Tesis de la OEA sobre fraude de Morales en Bolivia hace aguas tras victoria del MAS

Una semana antes de las elecciones del pasado 18 de octubre, las principales encuestadoras eran rotundas: el Movimiento al Socialismo (MAS) sería el partido más votado, pero tendría que correr en segunda vuelta para la presidencia. El día de la elección, el colectivo de Evo Morales no solo consiguió un triunfo contundente en primera vuelta, sino que logró superar el resultado obtenido por el expresidente en 2019, fechan en la que estalló una espiral de violencia entre acusaciones de fraude. En ese momento, la Organización de Estado Americanos (OEA) denunció la “manipulación dolosa” y “parcialidad” de unos comicios que hacía “estadísticamente improbable” la victoria del MAS; lo que devino finalmente en el derrocamiento de Morales, protestas, muertos y el establecimiento de un gobierno de facto.

Tan solo un año después, la misma propuesta del MAS, ahora abanderada por Luis Arce, economista y exministro de Morales; se alzó cómodamente frente a la oposición con 55.10% de los votos, según el último escrutinio oficial del Órgano Electoral Plurinacional. Sus más cercanos adversarios, el expresidente Carlos Mesa y el líder regionalista de extrema derecha, Luis Fernando Camacho; quedaron con 28.83% y 14% respectivamente. La mayoría de la oposición reconoció el resultado.

Lo mismo hizo Luis Almagro, secretario general de la OEA, cuya felicitación a Arce por Twitter estalló en cuestionamientos de los internautas sobre cómo, según el organismo, en dos elecciones, la primera “fraudulenta” y la segunda limpia, se dio el mismo resultado. Poniendo una vez más en la mira la tesis del fraude de 2019. 

En aquellos comicios, Morales corría para un polémico cuarto mandato luego de trece años de gobierno. Ya en 2016 había perdido un referéndum donde el 51% rechazó su reelección, luego autorizada en un controvertido fallo por la Tribunal Supremo de Justicia. Esa vez, tanto la oposición como el propio Almagro, avalaron al final la candidatura del exmandatario.

El día de la elección, los acontecimientos avanzaron muy rápido. Sin que aún terminara el conteo oficial de votos, la Misión electoral de la OEA emitió un pronunciamiento en el que expresaba dudas sobre los resultados; un hecho que en la práctica fue gasolina al fuego de una crisis anticipada, en la que la oposición había adelantado que no reconocería los resultados, lo que terminó ocurriendo. Tanto Mesa como Camacho desconocieron la elección, desatándose semanas de violencia con quema de centros electorales y el amotinamiento de la policía. 

El 10 de noviembre, en tres actos casi simultáneos, Morales anunció su disposición a repetir las elecciones para bajar las tensiones al tiempo que los militares le “pedían” su renuncia y la OEA entregaba un informe preliminar donde “confirmaba” el fraude del MAS. Lo que reafirmaba la posición de la oposición, que dejó de pedir la repetición de los comicios para exigir directamente la salida Morales, que renunció tras la presiones de la cúpula militar, al tiempo que simpatizantes de Camacho entraron con Biblias al palacio presidencial mientras quemaban whipalas, la bandera de los pueblos andinos. La senadora Jeanine Áñez, se proclamó presidenta del país ante una Parlamento sin quorúm, dando paso un gobierno de facto que solo debía llamar a nuevas elecciones pero terminó gobernando por un año.

Para Almagro, hoy no existe “paralelismo” entre lo ocurrido en 2019 y 2020. “Los que juegan con los numeritos tratando de trasladarlos, definitivamente es un despropósito tratar de hacer eso”, dijo este viernes ante los cuestionamientos de México sobre el rol de la OEA en el derrocamiento del MAS. 

El argumento medular de la OEA, explicado en un informe final de 95 páginas publicado el 4 de diciembre de 2019, se centró en la interrupción temporal del escrutinio provisional o TREP (Transmisión de los Resultados Electorales Preliminares), un hecho que ocurrió cuando este ya había computado más del 83% de las actas. 

En ese momento, Evo Morales contaba con el 45,7% de los votos y superaba a Carlos Mesa por más de 7%. Al retomarse el TREP y contabilizadas ya el 95.63% de las actas, el líder indígena tenía 46,68% frente al 36,32% del opositor, una diferencia de 10,5%. 

Dado que la legislación electoral boliviana establece que el candidato que supere el 50% de los votos validos o un mínimo del 40% con diferencia de 10% sobre la segunda opción más votada, alcanzaría la presidencia sin balotaje, Morales se convertía en ganador en primera vuelta. Unos datos que luego fueron confirmados por el conteo oficial. Según la OEA, el cambio en el TREP fue “drástico y difícil de explicar”, lo que sería una “prueba” del fraude. 

Uno de los problemas con esta afirmación está en la naturaleza del TREP, un sistema pensado para otorgar resultados exclusivamente provisionales para la población y los medios como un mecanismo de transparencia inicial no oficial. De allí que centrar la acusación de “fraude” en un conteo preliminar y no en el oficial con validez legal, colocaba preguntas espinosas sobre el informe. 

Esta inconsistencia fue puesta sobre la mesa en un estudio del Center for Economic and Policy Research (CERP) con sede en Washington. Allí, investigadores del Massachusetts Institute of Technology, utilizando análisis numéricos y estadísticos, indicaron que el estudio “contradice la afirmación de la OEA de que la detención de la TREP (…) produjo una anomalía en la tendencia de votación”. Tampoco encontraron datos que sustenten la tesis del organismo y que era “muy probable” que el MAS hubiese ganado por un margen del 10% la primera vuelta. 

Los hallazgos del CERP, divulgados por The Washington Post, fueron respondidos con dureza por la OEA que los tildó de “parcializados” y “sin rigor técnico”.

Aunque la detención temporal del conteo rápido generó una enorme suspicacia en Bolivia, ya bajo un clima de altísima tensión, algo menos conocido es que las propias autoridades electorales bolivianas había anunciado días antes que el TREP entregaría un primer reporte hasta el 80%. El resto llegaría poco después por los problemas conocidos de cobertura de internet en las regiones rurales y lejanas del país. Una condición aceptada por todos los partidos políticos antes la elección y que la OEA no menciona en su informe. 

Otro estudio independiente, del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), señaló otra omisión del organismo sobre la demora del resultado en el TREP como en el escrutinio oficial: los votos rurales. Es precisamente en estas zonas donde el MAS cuenta con mayor apoyo –a diferencia de las regiones urbanas-, lo que de acuerdo a la Celag explicaría el aumento en el recta final del conteo luego del 80%; y que la OEA consideró “difícil de explicar”. Este comportamientos demográfico y electoral se registró en los comicios de 2014, en el referéndum de 2016 y en la última elección de este año ocurrió algo similar.

Otra pieza clave del reporte de la OEA hace referencia a 226 actas “irregulares” del total de 4,692. Sobre esto, la Celag encontró que aún sumando la totalidad de votos de dichas actas, en el supuesto de que el 100% de los votos eran para Mesa, Morales conservaba la diferencia del 10% evitando así la segunda vuelta. El centro detalla que la propia OEA admite en su informe que algunas de las actas “irregulares” no pudieron ser cotejadas físicamente porque fueron quemadas, obviando que muchas de estas fueron destruidas por la propia oposición durante las protestas.

En junio pasado, una investigación de The New York Times (NYT) daría un nuevo golpe a la línea de flotación de lo sostenido por el organismo. Contando con el trabajo de especialistas de las Universidades de Pennsylvania y Tulane, los analistas pusieron en duda lo que la OEA calificó como una “ruptura inusual en la tendencia de la votación hacia el final del conteo”, que apuntaba a la diferencia que habría dado la victoria al MAS en 2019. 

Los investigadores encontraron que por alguna razón –error u omisión- el ente encabezado por Almagro dejó por fuera de su análisis unas 1,500 mesas electorales, lo que alteró el resultado final. Es decir, el argumento del “cambio súbito” de la tendencia de votos tenían lugar cuando se excluían esa información, lo que sugiere –según el estudio- que la OEA utilizó datos incorrectos para llegar a sus conclusiones. Aún peor, estos descubrieron que el organismo “usó un método estadístico inapropiado que creó artificialmente la apariencia de una ruptura en la tendencia de la votación” lo que validaba así la tesis del fraude. 

Al ser consultados por el NYT, los expertos de la OEA acusaron al diario neoyorquino de “tergiversar” su estudio. Igualmente, al medio pedir detalles sobre los métodos o datos que usaron para llegar a sus conclusiones, el organismo no respondió a la solicitud. 

Recientemente el Celag volvió hacer una revisión sobre los 86 centros electorales señalados de irregulares por la OEA, comparando los votos emitidos en 2019 y 2020. Encontró que el MAS tuvo los mismo resultados. 

Aunque la mayoría de los estudios que cuestionan las conclusiones de la OEA no niegan que pudo haber anomalías en el proceso electoral de 2019; todos coinciden en que el organismo no fue capaz de demostrar que hubo irregularidades decisivas, generalizadas y diseñadas sistemáticamente para beneficiar al Movimiento al Socialismo (MAS). El informe ni siquiera contiene la palabra “fraude”.

Y es que la aplastante victoria del MAS este año, que incluso consiguió la mayoría en ambas cámaras de la Asamblea Nacional, además de abrir dudas razonables sobre el informe de la OEA coloca la lupa en torno a los hecho posteriores bajo la gestión de Añez, que recibió el respaldo de Almagro.

Si bien la OEA y las autoridades bolivianas niegan que se tratara de un golpe de Estado, el rol de los militares y las denuncias de persecución contras opositores al actual gobierno, ofrecen poco margen para no pensar en un régimen de facto y con cuño autoritario.

Al respecto, el último informe de Human Rights Watch (HRW) publicado en septiembre, apunta cómo el gobierno se ha valido de la justicia para procesar a simpatizantes del MAS por razones políticas, lo que incluyó la imputación de Morales por delitos de sedición y terrorismo, cargos que la oenegé considera “desproporcionados”. Al respecto, la Fiscalía de Bolivia giró una orden de arresto internacional contra el expresidente, que fue rechazada por Interpol al considerar que las acusaciones contenían “connotaciones políticas”. 

Testimonios recogidos por La Estrella de Panamá a mediados de diciembre de 2019 en El Alto -ciudad cercana a La Paz-, y que fue escenario de enfrentamientos entre simpatizantes del Morales y las fuerzas de seguridad, constatan el ambiente de miedo y represión en la zonas partidarias del MAS, pocos días después del asenso de Añez.

“Se disparó contra población desarmada, algunos de los fallecidos tenían heridas de bala en el abdomen y en la cabeza. Igual fueron detenidas mujeres embarazadas, menores de edad y discapacitados durante las protestas”, contó a este diario David Inca, activista de derechos humanos en El Alto, en referencia los hechos ocurridos en Senkata, donde fallecieron al menos once personas. 

En ese sentido, Amnistía Internacional (AI) ha puesto especial énfasis en lo ocurrido en Senkata y Sacaba –Cochabamba, oriente del país- donde 18 personas murieron por heridas de armas de fuego. 

“Los testimonios y la evidencia recabados arrojan fuertes indicios del uso desproporcionado e innecesario de la fuerza por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas (…) las autoridades competentes no han esclarecido los hechos”, detalla AI en un informe divulgado en agosto de este año.

Este clima de hostigamiento y amenaza llegó también a la prensa luego de octubre de 2019. Sobre esto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) constató al menos 50 agresiones a periodistas de 20 medios de comunicación locales e internacionales los primeros meses de la crisis; lo que coincide con los testimonios recopilados por AI en la que dan cuenta de un contexto para intentar silenciar a personas críticas al gobierno. 

La CIDH subrayó además, lo que denominó consistentes declaraciones discriminatorias durante y después de la crisis. “Docenas de casos de actos racistas y discriminatorios en el curso de las últimas semanas, en particular actos de violencia verbal, y algunos casos de retención y humillación pública por motivos raciales y/o de género”, precisa la Comisión.

La propia Añez tuvo que borrar algunos mensajes racistas contra los pueblos indígenas en Twitter en los que tildó de “satánicas” sus fiestas ancestrales. Tan solo en mayo pasado se vio obligada a destituir a su ministro de Minería luego de que este afirmara a una radio local que sus ojos verdes y su tez blanca lo hacían “incompatible” con los militantes del MAS, un partido –que como el país- es de mayoría indígena. 

Esta semana el gobierno mexicano pidió formalmente a Almagro un “proceso de autocrítica” para saber si aún tenía la “autoridad moral” para dirigir la OEA, tras el rol de éste en la crisis boliviana; a lo que el secretario general del organismo le restó importancia, reiterando la “fiabilidad” del informe y descartando así algún tipo de rectificación.

No sería la primera vez que la OEA hace “mea culpa” por respaldar una decisión que melló la democracia de la región. En 1965 el ente apoyó la invasión de EEUU a República Dominicana que costó la vida de cientos de personas en la isla; En 2016, el organismo, encabezado por propio Almagro, pidió perdón y calificó como “uno de los papeles más abyectos que ha tenido una organización internacional” en las América. Más de medio siglo después.