Tráfico de cocaína sacude otra vez al Gobierno hondureño

Bajo los cargos de conspirar para importar cocaína, la Fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York (EE.UU.), imputó el pasado 26 de noviembre a Juan Antonio ‘Tony' Hernández, empresario, excongresista y hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.

Según la fiscalía neoyorquina, Tony Hernández es un narcotraficante a ‘gran escala' que estaba involucrado en todas las fases del proceso de trasiego de narcóticos en coordinación con las mafias colombianas y mexicanas, para introducir cocaína a los Estados Unidos; acusaciones que lo podrían llevar a pagar cadena perpetua de ser hallado culpable por la máxima pena.

El caso de Tony Hernández, se convierte en un episodio más de un enrevesado panorama político en Honduras que no ha hecho más que profundizar la crisis en el nación centroamericana, que con el tiempo ha adquirido toda clase de elementos, desde denuncias de fraude, a asesinatos políticos, escándalos de corrupción y la presunta filtración de enormes sumas de dinero provenientes del narcotráfico entre las instituciones del país.

‘Desde al menos mediados de 2004, varias organizaciones de tráfico de drogas trabajaron (...) con el apoyo de cierto individuos públicos y privados prominentes, incluidos políticos hondureños y funcionarios judiciales, para recibir toneladas de cocaína enviadas desde y hacia Honduras (...) los narcotraficantes pagaron sobornos a oficiales públicos, incluyendo a miembros del Congreso Nacional de Honduras (...) (Orlando) Hernández tuvo acceso a los laboratorios en Honduras y Colombia, en los que una parte de la cocaína estaba marcado con el símbolo de ‘TH', es decir, Tony Hernández', señaló este lunes en comunicado la oficina de Geoffrey Berman, fiscal a cargo del caso de Tony Hernández, también miembro del Partido Nacional, colectivo del jefe de Estado centroamericano.

Desde Tegucigalpa, un silencio oficial se mantiene tras la formulación de cargos, con apenas una mención a la prensa local, el presidente hondureño tomó rápidamente distancia de su hermano, indicando ‘que cada quien es responsable de sus actos', y pidiendo además, que ‘el principio de inocencia, del debido proceso y de hacer justicia, prevalezca', siendo una de la pocas declaraciones dadas después de que fuera detenido Tony en la ciudad de Miami.

Ese mismo día, en un escueto comunicado de la Casa Presidencial, fue reiterado lo mismo, sin hacer mención a las acusaciones de colusión entre el narcotráfico, las fuerzas de seguridad y las elites políticas en Honduras.

¿NARCOESTADO?

Anteriormente, el Gobierno ha sido categórico al negar cualquier nexo con el crimen organizado, no obstante, las sombras del ‘narco' no han hecho otra cosa que rodear cada vez más al presidente hondureño.

Antes de la caída de su hermano, el nombre de JOH, como también se le conoce Juan Orlando Hernández, fue directamente mencionado por Devis Leonel Rivera Madariaga, narcotraficante hondureño, hoy cooperante de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) tras negociar su entrega a las autoridades estadounidenses en enero de 2015.

‘Le pedí a Mike Pence, que llamara al presidente de Honduras. Le dijo: escucha! no queremos que permitas la formación de caravanas en tu país. Te pagamos cientos de millones de dólares al año, los cuales es muy probable que se los roben',

DONALD TRUMP

PRESIDENTE DE EE.UU.

Cabeza del cartel ‘Los Cachiros', Devis Leonel junto a su hermano, Javier Rivera Madariaga, lideraron una de las más poderosas organizaciones criminales en Honduras, un país clave en las rutas de la drogas a los Estados Unidos.

Llamado a testificar en un tribunal federal, el temor de políticos y empresarios en Honduras se materializó en uno de sus peores escenarios.

Devis Leonel formalizó acusaciones contra altos oficiales de la Policía y banqueros, señalando incluso al expresidente Porfirio Lobo —también miembro del oficialista Partido Nacional— de recibir soborno a cambio de protección estatal. El traficante dijo además, que inyectó fondos para las campañas electorales del actual presidente hondureño y a la de Lobo, cuyo hijo fue condenado el año pasado a 24 años de prisión en EE.UU. por tráfico de cocaína.

El exjefe de ‘Los Cachiros' sería luego testigo clave para la detención de Tony Hernández, que ya en 2016 había sido denunciado por los mismos delitos, por el excapitán del Ejército hondureño, Santos Rodríguez Orellana. Igualmente, el actual ministro de seguridad de JOH, Julián Pacheco Tinoco, fue señalado por el capo.

De acuerdo a fiscales que llevan el caso, citados por el New York Times , las investigaciones judiciales apuntan a una red de ‘tráfico de drogas patrocinada por el Estado'.

UN ALIADO ‘FIEL'

Como un aparente contrasentido, mientras los tribunales estadounidenses achican el cerco sobre la élite hondureña ligada al narco, la Casa Blanca refuerza sus vínculos con Tegucigalpa.

Desde que estallara el éxodo masivo de hondureños que huyen de la crisis en el país, el presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó duras amenazas contra el Gobierno de JOH por no ‘frenar' las caravanas que no han dejado de salir y a las que se han sumado salvadoreños y guatemaltecos.

El propio Trump llegó a admitir a inicios del mes pasado que probablemente el Gobierno hondureño se robe el dinero que Washington entrega para ‘asuntos de seguridad'.

‘Le pedí a Mike Pence, que llamara al presidente de Honduras. Le dijo: escucha! no queremos que permitas la formación de caravanas en tu país. Te pagamos cientos de millones de dólares al año, los cuales es muy probable que se los roben', zanjó el republicano en un mitin de cara a los recientes comicios legislativos en EE.UU..

Tegucigalpa pidió una ‘rectificación' a Washington, misma que fue ignorada; tampoco estos últimos han cortado los fondos que entregan a Honduras hasta la fecha, pese a las advertencias de Trump.

Con una importante base del Comando Sur en la región de Palmerolas, en el centro de Honduras, invariablemente las Administraciones estadounidenses han procurado conservar las relaciones con el país, que vive en constantes ciclos de crisis política, cuyo origen más reciente se encuentra en el golpe de Estado de 2009, año en que fue derrocado el expresidente Manuel Zelaya.

El respaldo de Washington a la salida de Zelaya y a los sucesivos gobiernos postgolpe, se reiteró con el espaldarazo a la cuestionada reelección de Juan Orlando Hernández en noviembre de 2017, considerada ‘fraudulenta e inconstitucional' por la oposición y en donde la misión electoral de la Organización de Estados Americanos identificó ‘irregularidades, errores y problemas sistémicos antes, durante y después' de los comicios, que hacían imposible decretar un ganador.

Mientras los partidos opositores desconocían el resultado, multitudinarias protestas exigieron durante meses la renuncia de JOH. El conflicto se saldaría con la intervención de las fuerzas ejército y la policía, dejando, según cifras de Amnistía Internacional, más de una treintena de muertos, más de 200 personas heridos y unos 1000 detenidos.

El último informe Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, publicado casi tres meses después de los comicios, sobre la violencias tras las elecciones, señaló que bajo el gobierno de Juan Orlando Hernández, hubo uso ‘intencional y letal de las armas de fuego' contra manifestantes que estaban huyendo, evidenciándose casos de disparos en la cabeza, lo que, en opinión del organismo, ‘suscitan serias preocupaciones y podrían equivaler a ejecuciones extrajudiciales'.