Acodeco ha multado a 43 escuelas privadas este año

Al menos unos 43 colegios particulares han sido multados en lo que va del año por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia por una cuantía de $35,460.

Las sanciones fueron aplicadas por infracciones en varios preceptos contemplados en la Ley 45 de 2007, que dicta medidas para salvaguardar a los consumidores. Estas cifras se desprenden de un conteo realizado hasta ayer en el tablero de multas que mantiene la entidad en su página electrónica.

Los motivos de las infracciones van desde denuncias, ventas condicionadas, aumento de matrículas hasta pagos obligatorios para actividades extras curriculares.

Según pudo verificar La Estrella de Panamá, las denuncias por infracciones a la ley 45 ocupan el primer lugar en cuanto a multas impuestas en primera instancia por este ente regulador, las cuales ascienden a un monto de $7,800 a 11 planteles educativos.

Le sigue en este contexto de valía las ventas atadas o condicionadas por $4,650 a 8 escuelas o colegios.

En tercera posición aparece el aumento de matrículas y que conlleva multas por $4,500 a 4 centros educativos privados.

Las multas comprende otros motivos tales como falta de información comercial, investigación administrativa y sin información clara, entre otras anomalías.

Esta semana los centros educativos han estado en el ojo de la tormenta, luego de que la Acodeco revelera que un 66% de los colegios que consideró en su tradicional sondeo incrementarán sus costos de anualidad para el año 2020, entre $50 y $550.

El informe, que se da a conocer todos los años para este mes, igualmente revela que hasta 44% subirán la matrícula algunos de estos centros de enseñanzas, lo que implicaría un desembolso de entre $50 y $200 para los padres de familia.

Representantes de planteles educativos justifican estos incrementos año tras año, al alegar que los mismos obedecen al aumento de personal docente, a proyectos de ampliación y mejoras en las infraestructuras de los centros, inversiones para mobiliarios y equipos para dotar adecuadamente el sistema de enseñanza aprendizaje y que redundan en beneficio de los estudiantes.

Alegan también que las constantes alza de la tarifa eléctrica, así como los ajustes al salario mínimo y equiparación a los profesores es parte de los gastos operativos que tienen que hacer frente para que los planteles sigan funcionando.

Actualmente, existe en la Asamblea Nacional un proyecto de ley que entre sus planteamientos busca que estos centros de enseñanza particulares puedan ejecutar un contrato de servicios educativos con los padres de familia por segmento divido en tres años.

“El contrato debe establecer los montos correspondientes a los tres años consecutivos divididos en las anualidades respectivas y las cuotas mensuales para cada año. Deberá el contrato incluir una cláusula que determine la posibilidad de un ajuste porcentual a las cuotas anuales y mensuales pactadas”, señala el anteproyecto que presentó los diputados Juan Diego Vásquez Y Arquesio Arias.