¿Por qué el fallo de PPC no impactaría el perfil crediticio de Panamá?

El fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declara inconstitucional el contrato con Panama Ports Company (PPC) ha generado diversas interpretaciones sobre la estabilidad económica del país. Para los economistas Adolfo Quintero y Juan Jované, la lectura es clara: la decisión no comprometería, por sí sola, el perfil crediticio de Panamá ni su grado de inversión. Esta valoración coincide parcialmente con la postura reciente de la calificadora Moody’s Ratings, que señaló que “la declaración de inconstitucionalidad del contrato de PPC, por parte de la Corte Suprema, no tendrá un impacto directo en el perfil crediticio de Panamá”.

Sin embargo, las tres partes advierten que el escenario solo se tornaría riesgoso si PPC decidiera interponer una demanda o un arbitraje internacional. En un comunicado difundido este martes, Moody’s aclaró que la eventual iniciación de un arbitraje internacional por parte del concesionario constituiría un pasivo contingente que podría tener implicaciones para las finanzas públicas, un factor clave en la calificación soberana.

“Si bien un fallo adverso contra el Estado podría complicar la consolidación fiscal, consideramos poco probable que dicho proceso se resuelva en el corto plazo”, señaló la agencia calificadora, que actualmente mantiene la calificación crediticia de Panamá en Baa3, con perspectiva negativa.

Quintero subrayó que, si bien la decisión fortalece la visión de país al corregir “fallas administrativas” en contratos de larga data, también abre la puerta a un período de fricción legal. Advirtió que los propietarios de los puertos “no se quedarán con los brazos cruzados” y que es altamente probable que recurran a acciones legales, lo que podría derivar en un arbitraje internacional.

Jované, por su parte, explicó que el riesgo de una demanda internacional no es únicamente financiero, sino también diplomático. “Una disputa legal de largo aliento con una empresa estatal o protegida por China podría generar fricciones que afecten la imagen de seguridad jurídica de Panamá”, sostuvo.

Además, planteó un problema práctico que suele pasarse por alto en los debates legales: ¿quién operará el puerto y con qué herramientas? Aunque el Estado panameño es propietario de la tierra y de la infraestructura fija, señaló que el equipo necesario para movilizar la carga pertenece a la empresa.

“El puerto es de Panamá, pero las grúas son de la empresa. Si no hay una transición pacífica o un acuerdo de venta o alquiler del equipo móvil, la operatividad se detiene”, advirtió.

Jované añadió que, si la empresa decide, como medida de presión, desmontar y retirar su equipo, el puerto quedaría inoperante, lo que provocaría la migración de clientes hacia otros puertos de la región y afectaría directamente la captación de divisas y la monetización de la economía panameña.

Según PPC, a lo largo de 28 años de operación, -junto a su inversionista- han realizado inversiones superiores a los $1,800 millones en infraestructura, tecnología y desarrollo humano.

Uno de los puntos centrales destacados por los economistas es la naturaleza de la actividad tras el fallo. A diferencia del cierre de la mina Cobre Panamá, donde la suspensión de operaciones tuvo un impacto directo y negativo en el empleo formal y el Producto Interno Bruto (PIB), el escenario portuario es distinto. “En el caso de los puertos, el empleo no se ha perdido. La actividad económica va a continuar y no se ha suspendido; lo que se está reestructurando es la administración”, explicó Quintero.

Sin embargo, Jované fue tajante al señalar que existen intereses geopolíticos que influyen en estas percepciones. Recordó que el Gobierno de la República Popular China ya manifestó que defenderá a sus empresas. “Vivimos en un mundo donde la economía está influida por la geopolítica. Para algunos sectores es ‘muy malo’ lo que pasó con la mina (capital canadiense/occidental), pero no ven igual de grave que los chinos pierdan los puertos”, explicó.

Quintero expresó que, mientras la mina representaba un efecto multiplicador crítico en las provincias centrales que se detuvo abruptamente, el sector logístico sigue operativo, lo que permite que la proyección de crecimiento del país se mantenga positiva, impulsada también por proyectos como el Tren Panamá-Frontera.

Sobre el entorno internacional y la histórica pugna de influencia entre China y Estados Unidos en la zona del Canal, Quintero fue enfático en que el fallo de la CSJ es estrictamente “en derecho” y no debe responder a presiones políticas externas.

“Panamá tiene que exigir el respeto de su soberanía y de su toma de decisiones, pero estas deben enmarcarse no solo en el derecho nacional, sino también en el internacional”, señaló. Para el experto, la fortaleza económica y social de Panamá depende de que los gobernantes actúen con seriedad y no en función de intereses particulares o de grupo.

China, no obstante, advirtió este martes que Panamá podría enfrentar “altos precios” por la anulación del contrato de PPC. La Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao del Gobierno chino calificó el fallo judicial como “absurdo”, “vergonzoso” y “patético”, y aseguró que defenderá los intereses de las empresas chinas afectadas por la decisión.

Sin mencionar directamente a una nación, la oficina china acusó a “algún país” de utilizar tácticas de intimidación para imponer su voluntad y señaló que Panamá habría cedido a ese poder hegemónico. Además, reiteró que China cuenta con los medios necesarios para defender un orden económico y comercial internacional justo.