Integración, ¿respuesta a los problemas estructurales?

Migración, desigualdad, injusticia, violencia y democracias fallidas, son algunos de los factores que transforman con celeridad las prácticas convencionales de desarrollo, afectando la solución de problemas estructurales en la región de América Latina.

Por esto es necesario el llamado a una práctica cooperativa entre países, no solo desde la perspectiva comercial sino que integre esfuerzos a la mejora del bienestar humano como motor de productividad.

La globalización promueve la importancia de las prácticas multilaterales y bilaterales, como un punto de partida al éxito en el ámbito comercial. Sin embargo, hoy día las necesidades de las economías escapan del posicionamiento comercial para dar lugar a otra serie de temas, que por cierto, siempre han tenido protagonismo en el escenario de la competitividad, pero no con la intensidad que se reporta hoy.

Entre los esfuerzos más recientes por lograr una integración subregional destacan el plan de Desarrollo Integral del Norte de Centroamérica y México. Un análisis solicitado por los jefes de Estado de estos países, en diciembre de 2018, a la Comisión Económica América Latina y el Caribe (Cepal).

Una solicitud que se enmarca en una búsqueda del bien común de estas naciones que tienen limitantes en cuanto a su desarrollo, debido a problemáticas estructurales que generan altos niveles de desigualdad, pobreza, y violencia.

En lo que respecta a desigualdad, el coeficiente Gini de las economías del norte de Centroamérica y México se ubica por encima del 0,43 (0=igualdad/1=desigualdad), siendo indicativo de la distribución desigual y pobre del ingreso en estas sociedades.

En términos porcentuales, en Guatemala aproximadamente el 51% del ingreso se concentra en el 20% más rico de la población, mientras que en Honduras el 47% se concentra en el mismo nivel.

En cuanto a El Salvador y México, las distribuciones son más favorables, pero hay mucho que mejorar.

Con la desigualdad se intensifica la pobreza. La limitación al ingreso es una obstrucción al desarrollo íntegro, amenaza el bienestar y todo lo que de ello derive.

Se estima que la mitad de la población del norte de Centroamérica vive en niveles de pobreza, mientras que el 12% y 19% se ubican en situaciones de extrema pobreza.

La mayor parte de la población en condiciones precarias está en zonas rurales, algo característico de los países latinos, donde el alcance a sistemas de salud y educación son aún más limitados.

Con niveles elevados de desigualdad y pobreza, se intensifica una problemática a la cual estos países del norte de Centroamérica han estado expuestos por décadas, la violencia. Tal y como lo evidencia la historia, Guatemala y El Salvador fueron escenario de enfrentamientos armados internos, mientras Honduras fue utilizada como territorio de abastecimiento en el movimiento contrarrevolucionario nicaragüense.

Por otra parte, las tasas de homicidio de estos países se ubican entre las 15 más altas del mundo.

La esencia de la integración se enfoca en la capacidad de una nación de proveer a otra lo que no tiene o viceversa, o incluso a unir fuerzas orientadas a potenciar una capacidad de la que ambas están dotadas.

Estas economías comparten una tendencia con respecto a sus niveles de productividad. De acuerdo con las cifras PIB, los países de la subregión del norte de Centroamérica se ubican por debajo de los 80,0 mil millones para el período 2018, reportando El Salvador (26,06), Honduras (23,8) y Guatemala (78,46).

Según las estadísticas, los países del norte de Centroamérica reportan un crecimiento del PIB anual promedio del 3.6% –entre 1991 a 2017– ubicado por debajo de Panamá (5.8%) y Costa Rica (2.25). Además, México reporta en este lapso 2.5%.

A este crecimiento se le ha catalogado de modesto, e incluso en los períodos subsecuentes –2018 y 2019– no reporta mejorías, ubicándose en 3.2% y 3.3% para los países del norte de Centroamérica, y en 2.2% y 3.3% México, respectivamente.

Las intenciones de integración regional en América Latina han estado presentes de manera intermitente desde la década de 1960, sin embargo, con una perspectiva de apertura de mercado y comercialización.

En primer lugar, con el Tratado de Montevideo y la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (Alalc) formada por Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay, a la que luego se incorporaron Bolivia y Venezuela.

El objeto primordial era la creación de una zona de libre comercio disminuyendo los aranceles a 96% en 12 años, equivalentes a una reducción arancelaria del 8% anual. Sin embargo, el objetivo no se materializó.

En 1980 se estableció un nuevo tratado de Montevideo que crea la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), constituida por Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Aladi tuvo éxito inicialmente en la firma de acuerdos bilaterales, pero la bonanza de la integración en aquel entonces estuvo limitada por la crisis económica a la que se vieron sujetos sus miembros y que, por ende, limitó el intercambio intrarregional, disminuyendo los niveles de productividad.

En el período de 1980-1985, el comercio intrarregional se redujo de U$10,500 millones de dólares a U$7,500 millones.

Se debe de considerar que las integraciones regionales se fortalecen mediante la atención de los problemas estructurales comunes e individuales de los países. De lo contrario, se establecen mayores desventajas frente a eventos negativos.

Por ello, los esfuerzos de integración deben abarcar más que el objetivo de posicionamiento comercial. Sin la productividad no se pueden potenciar el desarrollo ni el crecimiento económico.