Argentinos van a las urnas con una economía en recuperación pero muy endeble

Los argentinos acudirán a las urnas el próximo domingo para unos comicios legislativos enmarcados en una economía que ensaya una recuperación tras el golpe de la pandemia pero agobiada por una persistente y elevada inflación y otros desequilibrios que condicionan seriamente al país suramericano.

Estos son los cinco aspectos clave para entender el trasfondo económico de estas elecciones:

Argentina pondrá fin a este año a un ciclo de tres años en recesión y cuyo colofón fue el desplome del 9,9 % registrado en 2020, en medio de la pandemia de covid-19.

Según los últimos datos oficiales disponibles, en agosto pasado, la actividad sumó seis meses consecutivos de crecimiento interanual y acumuló un alza del 10,8 % en los primeros ocho meses del año.

No obstante, la mejora es dispar entre los diversos sectores y cerraría el año en el 8,3 %, sin lograr recuperar todo el terreno perdido el año pasado y dejando para 2022 un escenario de crecimiento mucho más modesto, de entre el 2,3 % y el 4 %.

Argentina registra índices de inflación anual de más de dos dígitos desde hace una década. En 2021 la inflación se aceleró y cerrará con un alza acumulada cercana al 50,3 %.

Es un fenómeno que no da tregua, que mina el poder de compra de los salarios, que afecta planes de producción e inversión y que el Gobierno busca a tientas contener con la congelación temporal de precios de algunos servicios y alimentos básicos.

El país suramericano arrastra serios desequilibrios monetarios y fiscales.

Sin acceso a financiación en los mercados internacionales, donde debería convalidar tasas de interés exorbitantes, y con ingresos de divisas insuficientes por vía de exportaciones e inversiones, en Argentina faltan dólares.

El acceso a la moneda estadounidense para importaciones y en el mercado formal de cambios está restringido, lo que, por un lado, pone límites a la producción y, por otro, fomenta los canales alternativos para hacerse de divisas, donde las presiones alcistas son cotidianas.

El Banco Central interviene en la plaza cambiaria, pero a costa de sus ya acotadas reservas.

Por otro lado, la emisión de pesos argentinos ha aumentado en los últimos meses a la par de un mayor gasto público, retroalimentando las presiones inflacionarias y cambiarias.

Los indicadores sociales dejan al desnudo los efectos más calamitosos de la recesión y la crisis agudizada por la pandemia.

Según los últimos datos oficiales, la tasa de pobreza en Argentina se situó el primer semestre del año en el 40,6 %, con un descenso de apenas 0,3 puntos porcentuales en un año, mientras que creció el número de quienes afrontan problemas a diario para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación.

La tasa de indigencia se situó en el 10,7 %, pero escaló al 16,6 % entre los menores de 14 años.

En este contexto, la afluencia a comedores comunitarios creció a unas 10 millones personas y se multiplican en las calles las protestas de organizaciones sociales en demanda de ayudas para alimentarse.

También reclaman trabajo "genuino".

La tasa de desempleo bajó en el segundo trimestre del año al 9,6 %, su nivel más bajo desde finales de 2019, pero los problemas laborales persisten, con insuficiente creación de empleo privado formal.

Según datos oficiales, casi un tercio de los ocupados trabaja por cuenta propia y, entre los asalariados, tres de cada diez trabaja en la informalidad.

La astronómica deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es una espada de Damócles sobre la economía argentina.

El Gobierno de Fernández negocia una refinanciación con el organismo desde el año pasado, pero los plazos se agotan: de no llegar a un acuerdo pronto, desde marzo próximo el país deberá afrontar vencimientos de tal magnitud que exceden su capacidad de pago.

A partir del acuerdo de auxilio financiero que el FMI firmó en 2018 con el entonces Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), Argentina recibió desembolsos por 44.200 millones de dólares.

Esa deuda, por la aplicación de intereses y variaciones en el tipo de cambio y los pagos ya realizados este año, ascendía a finales de septiembre pasado a 43.092 millones de dólares, de acuerdo a los últimos datos oficiales disponibles.

Según lo pactado hace tres años, Argentina debería pagar al FMI, entre capital e intereses, 19.020 millones de dólares en 2022, 19.270 millones en 2023 y 4.856 millones en 2024, compromisos que Argentina asegura que no está en condiciones de afrontar.