Ley de moratoria tributaria permitiría obtener liquidez para estimular la economía

El Movimiento de Abogados Gremialistas (MAG) aplaudió el recién aprobado Proyecto de Ley Nº 78 en tercer debate, sobre moratoria tributaria —que concede amnistía general— para el pago de tributos administrados por la Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), debido a que permitiría obtener liquidez para estimular la economía.

“La ley tiene una proyección integral nunca antes vista. Y sería el inicio para que el nuevo gobierno del presidente Laurentino Cortizo pueda obtener rápidamente cierta liquidez por parte de los contribuyentes para las finanzas públicas”, aseguró Gilbert Bouting, presidente del gremio de abogados.

Y es que la normativa unificaría en un solo proyecto de ley todo los relacionado con temas de moratoria, intereses y multas que mantienen los contribuyentes con la DGI. Su objetivo sería la condonación de pagos de deudas a personas naturales, jurídicas y bienes e inmuebles.

El proyecto 78 consiste en la condonación de los intereses, recargos y multas de los tributos morosos y adeudados por los contribuyentes, así como las multas por declaraciones tardías u omisas de impuestos, a fin de que los contribuyentes puedan estar al día de sus deudas pendientes y, así, estar en paz y salvo con el Estado.

En esta misma línea, Bouting aseguró que la nueva ley facilitaría la gestión pública y constituiría un beneficio para los contribuyentes de forma escalonada. Por ejemplo, explicó que si el contribuyente paga los primeros meses, recibe el 100% de exoneración; luego el 95% y posteriormente el 85%. “Estas exoneraciones constituyen un atractivo para el ciudadano y para el contribuyente nunca antes vista en la historia del derecho tributario nacional”, consideró Bouting.

El abogado resaltó que esta nueva ley es una “innovación extraordinaria” porque no se trataría solo de una moratoria sino de una amnistía, un espectro que es mucho más amplio. “No solo es la exoneración de intereses sino también la penalización por las omisiones en cuanto a los formularios, multas y sanciones similares”, afirmó.

Indicó que además de los beneficios financieros que se quieren lograr para el país, la amnistía también tendría una función social con la condonación de deudas. Como por ejemplo, con el personal del sector obrero, que en un momento dado estén en proceso de jubilación y debido a las tasas morosas de los empresarios no puedan obtener ese derecho económico. “Esta intervención de la amnistía tiene la función social no tan solo financiera para el estado sino de la protección del más débil”, afirmó.

También sostuvo que la normativa incluiría todos los impuestos en la moratoria y que no “reñiría” con las otras legislaciones ya aprobadas como la del impuesto inmueble, sino que “se armonizan” entre sí, pues la articulación que hizo el diputado Melchor Herrera con esta ley, permite integrar —a esta amnistía que permite el flujo de pago— tanto el Código Tributario como a las leyes especiales. “Esta es la filosofía esencial. Justicia tributaria con flujo de pago”, apuntó.

Por su parte, Raúl Rodríguez, expresidente y miembro del MAG, también se refirió al respecto, señalando que este es un importante proyecto porque la condonación de deudas de tributos permitiría una apertura para realizar transacciones. Mencionó que, por ejemplo, cuando una persona va a hacer una transferencia de bienes inmuebles, por ejemplo, o cuando se hace un trámite con una sociedad anónima o cuando se hace una compraventa, o un trámite con el Estado como una sociedad, en todas esas operaciones se requiere el paz y salvo y si no se cumple con la parte impositiva, no podría obtener el paz y salvo.

A su vez, aseguró que “esta nueva disposición le permitiría al Estado captar los impuestos que están allí y no los ha podido obtener”.

Sobre lo que se podría lograr con esta nueva ley, Rodríguez precisó que como la iniciativa es de forma integral, permitiría hacer una verificación de cuánto fue lo que se pudo captar (en ingresos) y cuánto se obtuvo una vez aprobado; y por otro lado, hacer una estudio para determinar cuánto se pudo dinamizar la economía.

Actualmente, el proyecto de ley se encuentra a la espera de que el Ejecutivo lo sancione.