¿Está Iván Duque poniendo en jaque el futuro de la paz en Colombia?

Miles de personas se manifestaron el pasado lunes en diferentes ciudades de Colombia en defensa de los acuerdo de paz entre la guerrilla de las FARC y el Estado, cuya continuidad se encuentra en duda tras las objeciones presentadas por el Gobierno de Iván Duque, a la ley que regula la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), uno de los principales pilares del pacto.

El mandatario colombiano, opuesto desde el principio a lo firmado en 2016, pidió una revisión en el Congreso tanto de la JEP como de la Ley Estatutaria que la regula, al considerar ‘inconveniente' seis artículos de la misma, asegurando que con esto busca cumplir los principios de reparación, justicia, verdad y no repetición, contenidos en lo rubricado por el expresidente Juan Manuel Santos y la insurgencia hoy convertida en el partido político Fuerzas Alternativa del Común (FARC).

Aprobada en un largo proceso, la JEP primero recibió luz verde en el Legislativo colombiano siendo avalada luego por la Corte Constitucional, que declaró que esta cumplía con la Carta Magna, lo que dejaba en manos de Duque refrendar la normativa, cosa que no terminó ocurriendo.

La JEP, es un elemento vital dentro del funcionamiento de la justicia en el ‘postconflicto', marco dentro del cual deben ser procesados los responsables de haber cometido crímenes durante la guerra —lo que incluiría a miembros de la guerrilla, militares y paramilitares—. Igualmente, establece el mecanismo de reparación para las víctimas.

La decisión de Duque ha recibido duras críticas desde la izquierda hasta ciertos sectores de la derecha colombiana, que consideran está empujando la discusión sobre la JEP a un complejo entuerto jurídico que hasta el momento no encuentra un consenso claro sobre como procedería la vuelta al Congreso de una ley que ya fue aprobada por la Corte Constitucional.

Al respecto, el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, considera los señalamientos del mandatario como improcedentes al buscar modificar una norma donde ‘ya hay cosa juzgada constitucional'; es decir, ya transitó por todo el proceso legal para su aprobación, incluyendo la máxima magistratura en temas constitucionales.

‘Soslayar el cumplimiento del principio de respeto a decisiones autónomas de la justicia, pone en alto riesgo la institucionalidad de Colombia como Estado de derecho, respetuoso de la separación de poderes y de la independencia del poder judicial', apuntó Carrillo en declaraciones dadas a El Tiempo .

En opinión del procurador, la propuesta de Duque, no solo provocará un ‘innecesario' choque de poderes dentro del Estado sino además, podría abrir una estado de inseguridad jurídica.

Por su parte, la heterogénea oposición colombiana logró cerrar filas sobre los acuerdos, algunos calificando la situación como un ‘ataques a la paz'.

‘Hoy es la paz, pero lo cierto es que mañana puede ser cualquier otro tema. Nadie está salvo si ante una decisión de la Corte Constitucional, el presidente de la República puede tomar la decisión de no acatar', advirtió la senadora Juanita Goebertus del centrista Partido Verde, según la revista Semana .

Gustavo Petro, excandidato presidencial y uno de los principales líderes de la izquierda partidista en Colombia fue más allá y en una entrevista al mismo medio dijo que el objetivo del gobernante uribista era ‘acabar' con el proceso de paz.

‘El uribismo va a buscar hundir todo el proyecto. Ya tiene más fuerza. El año pasado en el primer intento de reforma a la JEP por parte del uribismo, no tenían mayorías en la Comisión Primera del Senado, estaba a punto de hundirse el proyecto', subrayó Petro.

Incluso el Partido Liberal, cercano al Ejecutivo, informó que no respaldaría la iniciativa.

Voces fuera de Colombia también miran con preocupación el destino de los acuerdos.

En un comunicado emitido por las Naciones Unidas, organización que cuenta con una misión de verificación del cumplimiento de los acuerdos, pidió a Duque respaldar la JEP, lamentando que dos años después de lo firmado el pacto aún no ha entrado en vigencia.

‘La JEP representa una oportunidad sin precedentes para procesar judicialmente los crímenes del conflicto armado y amparar de forma eficaz los derechos de las víctimas, en atención a los impactos diferenciados que tuvo la violencia en las mujeres, los niños, las niñas y las adolescentes en los pueblos étnicos en todo el país', dijo a RCN Radio Alberto Brunori, representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

Otros actores internacionales como Noruega, Cuba —países garantes del pacto— y la Unión Europa, expresaron su preocupación ante los destino de la JEP y el futuro de la paz en el país sudamericano.

En tanto, el oficialista partido Centro Democrátrico (CD) del senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez, al igual que el Partido Conservador, elogiaron la medida del mandatario.

Considerado mentor político de Duque y actualmente investigado por la Justicia en casos relacionados con intercepciones telefónicas ilegales, paramilitarismo y violaciones a los derechos humanos, Uribe se sumó a los argumentos del Palacio de Nariño entre los cuales están el pedido para habilitar la extradición de procesados, siendo EE.UU. el principal destino de estos en el sistema judicial colombiano.

‘La JEP representa una oportunidad sin precedentes para procesar judicialmente los crímenes del conflicto armado y amparar de forma eficaz los derechos de las víctimas',

ALBERTO BRUNORI

REPRESENTANTE EN COLOMBIA DE LA ALTA COMISIÓN DE LA ONU PARA LOS DDHH

‘Como dejaron eso redactado (la JEP) es imposible extraditar a alguien', afirmó Uribe a El Espectador y cuyo partido es la principal fuerza en el Congreso.

Para Sergio Jaramillo, excomisionado de paz durante la gestión de Santos, en las acciones de Duque estaría también una estrategia electoral de cara a los comicios regionales de octubre.

‘Hay un deseo que ha expresado públicamente Álvaro Uribe de acabar con esa jurisdicción. Y lo otro es que al partido de gobierno, que fue creado para hacer oposición radical, que está dedicado a criticar todo lo que tenga que ver con el proceso de paz, electoralmente le sirve mucho revivir la discusión que tuvimos durante el plebiscito sobre los acuerdos (...) con eso hacer campaña electoral para las elecciones regionales de octubre y probablemente las presidenciales', reflexionó Jaramillo al ser preguntado sobre el tema por la BBC .

Mientras la decisión de Duque se suma a la ya dilatada crisis del proceso de paz, las promesas de acallar los fusiles continúan atrapadas en el papel y sin nada que detenga la sangre que sigue corriendo en los campos colombianos.

Desde la firma del acuerdo de paz en 2016 a la fecha, se estima que han sido asesinados más de 400 líderes sociales, ambientales y defensores de los derechos humanos; en su mayoría muertes dejadas en impunidad según denuncias de oenegés como Global Witness y Amnistía Internacional.

De acuerdo al Observatorio de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz, el Estado colombiano solo ha cumplido con el 18% de lo firmado.