La reelección de Evo Morales marca el año en una Bolivia que espera resurgir

La decisión de Evo Morales de volver a postular en las elecciones de 2019 en busca de un cuarto mandato consecutivo dominó este año la agenda política de Bolivia, cuyo crecimiento económico aún está ralentizado pero espera un impulso tras la puesta en marcha de su primer proyecto petroquímico.

El debate sobre la reelección estuvo presente durante todo el año en los discursos políticos, en prematuras encuestas preelectorales, manifestaciones callejeras y los numerosos eventos a los que asiste a diario Morales, en los que sus seguidores le expresan siempre que debe gobernar al menos hasta 2025.

Fue en septiembre cuando el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) para que declare inaplicables varios artículos de la Constitución y anule otros de la ley electoral que impedían a Morales volver a postular, lo que fue validado en noviembre por los magistrados.

La decisión fue criticada por los principales líderes opositores, la Iglesia católica e incluso por la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, que en los últimos años se había mantenido al margen de asuntos políticos.

Estos sectores han alertado de que el fallo genera incertidumbre, abre el camino hacia el "totalitarismo" y supone un desconocimiento de los resultados del referendo celebrado en 2016, en el que ya fue rechazada una reforma para que Morales sea candidato en 2019.

Por contra, el oficialismo ha defendido el liderazgo de Morales para cumplir la "Agenda patriótica 2025", que plantea una serie de metas sociales y económicas para celebrar ese año el bicentenario de la independencia de Bolivia.

La sentencia repercutió en las elecciones judiciales de diciembre, en las que los bolivianos estaban convocados a elegir por segunda vez en las urnas a los magistrados de los principales tribunales del país, pero terminó imponiéndose el voto nulo que pedía la oposición.

Los opositores, que ya antes del fallo a favor de Morales pedían el voto nulo, convirtieron la elección en un referendo contra la nueva postulación del presidente.

La polémica sobre la reelección de Morales también ha dejado al descubierto una crisis de liderazgos en el país, pues mientras el partido oficialista depende de su líder, la oposición no tiene una cabeza visible para hacerle frente.

En esa pelea surgió la figura del expresidente Carlos Mesa (2003-2005), cuya posición crítica del Gobierno le ha valido ser blanco de ataques del oficialismo.

Mesa, que es el portavoz de la centenaria reclamación de Bolivia a Chile para contar con salida al mar, ha reiterado que no planea postular en 2019, pero aún así aparece en las encuestas con los apoyos más altos para enfrentarse a Morales.

El eterno litigio con Chile y la habitual retórica de Evo Morales contra EE.UU. marcaron nuevamente la agenda internacional boliviana, en la que también fueron frecuentes los ataques al secretario general de la OEA, Luis Almagro, por sus críticas al Gobierno del venezolano Nicolás Maduro, aliado del mandatario boliviano.

La economía boliviana aún no termina de sacudirse de la ralentización de los dos últimos años por el descenso del precio del gas natural, su principal producto de exportación que está indexado al coste internacional del petróleo.

La balanza comercial boliviana registró un déficit de 899 millones de dólares al tercer trimestre del año, que comenzó con una proyección de crecimiento económico de 4,8 %, pero es probable que se quede en un 4 %.

Las autoridades defienden que la demanda interna, impulsada por el gasto público, ha tenido una incidencia importante en el crecimiento económico y el país ya no depende únicamente de sus exportaciones.

La esperanza está puesta ahora en la planta petroquímica que comenzó a operar en septiembre y que supone el inicio de la industrialización del gas prometida por Morales en 2006, cuando emprendió la nacionalización de recursos energéticos.

Se calcula que entre el 10 y 15 % de la producción cubrirá la demanda interna de urea y el resto se venderá a mercados como el brasileño, el primero al que empezó a exportarse en un hito histórico para Bolivia.

Bolivia no se libró de la corrupción, que quedó patente con dos casos sonados que involucraron a la petrolera YPFB, la insignia de las nacionalizaciones del Gobierno de Morales, y el estatal Banco Unión.

Siete funcionarios están en prisión por supuestas irregularidades en la compra de tres perforadoras a la firma italiana Drillmec por 148,8 millones de dólares, que también le costaron el cargo en junio al entonces presidente de YPFB Guillermo Achá.

Entretanto, el banco estatal sufrió un desfalco de 5,4 millones de dólares del que se acusa al exgerente de operaciones de una sucursal en el altiplano Juan Pari Mamani.

El 2018 se vislumbra como un año preelectoral, con Morales en campaña permanente y la oposición intentando superar la atomización que actualmente le impide unirse para enfrentar al mandatario.