Gobierno de Cuba usa la covid-19 para reprimir a sus críticos

El Gobierno cubano está utilizando normas destinadas a prevenir la transmisión de la covid-19 para acosar, intimidar y detener a disidentes, documentó Human Rights Watch.

El 12 de abril, los policías detuvieron a Keilylli de la Mora Valle, del grupo opositor Unión Patriótica de Cuba, cuando estaba fumando un cigarrillo en la ciudad de Cienfuegos. Los agentes señalaron que no estaba usando la mascarilla correctamente.

En la estación de policía, de la Mora Valle comenzó a quitarse la ropa a modo de protesta. Un policía la tomó del cuello, la llevó a una celda y comenzó a darle puntapiés en el muslo y en la rodilla. Las imágenes de los moretones, publicadas en Facebook, coinciden con su versión de los hechos.

Los policías la dejaron desnuda y esposada, explicó. Posteriormente la llevaron a un hospital, donde un médico informó que no había sufrido lesiones. De la Mora Valle pasó la noche en una estación policial, en una celda con una mujer que tosía constantemente, según afirmó. Fue liberada al día siguiente.

El 16 de abril, un policía le informó por teléfono que debía presentarse en la estación. Al llegar, le dijeron que se le acusaba de “desacato”, “resistencia”, “desobediencia” y “propagación de epidemias”, según señaló. El 5 de mayo, un policía se presentó en su domicilio con un documento anunciando que el juicio en su contra se llevaría a cabo el 7 de mayo.

En el juicio, en el cual no contó con representación legal, de la Mora Valle fue condenada a un año y medio de prisión por “desacato”, “resistencia”, “desobediencia” y “propagación de epidemias”. Hasta la fecha continúa detenida.

Una persona de su familia dijo a Human Rights Watch que de la Mora Valle intentó quitarse la vida en dos oportunidades a causa de amenazas y acoso por parte de guardias carcelarios.

“Esto forma parte de un patrón más amplio en el cual el gobierno utiliza de forma descarada cualquier excusa para reprimir el disenso sistemáticamente”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

Con el pretexto de hacer cumplir las normas sanitarias, las autoridades han realizado detenciones arbitrarias y abierto procesos penales abusivos y colocado a las personas en celdas insalubres que favorecen la propagación del virus que causa la enfermedad.

Pero, para muestra un botón. El 26 de noviembre de 2020, las fuerzas de seguridad cubanas detuvieron a 14 artistas y disidentes, muchos de los cuales pertenecían al Movimiento San Isidro, una agrupación de activistas que ha irrumpido en la vida política de la isla, después de acusar a uno de ellos de haber violado las normas contra la covid-19 al no realizarse nuevamente una prueba.

Las detenciones ocurrieron tras numerosos casos en los cuales agentes de las fuerzas de seguridad y fiscales detuvieron a disidentes con cargos de delito de “propagación de epidemias”, y les aplicaron multas por presuntas violaciones de las restricciones contra la covid-19.

Entre julio y noviembre de 2020, la organización que promueve los derechos humanos entrevistó por teléfono a 35 personas en la isla, incluyendo a víctimas, sus familiares y sus abogados. También consultó informes periodísticos, sentencias judiciales, registros de multas impuestas a disidentes o personas que las autoridades parecen haber percibido como críticas, y corroboró videos publicados en redes sociales.

La organización documentó abusos contra 34 personas, en cuyos casos las autoridades invocaron normas relacionadas a la pandemia para actuar en contra de críticos del gobierno y otras personas. De 20 personas detenidas, tres fueron procesadas de manera arbitraria, otras tres fueron multadas y catorce fueron amenazadas con ser procesadas por “propagación de epidemias”.

Otras ocho personas que no fueron detenidas recibieron multas aparentemente arbitrarias, con base en las normas relacionadas con la covid-19, y otras dos fueron amenazadas con la posibilidad de persecución penal.

Treinta de las víctimas fueron detenidas, acosadas, multadas o amenazadas con la posibilidad de ser procesadas penalmente por supuestamente violar normas sanitarias; entre ellas, nueve fueron acusadas de no usar la mascarilla correctamente.

Otras dos personas fueron amenazadas con ser perseguidas penalmente por “propagación de epidemias” debido a que difundieron información sobre casos de covid-19 en la isla. En otros dos casos, funcionarios invocaron normas relacionadas con la pandemia sin referirse a faltas específicas establecidas en la legislación cubana. Un disidente, por ejemplo, fue multado por no decir que su amigo estaba usando incorrectamente la mascarilla.

De acuerdo con el informe de la organización pro derechos humanos, a ninguno de los detenidos se le permitió hacer una llamada telefónica. Algunos sufrieron violentas golpizas, y varios enfrentaron procedimientos penales sin contar con un abogado que los representara.

La mayoría de las personas multadas en los casos documentados –11 en total– negó haber transgredido las normas. En algunos casos, los agentes de seguridad las amenazaron con procesarlas por “desacato” debido a que negaban haber infringido las normas contra la covid-19. Algunos de los multados sostienen que nunca se les informó de qué se les acusaba.

El delito de “propagación de epidemias” está penado con multas y hasta nueve meses de prisión. El Código Penal de la isla lo define ampliamente como “infrin[gir] las medidas o disposiciones dictadas por las autoridades sanitarias competentes para la prevención y control de las enfermedades transmisibles, así como los programas o campañas para el control o erradicación de epidemias de carácter grave o peligrosas”.

Asimismo, las autoridades cubanas han promulgado legislación específica sobre la pandemia. En mayo, el gobierno aprobó una resolución que exige el uso de una mascarilla cuando las personas salen de sus hogares. Un decreto de agosto, vigente solamente en la provincia de La Habana, impone multas de 2,000 pesos cubanos ($77) –aproximadamente el doble del salario mensual promedio– a quienes realicen fiestas, utilicen la mascarilla de manera incorrecta o “dificulten en cualquier forma el cumplimiento de las medidas sanitarias”, entre otras transgresiones.

Las multas se duplican si no son pagadas en un término de 10 días. Con arreglo al Código Penal cubano, quienes no paguen sus multas podrán recibir condenas de hasta seis meses de cárcel.

Con arreglo al derecho internacional, ciertos derechos básicos no pueden ser restringidos ni siquiera en períodos de emergencia, entre ellos, los principios fundamentales del acceso a un juicio justo y a no sufrir detención arbitraria, el derecho a la revisión judicial de las detenciones y la libertad de pensamiento.

En la isla es posible restringir otros derechos, como la libertad de expresión y asociación a causa de una emergencia de salud. Sin embargo, estas restricciones solo están justificadas cuando tienen un fundamento legal y son estrictamente necesarias y proporcionadas respecto al objetivo de salud pública. La restricción debe estar basada en evidencia científica, tienen una duración limitada, son respetuosas de la dignidad humana, están sujetas a revisión y no son arbitrarias ni discriminatorias en su aplicación, estableció el Gobierno cubano.

El Gobierno cubano también tiene la obligación de adoptar medidas eficaces para prevenir la propagación de la covid-19 y proteger el derecho de las personas a alcanzar el más alto nivel posible de salud pública.