Trump demanda a Los Ángeles por obstaculizar leyes migratorias y declararse ciudad santuario

Siete meses después de que Los Ángeles se declarara ciudad santuario —una decisión que limita el uso de recursos locales para colaborar con agentes federales de inmigración— el gobierno de Donald Trump ha decidido llevar a la ciudad ante la justicia. Este lunes, el Departamento de Justicia presentó una demanda en un tribunal federal contra la ciudad, su consejo municipal, el presidente del mismo y la alcaldesa Karen Bass, por “interferir en la aplicación de las leyes de inmigración del gobierno federal”.

La acción legal sostiene que las políticas asociadas al estatus de ciudad santuario “no solo son ilegales en virtud de la legislación federal”, sino que además “la negativa de Los Ángeles a cooperar con las autoridades federales de inmigración contribuyó a la reciente anarquía, los disturbios, los saqueos y el vandalismo, que fueron tan graves que obligaron al Gobierno federal a desplegar la Guardia Nacional de California y los Marines de Estados Unidos para sofocar el caos”.

Los señalamientos hacen referencia a los incidentes registrados durante la segunda semana de junio, cuando manifestaciones espontáneas se desataron en respuesta a más de 1,600 detenciones llevadas a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Los arrestos ocurrieron en centros de trabajo, comercios, estacionamientos y espacios públicos del condado de Los Ángeles, hogar de aproximadamente 10 millones de personas.

En la demanda, de 21 páginas, el Departamento de Justicia acusa a la ciudad de “rechazar tanto la cooperación como compartir información, incluso cuando se requiere, con las autoridades federales”. Asegura que dichas normas “están diseñadas para interferir, y de hecho lo hacen, contra las leyes de inmigración establecidas por el Gobierno federal”.

“El objetivo expreso de la ley de ciudad santuario de Los Ángeles es impedir que el [ICE] y el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, por sus siglas en inglés) cumplan las obligaciones que les impone el Congreso”, señala el documento legal. En esa línea, se cita al concejal Hugo Soto-Martínez, quien afirmó: “nos negamos a quedarnos de brazos cruzados y dejar que Donald Trump deporte [a los inmigrantes ilegales]”.

Los Ángeles se ha convertido en uno de los principales focos de resistencia contra las políticas migratorias del gobierno federal. La ciudad ha cuestionado la legalidad de las redadas indiscriminadas y la presencia militar en sus calles. Según la demanda, desde el 6 de junio se vivieron episodios de “anarquía” que, en opinión del gobierno federal, justificaron el despliegue de 2,000 miembros de la Guardia Nacional y, posteriormente, de 700 marines. Sin embargo, ni el gobernador Gavin Newsom ni la alcaldesa Bass solicitaron dicho apoyo, y ambos consideraron la medida innecesaria.

La tensión escaló cuando un juez federal falló a favor del gobernador Newsom, declarando inconstitucional el envío de tropas sin autorización estatal. Horas después, el Noveno Circuito de Apelaciones suspendió esa decisión, devolviendo el control operativo al gobierno federal.

Ahora, el Departamento de Justicia acusa a la ciudad de violar tres disposiciones legales al exceder sus competencias frente a la normativa federal. “Estas políticas de las ciudades santuario están conduciendo a la violencia, el caos y a los ataques a la ley que los estadounidenses han presenciado en Los Ángeles”, declaró la fiscal general, Pam Bondi, en entrevista con Fox News.

Pese a la narrativa oficial, los disturbios se limitaron a algunos días de junio y culminaron el 14 del mismo mes con una manifestación pacífica que reunió a más de 30,000 personas en el centro de la ciudad y a cientos de miles más en el resto del condado.

Hasta el momento, la alcaldesa Karen Bass no ha emitido declaraciones sobre la demanda. Se espera que el consejo municipal aborde el tema este martes, en una sesión que podría definir la estrategia legal con la que Los Ángeles buscará “una acción legal inmediata” para proteger a sus residentes de detenciones arbitrarias o motivadas por perfilamiento racial.