Panamá ante la ola digital: urge regular los activos digitales

La adopción de activos digitales por parte de corporaciones e instituciones financieras está entrando en una nueva fase de madurez. Impulsada por la innovación tecnológica, la presión del mercado y una creciente claridad regulatoria en economías avanzadas, esta transformación representa tanto una oportunidad como un desafío para países como Panamá. El reciente informe de Goldman Sachs, Why Digital Asset Adoption is Accelerating, ofrece una radiografía precisa del momento actual y plantea interrogantes clave sobre el rol que deben asumir los gobiernos en este nuevo paradigma financiero.

Durante años, los activos digitales fueron percibidos como una promesa lejana, limitada a entusiastas tecnológicos y startups. Sin embargo, el panorama ha cambiado radicalmente. Las empresas están respondiendo a una creciente demanda de experiencias digitales más ágiles, seguras y personalizadas. Robinhood, por ejemplo, habilitó el comercio de criptomonedas para atender a una generación de usuarios nativos digitales; Nike lanzó su línea Cryptokicks, combinando productos físicos con NFTs para ofrecer autenticidad y exclusividad; y Porsche ha utilizado tokens no fungibles para brindar beneficios y experiencias únicas a sus clientes. La introducción de ETFs de criptomonedas, como el exitoso lanzamiento de $IBIT, ha legitimado aún más el sector ante los ojos de los inversores institucionales.

La clave de este cambio radica en dos factores: acceso y optimización. Por un lado, los activos digitales están siendo ofrecidos a través de vehículos familiares como los ETFs. Por otro, la tecnología blockchain permite operar 24/7, con liquidaciones casi instantáneas y una transparencia sin precedentes, desafiando la rigidez de las infraestructuras financieras tradicionales.

Uno de los catalizadores más importantes de esta aceleración ha sido el avance regulatorio. En Estados Unidos, la administración Trump ha emitido órdenes ejecutivas para establecer un marco integral de activos digitales, incluyendo la creación de una Reserva Estratégica de Bitcoin y la flexibilización de normas contables para bancos que custodien criptoactivos. En paralelo, el Congreso ha propuesto leyes como los proyectos GENIUS y STABLE, que buscan establecer reglas para la transparencia operativa, responsabilidad legal para los emisores y protección al consumidor.

Europa, por su parte, ha implementado el reglamento MiCA, que establece normas para emisores, custodios e intercambios de criptoactivos. El Reino Unido ha lanzado su Digital Securities Sandbox, y en Asia, Hong Kong y Singapur han definido marcos regulatorios para activos virtuales y stablecoins. Incluso Emiratos Árabes Unidos se ha posicionado como un hub tecnológico para activos digitales.

Frente a este panorama global, Panamá no puede quedarse atrás. Durante el reciente APAMEC Forum 2025, expertos como Belisario Castillo, de Banco Aliado, y Oliver Muñoz, de Quijano & Asociados, advirtieron que la falta de una regulación clara sobre activos digitales, proveedores de servicios de activos virtuales (VASPs) y la representación digital de valores negociables representa un riesgo significativo para la competitividad del país como centro financiero, así como para su cumplimiento con los estándares internacionales, en particular los establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Ante este contexto, es imperativo que el Ejecutivo panameño impulse una legislación que:

1. Defina legalmente los activos digitales y los VASPs, en línea con las recomendaciones del GAFI.

2. Establezca un marco normativo para la tokenización de valores, permitiendo su representación digital y negociación en plataformas basadas en blockchain.

3. Fomente la innovación responsable, mediante la creación de espacios de prueba regulatoria (sandboxes) que permitan experimentar con nuevas tecnologías sin comprometer la estabilidad del sistema financiero nacional.

El informe de Goldman Sachs destaca cómo sectores tradicionales están encontrando valor en la tecnología blockchain. Walmart, por ejemplo, ha reducido el tiempo de trazabilidad de productos alimenticios de siete días a 2.2 segundos utilizando Hyperledger Fabric para rastrear productos alimenticios desde su origen hasta el punto de venta. Esto mejora la trazabilidad y permite responder rápidamente ante problemas como brotes de enfermedades transmitidas por alimentos. En el sector de lujo, marcas están utilizando blockchain para verificar la autenticidad de sus productos, combatiendo la falsificación.

Además, la tokenización de activos reales (RWA) como bonos, fondos del mercado monetario o bienes raíces promete transformar los mercados financieros. Según un estudio de BCG y Ripple, este mercado podría alcanzar los 18.9 billones de dólares para 2033.

Las stablecoins, consideradas la primera “killer app” de las criptomonedas, están revolucionando los pagos transfronterizos. Estas monedas digitales, respaldadas por reservas de efectivo, equivalentes de efectivo o bonos gubernamentales a corto plazo, mantienen una paridad estable con monedas fiduciarias como el dólar. Al operar sobre tecnología blockchain, permiten realizar transferencias casi instantáneas y a muy bajo costo. Su adopción ha crecido rápidamente, alcanzando una capitalización de mercado cercana a los 220 mil millones de dólares.

Además de facilitar pagos, las stablecoins están ampliando el acceso a servicios financieros para comunidades sub-bancarizadas, especialmente en regiones donde las remesas representan una fuente clave de ingresos.

La pregunta ya no es si los activos digitales formarán parte del futuro financiero, sino cómo y cuándo los países se adaptarán a esta nueva realidad. Panamá, con su vocación de centro financiero internacional, tiene una oportunidad única para posicionarse como un hub regional de innovación financiera. Pero para lograrlo, debe actuar con decisión.

Adoptar una regulación moderna y clara no solo permitirá atraer inversiones y fomentar la innovación, sino también garantizar el cumplimiento de estándares internacionales, proteger a los consumidores y fortalecer la integridad del sistema financiero.

En palabras del informe: “Estamos pasando de la fase del ‘por qué’ a la del ‘cómo’ integrar los activos digitales”. Panamá debe responder a esa pregunta con visión, liderazgo y acción legislativa.