Cadena Agroalimentaria de Arroz suspende importación de 1,1 millones de quintales

La Cadena Agroalimentaria de Arroz ratificó su decisión de no aprobar la importación de 1,1 millones de quintales de arroz en cáscara, una medida que, según el sector productor, busca proteger la cosecha nacional y evitar una sobreoferta perjudicial. Esta postura se mantiene firme a pesar de los intentos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) por desacreditar la reunión del 23 de junio, alegando la falta de cuórum.

Camilo Mendoza, presidente de la Cadena Agroalimentaria de Arroz, recalcó que el acta de la reunión del 23 de junio es la vigente y vinculante. “Se mantiene el acta del día lunes 23 de junio donde se desaprueba la importación de los 1,1 millones de quintales de arroz en cáscara”, afirmó el arrocero.

Relató a este medio que en dicha reunión, el consenso mayoritario de los productores fue desaprobar la millonaria importación que había sido previamente recomendada el 5 de junio.

La decisión se basa en un análisis de inventario que, según Mendoza, demuestra que el país cuenta con suficiente arroz para abastecer el mercado interno hasta enero de 2026, e incluso hasta abril-mayo del próximo año si se aprobaran o incluyeran los quintales en cuestión (1,1 millones de quintales de arroz en cáscara).

Dicho abastecimiento fue dado a conocer en la reunión del lunes 30 de junio, donde los 15 integrantes de la Cadena Agroalimentaria de Arroz, entre productores, industriales y supermercados y no llegaron a concenso manteniéndose la medida acordada el 23 de junio en los predios del MIDA.

El MIDA, por su parte, ha insistido en que la reunión del 23 de junio no cumplió con el cuórum establecido por la Ley 49 de 2017, argumentando que solo participaron 8 de los 15 miembros. No obstante, los productores defienden la validez de sus acuerdos para salvaguardar la rentabilidad y sostenibilidad del sector arrocero nacional.

La tensión en el sector arrocero se incrementó esta misma semana con la llegada de 463.227,69 quintales de arroz al puerto de Cristóbal, en Colón, en el granelero Ananya Naree (IMO 9464003).

Este grano se lo redistribuyen seis empresas: Grupo Romal (34.722,45 qq), Lago Sirino (81.010,05 qq), Industrial Arrocera de Chiriquí (64.444,90 qq), Hermanos Palacios (127.577,34 qq), Procesadora de Granos de Chiriquí (92.593,20 qq), y Molino Veraguas (58.870,75 quintales).

La importación, realizada por molinos arroceros, no solo no fue aprobada por la Cadena Agroalimentaria afirma Mendoza, sino que, a juicio de los productores, viola la Ley 47 de 2017. Dicha normativa, en su artículo 2, prohíbe expresamente la entrada de arroz al país durante los períodos de precosecha y cosecha, en los que el sector arrocero panameño está a punto de entrar.

Sin embargo, destacan que la carga fue notificada en la plataforma de la Agencia Panameña de Alimentos (APA, antes Aupsa), lo que demostraría que fue reportada oficialmente por la propia industria.

Mendoza denunció que estas importaciones no solo saturan el mercado en un momento crítico para la cosecha nacional, sino que también ejercen una presión a la baja sobre los precios pagados a los productores. Actualmente, los molineros están pagando entre $24 y $25 por quintal.

La falta de un precio de referencia acordado entre productores e industriales, sumado a las importaciones no controladas, está poniendo en jaque la viabilidad de la producción de arroz en Panamá. Los productores advierten de que, de continuar esta situación, muchos se verán obligados a abandonar la actividad, lo que comprometería la autosuficiencia alimentaria en el grano de mayor consumo nacional.

Los productores hacen un llamado a las autoridades para que se respete la decisión de la Cadena Agroalimentaria y se investiguen a fondo las importaciones que no cumplen con la normativa vigente, en aras de proteger la producción nacional y garantizar precios justos para quienes labran la tierra.