DGI derogará resolución que otorga poderes judiciales

Publio De Gracia, director de la Dirección General de Ingresos (DGI) prometió al Colegio Nacional de Abogados (CNA) que derogará la resolución mediante la cual se nombró a cuatro funcionarios de instrucción facultados para recabar la información en materia de defraudación fiscal, aunque mantendrá las competencias.

Lo anterior se dio luego de una reunión que sostuvieron las partes en la que los juristas externaron su preocupación por la resolución en cuestión, ya que bajo su criterio la misma “no está sustentada en la protección de las garantías constitucionales y es una intromisión a la vida de los particulares que no puede ser tolerada”, pronunció el expresidente del CNA, Juan Carlos Araúz. El expresidente de los abogados tomó la palabra luego de la explicación ofrecida por el director, y añadió que “no puede quedar en el ambiente ese tipo de tolerancias porque representan un exceso, no protege a los ciudadanos” indistintamente de si la norma existía desde hace 53 años, pues no se comparece con los tiempos modernos.

Las partes acordaron formar un equipo para limar las preocupaciones, sin desconocer la existencia de la ley y la resolución en cuestión, lo que se busca es adecuar la norma para calmar las aguas y brindar un proceso democrático en estas investigaciones.

La DGI avanza 177 investigaciones por defraudación fiscal, entre ellas mencionó dos casos, uno por $45 millones y otro de $71 millones en materia de defraudación, razón por la que es necesario fortalecer la institucionalidad. En total se calcula una defraudación de $300 millones, aunque hasta el momento los funcionarios no han acudido a medidas extremas que pueden generar inestabilidad, miedo o una acción que se interprete como abuso en el ejercicio. De Gracia acogió la solicitud de los abogados con la condición de establecer una mesa de trabajo para atender el tema y juntos llegar a las propuestas legislativas y mejorar los términos de la redacción. De Gracia destacó que se ha generado una “percepción equivocada” sobre la resolución.

El motivo de la resolución en cuestión era transparentar quién podía hacer este tipo de investigaciones, ya que anteriormente permitía al director designar a cualquier funcionario, incluso sin ser abogado, para iniciar las pesquisas. “Y estas personas son ahora especializadas, hemos centralizado y establecer las personas y si la sección crece, pues nombrar más”, explicó previamente el director de la DGI.

Por otra parte, miembros del CNA solicitaron a la presidenta del gremio Maritza Cedeño que pida al Ejecutivo la expulsión de la embajadora de la Comunidad Europea en Panamá. La razón es por la permanencia de Panamá en la lista de paraísos fiscales en la reciente evaluación.

Para los juristas, la Unión Europea no considera los recientes esfuerzos en adecuar la legislación panameña que obliga a los bufetes a mantener el nombre de los beneficiarios finales de todas las sociedades de las cuales son agentes residentes. De igual forma, han alzado su voz ante la necesidad de resguardar los registros contables de sus clientes, lo que para los abogados representa más costos, personal enfocado en la tarea, espacio en los archivos para guardar facturas, historiales bancarios y demás, aunado a actualizaciones de programas informáticos para la protección de datos. Tareas que corresponden a los contables, según sus apreciaciones.

En este sentido, De Gracias señaló que en la reciente evaluación los países votaron en contra de Panamá en el informe de código de conducta, aduciendo que aún no ha probado que es un país que intercambia información en plena satisfacción a requerimiento. El otro asunto que obstaculiza salir de la lista es el tema de la renta territorial que rige en el Istmo.

“En 2019 entramos en la evaluación que se hizo tres años antes, ahí se determinó que el país era parcialmente cumplidor, es decir, por debajo de tres, no pasa la materia”, manifestó De Gracia. Añadió que desde 2020 a la fecha, la información que ha entregado e intercambiado Panamá a requerimiento en cuanto al beneficiario final de las sociedades está casi al 100%. En cuanto a registro contable se ha cumplido en un 73%. “Si nos evalúan anticipadamente, como solicitan los abogados para ser excluidos de la lista de paraísos fiscales, puede ser que hayamos superado la calificación o podemos quedar en la misma. Es mejor ponernos de acuerdo en el tema de registros contables antes de solicitar la evaluación”, indicó.

“Aquí no gobierna lo técnico, sino lo político. Si un embajador no es consciente de cómo el país avanza y nos hacen esperar una evaluación para el 2025, no es lógico”, protestó Araúz. ¿Qué hace ese embajador aquí? ¿qué tipo de información envía?, se preguntó el jurista. “Los dos temas están ligados a una misma existencia, ponemos por sentado de que el país es consciente de transformarse, pero no sujeto a chantaje. Propugno por la petición diplomática de la expulsión de la embajadora europea hasta tanto sean conscientes de nuestra territorialidad”, zanjó el expresidente.

Cedeño indicó que ante la petición el Ejecutivo tendrá que hacer los análisis correspondientes, pues hace falta mucha información que los evaluadores desconocen sobre los avances en la materia. Panamá ha hecho una ‘cuota de sacrificio’ ante las exigencias de los estándares suscritos en 2008 junto a otros 135 países del mundo que en el momento ponderaron la importancia de la transparencia internacional en materia tributaria.