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el compromiso de Panamá de continuar adecuando su sistema financiero y corporativo a las legítimas expectativas internacionales.
Panamá como una plataforma importante y exitosa del comercio de servicios y en especial, financieros y corporativos internacionales, adoptó una legislación de vanguardia para la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Además solicitó que el Consejo Permanente de la OEA, se haga eco del interés de que se reconozca el derecho soberano de cada país de diseñar un marco legal que logre un adecuado balance entre las expectativas internacionales y los intereses nacionales; que se reconozca la necesidad de establecer periodos transicionales adecuados y que se tome en consideración la proporcionalidad entre el beneficio que origina la adopción de los estándares sugeridos y el costo de aplicación de los mismos para nuestros países.
Por ello, cuestionó que en base a las expectativas de algunos grupos de la comunidad internacional, se le imponen a países como Panamá, obligaciones sin un periodo apropiado de consultas, así como cambios estructurales en los sistemas, sin adecuados periodos transicionales y sin tomar en cuenta diferencias y condiciones económicas.
Urrutia también advirtió sobre los efectos adversos de las medidas discriminatorias impuestas unilateralmente por otros países en la búsqueda de ejercer la suficiente presión para que se adopten estándares de manera uniforme en realidades económicas totalmente equidistantes, que afectan negativamente las economías, generan barreras lesivas al comercio e inciden negativamente el ambiente de cooperación y consenso que debería regir entre los países y rechazó en el ámbito fiscal, la categorización peyorativa de “paraísos fiscales” a aquellas jurisdicciones que han escogido tener un sistema de tributación de renta territorial.
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