OCDE acusa a España de poco diligente en lucha contra sobornos

La OCDE manifestó su inquietud por el escaso alcance de las medidas judiciales tomadas por las autoridades españolas contra los sobornos de funcionarios extranjeros, en un informe publicado este martes.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con sede en París, destacó que desde que España reformó su Código Penal hace 13 años para combatir eficazmente la corrupción de agentes públicos extranjeros, sólo se han abierto siete investigaciones, que no dieron lugar a procesos ni a condenas.

Los inspectores de la organización afirmaron haber identificado cinco casos más, uno de ellos en Panamá y otro en El Salvador, en los que hubo indicios de un presunto delito de soborno y que ni siquiera se tradujeron en la apertura de una investigación.

"Los examinadores están seriamente preocupados por que ninguna de las poquísimas investigaciones abiertas por soborno de agentes extranjeros (...) haya dado lugar a procesos o condenas, y por el hecho de que una de las causas sea la falta de comunicación entre las autoridades competentes", escribe la OCDE en su informe.

Entre las siete investigaciones abiertas, el texto destaca una en Costa Rica en la que una empresa española habría pagado entre 2002 y 2005 unos 100.000 dólares a un funcionario para obtener un contrato de construcción de una red de cableado eléctrico subterráneo, de un valor de 55 millones USD. La investigación abierta en 2008, detalla el informe, fue cerrada por considerarse que al cabo de tres años los hechos habían prescrito.

Los inspectores se manifestaron "particularmente alarmados por el escaso número de investigaciones por soborno de agentes extranjeros dado el tamaño de la economía española y sus importantes actividades comerciales exteriores, incluyendo sectores y países de alto riesgo".

El texto publicado este martes es el tercer informe sobre los avances de España en la aplicación del Convenio de Lucha contra la Corrupción de Agentes Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales, adoptado por la OCDE y ratificado por Madrid. La organización publicó su anterior evaluación en 2006 e hizo nuevas recomendaciones en 2009.

La OCDE recomienda que Madrid "revise todo su enfoque" para cumplir mejor la convención, y entregue dentro de un año un informe de autoevaluación sobre los progresos realizados en la reforma de su Código Penal y en la persecución de casos de sobornos.

Los examinadores, de Brasil y Chile principalmente, basaron su informe en textos legales, regulaciones y otras informaciones obtenidas durante una visita a Madrid del 3 al 5 de julio de 2012, en la que se reunieron con representantes de los sectores público y privado y de la sociedad civil.