Superintendencia alerta de riesgos para la estabilidad crediticia en 2025

La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) reveló que las perspectivas para el 2025 plantean desafíos que podrían tensionar la estabilidad crediticia del país.

En el Informe de Estabilidad Financiera II Semestre del 2024, la SBP explica que Moody’s, mantuvo la calificación soberana de Panamá en Baa3 (grado de inversión mínimo), pero revisó su perspectiva a negativa, advirtiendo sobre riesgos vinculados al deterioro en indicadores fiscales clave y al limitado progreso en la implementación de reformas estructurales críticas, particularmente en materia de sostenibilidad fiscal y eficiencia recaudatoria.

Mencionó que esta revisión refleja preocupaciones sobre la capacidad del gobierno para corregir desviaciones fiscales en un contexto de márgenes de maniobra reducidos, lo que incrementa el riesgo de una rebaja de grado en el próximo ciclo de evaluación si no se materializan ajustes de política creíbles y medidas de consolidación.

Advirtió que la combinación de presiones de financiamiento, rezagos en reformas y una trayectoria de deuda ascendente podría amplificar las percepciones de riesgo entre inversionistas, con implicaciones directas sobre el costo de capital y la presión sobre el acceso a mercados en condiciones favorables.

En relación con el Índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI) de Panamá, la SBP explicó que para el 2024 cerró con 280 puntos básicos (pbs), nivel que refleja un diferencial de rendimiento 120 pbs superior al promedio de países con calificación BBB y 50 pbs por encima de emisores BB.

Esta brecha, dijo, sugiere una percepción de riesgo país equivalente a una calificación speculative-grade (no grado de inversión), lo que sugiere escepticismo de los mercados ante desafíos fiscales y externos.

La SBP señaló que un marco fiscal con menor capacidad de absorción de shocks, sumado a un entorno global restrictivo, donde la Reserva Federal mantiene tasas altas y los flujos de capital hacia mercados emergentes son volátiles, podría ampliar la prima de riesgo soberano (EMBI+).

Aclaró que esto elevaría el costo de la deuda, reduciendo el espacio fiscal para prioridades, como inversión en infraestructura crítica y programas de protección social.

Estimó que la calificación podría mantenerse durante el primer semestre de 2025, respaldada por la solvencia del sistema financiero y la mejor previsión de crecimiento durante el año. No obstante, expresó que la convergencia de factores adversos en 2025 y la presión sobre el sistema previsional, podría requerir una acción inmediata y coordinada para evitar una degradación crediticia.

Para el 2025, la SBP indicó que las proyecciones apuntan a un crecimiento moderado, entre el 3 % y 5 %, con una estimación central del 4 %.

Este escenario, según el regulador, se sustenta en la diversificación económica, inversiones en infraestructura y la consolidación de sectores no mineros. Sin embargo, dijo, el ritmo de recuperación dependerá de la implementación de reformas estructurales a someterse a consideración durante el primer trimestre de 2025.

Entre los desafíos más relevantes destacó la modernización de la Caja de Seguro Social (CSS), cuya sostenibilidad financiera está bajo presión debido a un déficit actuarial del 85,2 % del producto interno bruto (PIB) de 2024, y la gestión de una consolidación fiscal y manejo de la deuda pública, que alcanzó el 56 % del PIB en 2024.

Para la SBP, la ausencia de avances en estos ámbitos podría restringir la flexibilidad fiscal y erosionar la confianza de los inversionistas, en un escenario donde alertas de instituciones clave, como bancos de inversión, destacan el riesgo de una degradación crediticia en 2025 si no se implementan las medidas correctivas necesarias.

Mencionó que esto sugiere el emprender acciones en estas áreas para mitigar presiones sobre la calificación, particularmente en un entorno macroeconómico que demanda respuestas ágiles ante desafíos estructurales y expectativas de mercado cada vez más sensibles a señales de detrimento en materia fiscal.

En este contexto, y como mitigante, según la SBP, se implementó la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, la cual fija un techo máximo de déficit fiscal del 4,0 % del PIB para 2025, con ajustes graduales de 0,5 % anuales hasta alcanzar un límite del 1,5 % en 2030.

Asimismo señaló que este marco normativo apunta a reducir la deuda pública al 40 % del PIB para 2040, un objetivo alineado con las necesidades de una economía dolarizada que requiere márgenes de seguridad ante shocks externos.

Según la SBP, esto exigiría una consolidación fiscal acelerada en un entorno de elevados costos de financiamiento, lo que podría intensificar las presiones sobre el grado de inversión en un escenario macroeconómico restrictivo.

“El cumplimiento de estas métricas será clave para preservar la credibilidad fiscal y mitigar riesgos asociados a las expectativas de los mercados financieros ante la posibilidad de incumplimiento de estos estándares establecidos en la Ley, particularmente ante señales de tensión en la sostenibilidad de la deuda”, subrayó.