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15 de Oct de 2019

Economía

Penalizar la evasión no sería suficiente para esquivar listas

Mientras el Gobierno presiona para que se apruebe penalizar la evasión fiscal antes de la reunión con el GAFI, en febrero, economistas sostienen que hay temas que Panamá debe cumplir, como la aplicación de BEPS

El sistema bancario y la actividad comercial del país se vería impactado por la inclusión en una lista gris.

A pocas semanas de que el Grupo de Acción Financiera (GAFI) realice la próxima revisión de Panamá y su avance en temas de transparencia, el Gobierno Nacional presiona a los diputados para que aprueben el proyecto de ley 591, que penaliza la evasión fiscal que sobrepase los $300 mil.

En medio de las discusiones del proyecto de ley en el Pleno de la Asamblea Nacional, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) advirtió de que sin la ley de evasión fiscal Panamá corre el riesgo de volver a ingresar a una lista negra del organismo internacional.

Sin embargo, los economistas sostienen que todavía hay otros temas, como la ley de extinción de dominio y la aplicación de BEPS, o Erosión de la base imponible, que Panamá debe cumplir para no entrar a las listas de GAFI.

‘La gravedad de que el proyecto de ley 591, que eleva la evasión fiscal a delito penal y lo convierte en delito precedente al blanqueo de capitales, no se apruebe en el tiempo indicado radica en que Panamá será incluido nuevamente en la lista de GAFI', señaló el MEF, a través de un mensaje en Twitter .

EFECTOS DE UNA LISTA

En otro mensaje, la entidad advirtió de que seguir postergando la aprobación de la evasión fiscal como delito y entrar en una lista gris de GAFI le puede causar a Panamá un daño reputacional a nivel internacional y provocar el cierre de corresponsalías bancarias, endurecimiento de las condiciones de crédito, pérdida del grado de inversión y encarecimiento del costo del dinero; algo que repercutiría, sin duda, en el servicio de la deuda pública, que hoy supera los $24,900 millones.

El economista Ramón Rodríguez recordó que el GAFI es un organismo intergubernamental que fue creado por el G-8 (integrado por las ocho economías más grandes del mundo), que tiene por objetivo fijar estándares y promover la efectiva implementación de medidas legales y regulatorias para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, para así mantener la salud del sistema financiero.

Aclaró que si bien estos estándares no son vinculantes; es decir, no existe poder coercitivo legal que obligue a un país a implementarlas, la no adopción puede tachar a Panamá como ‘país no cooperador', al no tener mecanismos legales para la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.

También alertó de que esto conllevaría graves consecuencias para Panamá, como la pérdida de corresponsalías bancarias, con el riesgo de un colapso financiero, de agudizarse.

Rodríguez aboga por asumir la responsabilidad y apegarse a los estándares internacionales.

Por su parte, el financista y docente universitario Allan Corbett piensa que ingresar otra vez a una lista de GAFI generaría una fuerte presión económica sobre el país.

Y si se paralizan las corresponsalías bancarias, el comercio también se resiente, analizó.

Sobre la pérdida de corresponsalías, Corbett explicó que también elevaría el riesgo país y lo haría más vulnerable.

Frente a este panorama, Corbett considera que Panamá debió tomar una actitud más beligerante.

El catedrático reprocha al gobierno que en vez de estar peleando solo contra Europa, debió haber solicitado colaboración del resto de los países para que respetaran la soberanía fiscal de cada país.

PANAMÁ Y SU FAMA DE PARAÍSO FISCAL

Corbett explicó que a Panamá le llaman ‘paraíso fiscal', simple y llanamente, porque a diferencia de otros países no tiene un ejército y por ende no utiliza sus recursos en esa planilla ni en armamento bélico, sino que utiliza esos excedentes para sus programas sociales. Por otro lado, miran a Panamá como ‘paraíso fiscal' porque, a diferencia de otros países, sus impuestos son más bajos, lo cual representa un atractivo para los inversionistas.

En ese sentido, destacó que ahora con el tema de más transparencia lo que se está haciendo es presionar a Panamá para que le cobre los impuestos a los nacionales (de otros países) que han invertido en este país.

‘Ahora nos nombran paraísos fiscales porque todo el sustento de ellos está basado en impuestos y altísimos y cada vez que regalan algo al trabajador sale de los impuestos', manifestó.

En esa misma línea, precisó que eso ha pasado en todos lados, pues pensaron que iban a utilizar ese dinero que estaba en el mercado internacional e iban a llegar los países industrializados, lo cual no fue así. ‘Se les escapó de las manos', argumentó.

El financista considera que en realidad ese es un tema nacional y cada país es libre de establecer su política fiscal. Si quiere cobrar 50% o 60% porque su política y su economía se maneja de esa manera, está bien, pero Panamá no tenía esa necesidad.

‘Estas presiones son, evidentemente, porque ellos están tratando de buscar fondos porque sus gastos son extremadamente altos', expresó Corbett.

Y agregó que ‘están usando a Panamá y a los otros países para recoger sus impuestos. Eso sería extraterritorial. Internacionalmente eso no es correcto y ellos están haciendo exactamente lo que les da la gana', cuestionó.

Además, con ello ‘se están metiendo en la libertad de cada país, respecto al régimen impositivo. Y por eso nos llaman paraísos fiscales', remarcó.

Respecto a las presiones del GAFI, dijo que precisamente es por la evasión de impuestos y está de acuerdo en que el país debe adoptar un marco legal que sancione estos delitos, pero no porque un organismo internacional lo exija, sino porque Panamá, como país, decide hacerlo.

‘Su intención al final es para que tú recaudes los impuestos para ellos. Y en la medida que nos pusieron a recaudarle los impuestos a sus nacionales, presionan para que los inversionistas tampoco puedan evadir en Panamá', puntualizó.

Costo económico de una sanción

El economista Francisco Bustamante listó los siguientes efectos.

1. La inclusión de Panamá en una lista gris significaría que no cumple con los estándares del GAFI, pero tiene un acuerdo de mejoras para alcanzar las métricas fijadas. Si el país no tiene un acuerdo firmado, pasa a una lista negra de incumplimiento y sin acuerdos establecidos para mejorar la situación.

2. Los costos para la economía panameña son elevados, van desde las medidas para elevar los requerimientos de información a los agentes que hagan transacciones con el país, lo cual encarece las mismas, hasta la suspensión de servicios de corresponsalía. Esta última medida también se está dando porque los bancos tienden a una concentración o fusión de bancos, y cada día les interesa menos, por economías de escala, operar con bancos pequeños.

3. Otro riesgo que hay es que las operaciones de crédito del país tengan problemas con las agencias de custodia de instrumentos de deuda, encareciendo o dificultando el financiamiento público.

4. Otra posibilidad es que la calificación de riesgo de la deuda del país se deteriore, afectando las tasas de interés, tanto del sector privado, como del sector público.

Hay dos niveles de cumplimiento de normas. Uno técnico, que tiene que ver con las instituciones y leyes, en el cual entra la recomendación de que Panamá sancione la evasión fiscal. El proyecto de ley enviado a la Asamblea tiene muy pocas probabilidades de implicar penas de prisión para los panameños, pero le permitiría, al tipificar el delito de evasión, poder enviar información a otras jurisdicciones, donde el delito se considera con sanción penal.

El otro tema o área de evaluación es la efectividad o implantación del sistema. ¿Se está aplicando los correctivos para mejorar la información, y se sancionan los violadores de las normas antiblanqueo de capitales? Esta evaluación es la más importante, una vez se cuenta con el marco técnico o legal. Y la calificación final de Panamá debe incorporar estos elementos de cumplimiento de normas. ¿Con esto se acaban las presiones de GAFI? No lo creo. Todavía está pendiente la ley de extinción de dominio, la aplicación de BEPS, o Erosión de la base imponible que tiene que ver con los regímenes fiscales de las Zonas Libres. También está pendiente la inclusión de las Fundaciones como supervisables, que es la Recomendación ocho (8) de GAFI.