Panamá 'no' aplicará retorsión a Colombia por nuevos aranceles

El ministro de Comercio e Industrias, Ramón Martínez, aseguró ayer que por el momento Panamá no aplicará medidas de retorsión a Colombia, tras la implementación del reciente decreto No. 1419 que redobló los aranceles a textiles y calzados provenientes de países que no cuentan con un tratado comercial, entre ellos Panamá.

Y es que según el titular del Mici por esta nueva medida arancelaria que entró en rigor el pasado 5 de noviembre “no” cabe medida de retorsión porque “no lo modificó el poder Ejecutivo sino el Congreso”, es “inconstitucional” y “el Gobierno de Colombia está en contra”.

“El tema de los aranceles, políticamente allá (en Colombia) es sensitivo por las diferencias entre el Ejecutivo y el Congreso”, pero “si el congreso fue el que generó esta ley, es una ilegalidad”, sostuvo Martínez en un conversatorio con periodistas.

Añadió además que sobre la medida ya pesan cinco demandas por “inconstitucinalidad” que han sido interpuestas por compañías del vecino país afectadas por la medida que entró a regir hace apenas unos días.

Señaló que al ser una medida “ilegal”, el Gobierno de Panamá le solicitó formalmente a Colombia la suspensión del decreto; y durante la reciente reunión que sostuvo el mandatario panameño Laurentino Cortizo con el presidente de Colombia Iván Duque, se lo volvió a reafirmar y se espera que en menos la medida quede sin efecto.

“Estamos dándole seguimiento para que en tres o cuatro semanas como máximo se suspenda la medida”, remarcó el regente de Comercio e Industrias.

También se acordó establecer un gabinete binacional para que la relación tanto comercial como integral de ambos países se pueda llevar de forma más coordinada.

La reunión “fue muy buena y muy positiva” y se conversó de cooperación cultural, migración, seguridad, comercio y cómo empezaron estas disputas comerciales hace alrededor de 13 años, enfatizó Martínez.

En ese contexto, lamentó que durante esa década ni Panamá ni Colombia han podido mejorar su relación comercial y se han quedado estables, es decir no crecieron.

Recalcó que ambos mandatarios aceptan esa realidad y están dispuestos a trabajar para que esos conflictos sean ya cosas del pasado.

“Colombia es nuestro país vecino y es también para nuestros productores exportadores y para las compañías aquí en Panamá y para que puedan también vender a ese país”, matizó.

Pese a que la controversia por los aranceles, entre Colombia y Panamá data ya de varios años, el ministro del Mici se mostró optimista porque estas nuevas diferencias se solucionen en el menor tiempo posible y sin la intervención de la Organización Mundial del Comercio (OMC). “Nosotros somos vecinos y no necesitamos de un tercer organismo que tenga que tomar decisiones. Vamos a resolver nuestros temas”, apuntó Martínez.

Para el gerente de la Zona Libre de Colón, Giovanni Ferrari en estos conflictos arancelarios con Colombia “es mejor buscar acercamientos en vez de separaciones”.

La conflicto arancelario inició en 2012 y ha vivido varias etapas, incluido un fallo de la OMC a favor de Panamá que obligó a Colombia a suspender en noviembre de 2016 un arancel mixto. Esta tasa mixta fue sustituida por el Gobierno colombiano por dos decretos que endurecen los controles aduaneros y dificulta de igual manera las importaciones de calzados y textiles procedentes de la Zona Libre de Colón, según las autoridades panameñas, que respondieron elevando las tasas a algunas importaciones colombianas, entre ellas el café.

Por su parte, otro efecto del conflicto es la suspensión en Panamá de la ratificación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Colombia, firmado en 2013 por ambos países , luego de cuatro años de negociaciones.

El pasado 6 de agosto de 2019, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia emitió el decreto No. 1419 mediante el cual se reglamenta la entrada en vigencia de los aranceles aprobados en su Plan Nacional de Desarrollo, con un incremento del 15% al 37.9%, en las importaciones de varios productos.

El nuevo arancel aplica para las confecciones cuando el precio declarado sea inferior o igual a $20 e imponen un arancel del 10% ad valorem, más $3.00 por kilogramo bruto a las confecciones que tengan precios por kilogramo superior a los $20.