Colombia: tensiones sobre caso Santrich arroja más fuego a una fiscalía cuestionada

La decisión de la Sección de Revisión de la Justicia Especial de Paz (JEP), confirmando la no extradición de uno de los principales líderes de las FARC, Jesús Santrich, ha elevado las tensiones políticas en Colombia, especialmente tras la renuncia del exfiscal Néstor Humberto Martínez, cuya gestión ha estado en el ojo de la tormenta, acosado por la corrupción y más recientemente cuestionado por su trabajo con la JEP.

La detención de Santrich, cuyo nombre de pila es Seuxis Paucias Hernández, se efectuó el 9 de abril de 2018 por orden de la Fiscalía General luego de que una corte de Nueva York reclamara su extradición por el supuesto delito de narcotráfico.

Como parte de los Acuerdos firmados en 2016 entre la antigua guerrilla y el Estado, al ser un desmovilizado, Santrich se acogió a la JEP, una jurisdicción específica creada para procesar los crímenes cometidos por militares o guerrilleros durante el conflicto armado colombiano.

De acuerdo con lo pactado, este ordenamiento jurídico no reviste solamente una carga punitiva, sino también busca consagrar los principios de justicia, verdad y no repetición, además de incluir mecanismos de reparación para las víctimas.

Como parte de este esquema, los procesados podrían recibir penas reducidas y tienen la garantía de que no serán extraditados, siempre que los delitos hayan tenido lugar antes de la firma del acuerdo, deben responder ante la justicia ordinaria.

Los principales argumentos del tribunal neoyorquino giran en torno a que las presuntos delitos de Santrich ocurrieron luego de haberse rubricado los acuerdos y que, además, existían pruebas tanto de la comisión de los mismos como de las fechas en que se dieron, lo que en su opinión daba luz verde a la que sería la extradición de más alto perfil hasta ahora, la de un excomandante insurgente y a su vez negociador de los pactos de La Habana.

Más de una año después, la JEP negó este miércoles la extradición, señalando que las pruebas presentadas no permitían ‘evaluar la conducta' por la cual EE.UU. pide al dirigente de las FARC, hoy convertido en partido político tras dejar las armas.

Igualmente, y por las mismas razones, el ente no pudo ‘establecer la fecha precisa' de la comisión de los delitos que motivaron la solicitud.

En un veredicto dividido —dos de los cinco letrados salvaron su voto—, los jueces manifestaron su imposibilidad para proceder la solicitud, ya que el propio Departamento de Justicia de los Estados Unidos no entregó las evidencias pedidas por la JEP, apuntando además a posibles faltas de la Fiscalía General de Colombia, organismo que presentó la acusación tras el requerimiento estadounidense.

La Sección de Revisión de la JEP subrayó que ‘los servidores de la Fiscalía pudieron omitir sus deberes de velar por el respeto a los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos incluyendo ‘afectaciones' a la soberanía nacional.

‘Los servidores de la fiscalía pudieron omitir sus deberes de velar por el respeto de los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos',

SECCIÓN DE REVISIÓN DE LA JUSTICIA ESPECIAL DE PAZ

Al respecto, los jueces remitieron copias del fallo al Consejo Superior de la Judicatura para que se investigue disciplinariamente a los funcionarios por ‘irregularidades en el recaudo de pruebas'.

En un apartado específico del voluminoso auto, los magistrados hacen hincapié en fallas con la asistencia judicial, es decir los permisos legales requeridos para que una autoridad extranjera recaude pruebas en territorio colombiano, una responsabilidad que recaía en la Fiscalía.

Entre la conclusiones de la Sección de la JEP, cuestionan la actuaciones de la DEA (en inglés, Drug Enforcement Administration), señalando que la agencia estadounidense actuó en territorio colombiano al margen de la ley, al recoger pruebas sin la debida asistencia judicial, procedimiento establecido en las leyes internacionales.

‘(En) el caso de la declaración jurada del agente de la DEA, Brian Witek, en la que se constataron serias irregularidades: La Fiscalía General no aportó la solicitud de asistencia judicial que debía tramitar la autoridad extranjera y al responder a la JEP sobre ese requerimiento, justificó la ausencia de la asistencia judicial', explica el documento de unas 148 páginas.

Santrich, que niega las acusaciones y afirma su proceso es un ‘montaje' de EE.UU. y la fiscalía, fue liberado este viernes por orden de la JEP para ser nuevamente detenido segundos después de su excarcelación, luego de que la fiscalía informara haber recibido nuevas evidencias en su contra.

En tanto, la embajada estadounidense en Bogotá calificó a Martínez como ‘patriota' que promueve el ‘Estado de derecho en Colombia', abogando por una ‘vibrante y productiva cooperación judicial bilateral'

UNA FISCALÍA CUESTIONADA

Pocas horas después de emitirse el fallo, el exfiscal general presentó su dimisión.

‘Este desafío al orden jurídico no puede ser refrendado por el suscrito. Mi conciencia y mi devoción por el Estado de Derecho me lo impiden, por ello he presentado renuncia irrevocable al cargo de fiscal general de la nación", declaró Martínez, cuyos pasos siguió la vicefiscal, María Paulina Riveros.

Si bien la salida de Martínez se enmarca dentro de las tensiones vividas en Colombia, decantadas entre los sectores políticos que respaldan el Acuerdo de Paz y aquellos que lo rechazan, desde la oposición al gobierno del presidente colombiano, Iván Duque, ven la renuncia más bien como una ‘cortina de humo' del exfiscal para evitar las investigaciones sobre corrupción que le vinculan a varios procesos, incluyendo el escándalo de la constructora brasileña Odebrecht.

Antes de asumir el cargo, Martínez trabajó como abogado del Grupo Aval, socio de la firma Odebrecht en la construcción de proyectos de infraestructuras investigados por presunta corrupción. Estos señalamientos llevaron a la Corte Suprema de Justicia a separarlo de al menos tres líneas de investigaciones en dicha causa.

Otra diligencia en la que Martínez es acusado de tener supuestos conflictos de intereses, es la pesquisa en torno al empresario Carlos Mattos, representante de la empresa Hyundai en Colombia, querellado por comprar jueces. Antes de asumir el cargo, Mattos fue cliente de Martínez.

Para la periodista de investigación colombiana María Jimena Duzán, que ha seguido los diferentes casos del exfiscal para la revista Semana , pese a que Martínez justificó su renuncia por su rechazo al fallo de la JEP, considera que esta estaría más bien motivada por que este se encontraba ‘cercado' frente a las pesquisas judiciales que lo señalaban.

‘Sus conflictos de intereses (...) sí lo tenían cercado, a un punto de tal tamaño que se le iba a reventar en la cara. Yo lo que veo que él está tratando de maquillar esa salida invocando una razón, que es su indignidad frente a la decisión del a JEP', indicó Duzán.