Panamá,25º

14 de Dec de 2019

Economía

Consorcio ACPC Línea 3 interpone reclamo en la licitación del Metro

Alegan que HPH Joint Venture 'no cumplió' con el pliego de cargos por presentar una propuesta de financiamiento condicionada al aval del Estado

Apertura de sobres con propuestas para la Línea 3 del MetroCedida

El Consorcio ACPC Línea 3, formado por la española Acciona y la china Power Construction Corporation of China, pidió una evaluación de las propuestas para la construcción de la Línea 3 del Metro de Panamá a través de una acción de reclamo que presentó este martes.

Consorcio HPH construirá la Línea 3 del Metro por más de $2,507 millones

Lee más

Un día después de que la Comisión Evaluadora del Metro anunciara como virtual ganador de la mega obra al consorcio coreano HPH Joint Venture, formado por Hyundai y Posco Engineering el pasado lunes, ACPC interpuso una acción de reclamo contra el Informe de la Comisión Evaluadora de la licitación para la Línea 3 del Metro, aduciendo que la oferta económica de HPH Joint Venture estuvo condicionada al aval del Estado.

En la acción legal, ACPC lista la propuesta de financiamiento de HPH Joint Venture, el consorcio mejor calificado preliminarmente, donde resaltan la condición de garantía soberana del Estado Panameño, o bien que los Certificados de No Objeción sean garantizados ademásdel Metro de Panamá, por el gobierno panameño. 

Según la demanda, el pliego de cargos no establece aval del Estado para el financiamiento de la Línea 3, como sí se hizo para la Línea 1 y la Línea 2, porque esta obra específicamente, será financiada a través de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA).

Aún así, si la obra excede los fondos financiados por JICA, el gobierno panameño asumirá la diferencia y los intereses. Y sobre las garantías soberanas a entidades del Sector Público No Financiero, como lo es el Metro de Panamá, la demanda remite al Decreto Ejecutivo No. 50 del 26 de junio de 2009 donde se establece como requisito previo el análisis de solvencia económica y financiera de la entidad contratante y el fundamento socioeconómico de la inversión, y que delega en el MEF la el derecho a recomendar o no la garantía soberana.

Los reclamantes adjuntan a la demanda una nota a enviada el 28 de marzo de 2019 a Roberto Roy por la entonces ministra de Economía, Eyda Varela de Chinchilla, donde ésta le informa que de darse el aval del Estado para que el contratista obtenga el financiamiento, sería posterior a la adjudicación de la obra y la formalización del contrato, algo que aún no ha pasado para la Línea 3.

Otro punto que utiliza ACPC para sustentar su reclamo es Ley 3 de Responsabilidad Fiscal donde cita dos objetivos del artículo 2:

  • 1. “aumentar el ahorro corriente del Sector Público No Financiero para disminuir la dependencia del uso de los instrumentos de deuda para financiar las inversiones públicas y garantizar la sostenibilidad de la deuda pública neta , mediante la reducción gradual de esta como porcentaje del PIB”
  • 2. “Establecer límites del crecimiento de la deuda y el déficit para el Sector Público No Financiero”.

En resumen, según el reclamo de ACPC (Acciona y Power Construction Corporation of China), HPH Joint Venture no cumplió con la demanda del pliego de cargos en cuanto a la presentación de su propuesta opcional de financiamiento porque declara un monto que incluye como garante soberano al Estado Panameño.

HPH Joint Venture, que ofreció la obra por $2,507.43 millones, obtuvo un puntaje global de 893 en la licitación, superando el puntaje de ACPC, que ofertó $2,518.19 millones y quedó en segundo lugar con 842 puntos.

La obra se financia con un préstamos otogado por JICA de hasta $2,800 millones, avalado entre el gobierno de Japón y el de Panamá hace tres años. Una parte de la obra que hasta ahora va casada con el cuarto puente sobre el Canal, sería financiada con la emisión de bonos por parte de la Empresa Nacional de Autopista (ENA). 

El gobierno anunció este martes la emisión de $1,300 millones en bonos de deuda, lo que suma $3,300 millones emitidos en menos de cinco meses que lleva el presidente Cortizo en el poder, y que van a engrosar la proporción de deuda colocada en bonos globales, que hasta el 31 de octubre sumaban $16,242.7 millones y abarcaban el 56.7% del total de la deuda pública.