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16 de Dec de 2019

Economía

Asociaciones público privadas vuelven al escenario de debate

El régimen carece de un marco jurídico, intento que se estancó hace siete años ante la huelga por una posible privatización. Hoy los empresarios retoman el tema

La figura de asociaciones público privadas (APP) no es nueva, incluso las concesiones son técnicamente APP; pero el régimen quiso tomar forma con un proyecto de ley que nació del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en abril del año 2011, bajo la presidencia de Ricardo Martinelli.

El proyecto de ley definía las APP como contratos entre el sector público y el privado a través de los cuales se involucra al sector privado en la provisión de infraestructura y servicios tradicionalmente provistos por el gobierno.

MODELO APP

Bajo este régimen, la empresa privada financia la obra y toma los riesgos

A cambio, opera y administra la obra o servicio en un contrato multianual, cuyo pago puede ser desembolsado por el gobierno, el usuario o de forma combinada.

La empresa privada que se gana el contrato es la que financia, construye, opera y mantiene la infraestructura o presta el servicio público; a cambio, recibe pagos que pueden venir por parte de los consumidores, del gobierno o bien de ambos.

La iniciativa se estancó en la Asamblea Nacional hace siete años, después de provocar una huelga médica terminó en la Concertación Nacional. El entonces ministro del MEF renunció en agosto como consecuencia del divorcio de la alianza CD-Panameñista y la iniciativa nunca prosperó.

Hoy, varios gremios empiezan a hablar nuevamente del tema, en momentos en que el gasto público se ha convertido en el aliciente de un sector como la construcción, que ya muestra visos de desaceleración.

GOBIERNO, EL CLIENTE ESTRELLA

Los organismos financieros internacionales promueven este régimen entre los gobiernos de la región. Para el Banco Centroamericano de Integración, se hace indispensable la aplicación de esquemas como las APP, ya que son una opción ‘muy beneficiosa' para los países que combinan el alto déficit de infraestructura con importantes limitaciones presupuestarias.

Por su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) las califica como una herramienta que puede ayudar a superar algunos problemas tradicionales relacionados con el suministro público y reducir la brecha existente en infraestructura.

El presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) aboga por el modelo como una opción ganar-ganar y plantea que el Idaan podría beneficiarse de este modelo. ‘Ya hay ejemplos de eso, Panamá tiene experiencia con concesiones, lo que necesitamos es un marco regulatorio que defina claramente las reglas y responsabilidad en igualdad de condiciones para todos', sostuvo tras enfatizar que ‘no se trata de privatización'.

LICITACIONES

De la propuesta de ley impulsada por el gobierno anterior se extrae también el establecimiento de ‘un régimen de contratación sencillo y transparente basado en la celebración de una licitación competitiva'.

Cuando se introdujo el proyecto de ley, el país nunca se imaginaba que estallaría el escándalo Odebrecht, que ya ha sacrificado a varios presidente de la región, o que se destaparía el entramado Blue Apple, donde se acusa a compañías de construcción de haber pagado sobornos a funcionarios a cambio de obras y pagos acelerados.

En su evaluación sobre APP en infraestructuras, el BID concluye que si bien potencialmente son útiles, las asociaciones público-privadas también presentan riesgos innatos a la construcción de infraestructura, entre ellos técnicos, operativos, financieros, hechos de fuerza mayor, de índole normativa-política, de incumplimiento, ambientales y sociales, por lo cual requieren de un sólido marco analítico que permita evitar sobrecostos y aumente al máximo el valor de la inversión pública.

No son soluciones fáciles, pues necesitan una evolución institucional (incluida capacidad de preparación de proyectos) que toma tiempo consolidar antes de que pueda plasmar su potencial y que, si se hace mal, puede traducirse en mayores costos y en menores servicios y de peor calidad, advierte el organismo financiero.

DE ESTADO EJECUTOR A DEUDOR

Las APP se basan en el principio de que ‘el sector privado contribuye con una mejor capacidad gerencial y de innovación tecnológica, lo que resulta en una mayor eficiencia que se traduce en servicios de mejor calidad y a menor costo'.

En aquel momento el proyecto murió en su cuna porque se asoció con privatización, algo que el panameño tradicionalmente ve con recelo. Pero si bien la premisa es la misma-que la empresa privada es mejor administradora que el gobierno-, a través del régimen de APP el gobierno sigue siendo el cliente, sólo que delega ciertas funciones a compañías privadas mediante contratos multianuales, que según la propuesta original, no pueden ser por menos de cinco años ni superiores a los 50 años.

Las asociaciones público privadas pueden tener la forma de un proyecto de diseño, construcción, operación y mantenimiento de un activo de infraestructura pública que involucra un pago por parte de los usuarios como remuneración a la participación privada, o que puede combinarse con una contraprestación del sector público que complemente el pago del usuario y donde la infraestructura utilizad revierta al Estado después de un plazo preestablecido.

También pueden tener la forma de contratos de prestación de servicios, en los cuales el ente público es usuario y paga el servicio en su totalidad, quedando la posibilidad de que la infraestructura pueda ser transferida al Estado al término del período del contrato.