Organismos alertan pérdida de "derechos fundamentales" en Ecuador

El Comité Coordinador de Organizaciones de Libertad de Prensa, al cual pertenece la asociación patronal de medios SIP, advirtió el viernes sobre la progresiva pérdida de la libertad de prensa y "derechos fundamentales" en Ecuador.

En una resolución aprobada por al menos cuatro organismos internacionales encargados de supervisar la libertad de prensa, se alertó sobre las "graves implicaciones para el ejercicio libre e independiente del periodismo" que conlleva la recién aprobada ley de comunicación de Ecuador, favorecida por el gobierno del presidente Rafael Correa.

La ley limita la participación de medios privados y es denunciada como una mordaza por un sector de la prensa.

Tras describir los aspectos más polémicos de la ley, la resolución alerta "a los organismos internacionales, a los estados democráticos y a los medios de comunicación de América y del mundo sobre la progresiva pérdida de los derechos fundamentales en Ecuador, especialmente la libertad de expresión y la libertad de prensa", dijo un comunicado divulgado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), con sede en Miami.

La resolución fue suscrita por la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR), el Comité Mundial de Libertad de Prensa (WPFC), el Instituto Internacional de la Prensa (IPI) y la SIP.

Tal como reclamó la SIP hace dos semanas, estas organizaciones reiteraron la necesidad de "solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una revisión de la Ley para determinar si es coherente con los tratados y acuerdos internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta Democrática Interamericana.

El Congreso ecuatoriano promulgó a mediados de junio la ley de comunicación que regula los medios y reduce la participación del sector privado mediante una nueva repartición de frecuencias de radio y televisión.

El texto, impulsado por el movimiento Alianza País, del presidente izquierdista Rafael Correa, fue aprobado cuatro años después de iniciado su trámite, ordenado por la Constitución de 2008.