Una agenda de protección social e inclusión productiva

La agricultura es la principal actividad de los habitantes rurales de Centroamérica. Se estima que más de tres millones de familias se dedican a esta actividad y su rol es clave para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de nuestros países. Sin embargo, casi la mitad de los habitantes rurales de América Latina y el Caribe son pobres, y cerca de un tercio se encuentra en situación de pobreza extrema.

A pesar de los esfuerzos de los gobiernos, los programas de protección social se han mostrado insuficientes para acabar con la pobreza, y se ha producido un estancamiento e incluso algunos países han retrocedido en la reducción de la pobreza rural.

En este contexto, es necesario repensar las estrategias para erradicar la pobreza.

Los países deben buscar nuevos esquemas que articulen las políticas y programas de salud, educación, vivienda, y las transferencias de recursos en efectivo con los programas de inclusión productiva a nivel territorial.

La inclusión económica y productiva implica una atención focalizada en los grupos más vulnerables, como son las mujeres, la juventud, los pueblos indígenas, para fomentar su vinculación al mercado laboral; la generación de nuevas oportunidades para el emprendimiento, el acceso a recursos productivos y mercados para los agricultores familiares; así como acceso a servicios de extensión, financiamiento y seguros agrícolas con los que actualmente no cuentan.

Un ejemplo interesante lo encontramos en los modelos de compras públicas a la agricultura familiar para la alimentación escolar. Este modelo genera un esquema doblemente beneficioso, por un lado para la generación de ingresos a las familias y el desarrollo de las zonas rurales, y por otro la mejora de la seguridad alimentaria en los escolares.