Economía, medio ambiente y sociedad: el gran dilema

PANAMÁ. Durante mucho tiempo se ha discutido acerca de dónde se ubica la frontera que permite que el crecimiento económico se pueda realizar sin afectar tanto la existencia como la calidad de los Recursos Naturales del ambiente que nos rodea.

Por una parte se ubican aquellos que señalan que el tema de la conservación del medio ambiente se constituye en un freno para la generación de riquezas y por la otra se encuentran aquellos que defienden el respeto al ambiente en el cual vivimos para garantizar no sólo la calidad de vida de la población actual, si no, de las generaciones futuras.

Cuando se observa el comportamiento del crecimiento del Producto Interno Bruto de la República de Panamá se nota que a excepción del año 2009 en el cual durante la crisis económica se disminuyó el ritmo de crecimiento, el resto del período del 2003 al 2010 registra un nivel de crecimiento importante y además se estiman por parte del FMI para el 2011 y el 2012 crecimientos del 7.4% y el 7.4%; mientras que las estimaciones de la CEPAL pronostican crecimientos del 8.5 % y del 6 % respectivamente, lo cual nos establecen en ambos casos, como uno de los más altos niveles de crecimiento económico a nivel de América Latina.

A pesar de las alentadoras cifras del comportamiento del PIB, surge la pregunta acerca de cuál es el costo que la sociedad debe pagar por estos altos niveles de crecimiento económico.

Al respecto se puede observar que de acuerdo a la Comisión Económica para América Latina, al analizar las Tasas de Crecimiento Promedio de Emisiones del CO2 en América Latina durante los años de 1990 al 2006, la República de Honduras muestra el mayor promedio de crecimiento con un 6.59%, mientras que Panamá se ubica en la séptima posición de un total de 26 países de Latinoamérica, otorgándonos el triste honor de ser uno de los países más contaminantes de América Latina.

Como es bien conocido, una alternativa para enfrentar y disminuir el crecimiento de estas emisiones de gases que crean el Efecto de Invernadero consiste en el incremento de la superficie boscosa de los países.

No obstante, otra consecuencia de este ‘crecimiento’ se refleja en la disminución de la superficie boscosa de la República de Panamá de 1990 al 2005. De 1990 al 2000, se perdió un total de 69 mil hectáreas de bosques y del 2000 al 2005 se perdieron otras 13 mil hectáreas. Esta disminución limita gravemente la posibilidad de disminuir por otra parte la emisión de CO2 al medio ambiente.

ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL

Para garantizar el adecuado equilibrio entre las posiciones de defensa del crecimiento económico y la protección del medio ambiente, se establece la necesidad de la realización de Estudios de Impacto Ambiental a través de los cuales se determina qué efectos se podrían generar como consecuencia del desarrollo de determinada actividad económica y cuáles serían las acciones a tomar para mitigar aquellos impactos negativos que se pudieran generar.

En estos estudios se establece que a medida que aumenta la posible afectación ambiental se hace igualmente necesario realizar un mayor nivel de consultas a la población que habita en el área de influencia del proyecto de manera que esta tenga una participación importante en el posible desarrollo de los mismos.

A pesar de la necesidad de este instrumento de protección del medio ambiente, en Panamá, se conmemora que hace un año, de una manera inusual y sin desarrollar mayor consulta ciudadana se aprobó la Ley 30 en la cual se establecía que ‘las actividades, obras o proyectos que debían someterse a un proceso de evaluación de impacto ambiental podrían acogerse en vez de realizar este estudio, a las Guías de Buenas Prácticas Ambientales que les sean aplicables, siempre que estas hubieran sido aprobadas por el Órgano Ejecutivo’.

Con esta disposición se eliminaba la obligatoriedad de la preparación de la evaluación del impacto ambiental que establece mecanismos claros ya sea o para frenar o mitigar la afectación ambiental por una guía de meras sugerencias y recomendaciones.

Esta tristemente célebre ley conocida popularmente como la Ley Chorizo, generó reacciones de protesta por las desastrosas connotaciones que conllevaba, hasta que finalmente y lamentablemente luego de un saldo de dos muertos y muchos heridos e incapacitados permanentemente en la Provincia de Bocas del Toro, se derogó esta nefasta ley.

Lastimosamente esta derogación no surgió como producto de la reflexión por parte del Gobierno Nacional del error cometido, si no que la misma sólo fue posible gracias a la acción de protesta de la sociedad civil organizada, que levantó su voz de protesta contra semejante atentado en contra de la naturaleza.

Si no se hubiera contado como semejante estructura social, indudablemente en estos días se hubiera empezado a sentir las consecuencias de semejante exabrupto, razón por la cual se confirma la necesidad de contar con gremios debidamente organizadas en la sociedad civil con el fin de convertirse en salvaguardas del medio ambiente.

PAPEL DE LAS ONG

La importancia que actualmente tienen las organizaciones no gubernamentales (ONG) en el desarrollo social y económico de la población pobre y marginada, les hace objeto de una especial atención por parte del sector gubernamental.

En la medida en que las ONG sean fortalecidas, se convierten en un instrumento clave en el desarrollo integral del país, lo que significa una inversión a largo plazo para el beneficio de la mayoría de los pobres que demandan cada vez más de atención directa e inmediata.

El papel que desempeñan las ONG hace necesario que el Gobierno Nacional establezca canales de comunicación con las mismas y facilite de manera más efectiva la labor Gobierno - ONG, promoviendo acciones más concretas en los aspectos de promoción, capacitación, asistencia técnica y orientación para el fortalecimiento de las ONG, sostiene un Informe General de las ONG en Panamá, Ministerio de Economía y Finanzas.

Según el documento antes citado, antes de 1960, sólo se habían constituido 5 Organizaciones No Gubernamentales en Panamá, de 1960 al 94, se establecieron 185 ONG’S, mientras que del 95 al 2000 se establecieron 360 en nuestro país. No cabe la menor duda que al actualizar estas cifras se confirmaría la tendencia creciente de la sociedad con el fin de participar de manera directa en la solución de los problemas que más le aquejan.

Desde el punto de vista ambiental, según José Vargas Hernández, ‘La democracia participativa es un método de resolución de conflictos ambientales que puede conciliar las variables económicas, ambientales y sociales mediante el involucramiento y la participación de la ciudadanía que ejerce su derecho al libre acceso de la información ambiental publicitada por los mismos actos gubernamentales’.

‘La gobernabilidad democrática debe sustentarse en herramientas que promuevan una utilización más racional de los recursos ambientales en función de determinados estándares de calidad que garanticen la sustentabilidad, tales como la provisión de información transparente mediante libre acceso, los programas promocionales de educación ambiental y una institucionalización de mecanismos, políticas y procedimientos orientados por un proyecto de desarrollo verdaderamente sustentable’.

Se debe garantizar, el respeto a las prácticas de defensa del Medio Ambiente que se implementan en nuestro país incluso por encima de los estándares internacionales requeridos.

Disminuir por el ejemplo, los niveles de control con relación a la cantidad de residuos que se pueden vertir directamente sin mayor tratamiento, sólo por que las exigencias ambientales de otros países son menores que las nuestras, sólo contribuirá al empeoramiento de nuestra calidad de vida y abrirá la puerta para seguir relajando nuestros estándares hasta convertirnos en el fiel reflejo de otros países en los cuales la contaminación ambiental que experimentan hacen imposible la vida en ciertas áreas de los mismos.

Sólo la acción de la sociedad civil organizada puede contribuir a garantizar que los objetivos de crecimiento económico de un país que son comunes a todos los habitantes del mismo, se cumplan con el mayor respeto posible al medio ambiente en el cual nos desenvolvemos nosotros hoy y nuestros hijos mañana.