'Gobierno sigue con el modelo de guerra en la cabeza'

Fernando Duque Jaramillo es un caleño de pura cepa, alegre, solidario y cívico, pero en estos días se le nota que está profundamente consternado por la calamidad que sufre su país, sacudido por serias protestas desde hace más de un mes, tiempo en el que los manifestantes han bloqueado las carreteras y la policía ha respondido, en ocasiones, con fuerza letal.

Las redes sociales han puesto al descubierto la violencia policial que, según cifras de organismos de derechos humanos, ha matado a decenas de muchachos, principalmente en Cali, unos jóvenes que están dispuestos a morir, pues ya están cansados de tanta injusticia y de vivir en un país en el que tienen un futuro incierto.

Nuestro protagonista de hoy es un liberal demócrata, y asegura que los partidos políticos desaparecieron en Colombia, porque no han cumplido con las funciones que en el orden social les corresponde.

Desde muy joven fueron sus lecturas preferidas las relativas a la Ilustración, a la Enciclopedia y a la Revolución Francesa. Por eso, según sus palabras, la enseña de “Libertad, Igualdad y Fraternidad” de los revolucionarios de 1789, nos marca un derrotero como especie, que el desarrollo capitalista está lejos de haber cumplido. Estamos en deuda aún con la historia, afirma el doctor en ciencias políticas, quien hace un análisis del estallido social que hoy vive el país sureño, cuya población es de 50 millones 374 mil habitantes.

Originalmente, la causa de las protestas fue un ajuste fiscal propuesto por el presidente Iván Duque, que muchos colombianos sintieron habría dificultado aún más la supervivencia en una economía ya de por sí golpeada por la pandemia.

No obstante, el descargo se transformó rápidamente en manifestaciones generalizadas de indignación por la pobreza y la desigualdad, que han aumentado a la par de la propagación de la covid-19 y por la violencia con la que la policía ha reaccionado al movimiento.

¿Por qué ha sido Cali la ciudad que en principio presentó este fenómeno social?, le inquirimos, a lo que Duque explica que se trata de la tercera ciudad del país, con algo más de 2 millones de habitantes. Es una especie de capital de la costa Pacífica de Colombia y del suroccidente colombiano. Quienes han padecido el desplazamiento forzado a lo largo de toda la costa del Pacífico, en los departamentos del suroccidente y del eje cafetero, han confluido en Cali desde los años 50. Por eso es una ciudad multiétnica, con unas características sociológicas importantes: de una parte, es la segunda ciudad de América Latina en número de población negra. El llamado Distrito de Aguablanca alberga a más de 600,000 personas, en su mayoría de raza negra.

De otro lado, agrega, en Cali, aparte de los caleños, hay colonias muy grandes de nariñenses, de caucanos, de antioqueños, de tolimenses, de gente de los tres departamentos del llamado Eje Cafetero. Adicionalmente, está dividida en 22 comunas cuya conformación no obedece a razón ninguna diferente de la geográfica, por lo cual coexisten –sin que se confundan entre sí– barrios de los estratos 1 a 6 (Planeación Nacional estratifica al país, desde el estrato 1, correspondiente a los sectores más pobres, hasta el estrato 6, que es el de los sectores adinerados).

Pero, simultáneamente, existe una fractura social entre quienes habitan en barrios de los estratos 5 y 6, con el resto de la población. De hecho, son profesionales de clase media alta, muchos con postgrados, altos ingresos, hasta personas muy ricas, que hablan distinto, visten distinto, piensan distinto. El 25 de mayo estos estratos altos, asustados como se encuentran debido tanto a la protesta pacífica como a los bloqueos de vías y al vandalismo, convocaron la llamada “Marcha del Silencio”, bajo el eslogan “Todos somos Cali”. Pero, curiosamente, apunta Duque, durante la marcha llamaban a la represión violenta contra la protesta ciudadana y, obviamente, contra los bloqueos y el vandalismo que afectan sus negocios. De manera que los hechos, por sí mismos, desde su óptica, desvirtúan la frase vacía de “Todos somos Cali”.

Explica que hay una gran frustración en los sectores pobres y medios que eligieron al alcalde, con su gestión caracterizada por repetidos escándalos de corrupción y por sus escasos logros en favor de sus electores. En Cali inicia la protesta, pero rápidamente se extiende por todo el país, porque “Colombia no está en crisis por el paro. Colombia está en paro por la crisis”, afirma.

Duque Jaramillo, quien fue contralor de Cali, explica, además, las razones por las que los jóvenes, quienes enfrentan un panorama incierto, son los protagonistas de lo que hoy pasa en Colombia; por qué es tan criticado el papel de los medios; cómo se ha reducido de manera dramática la confianza en la institucionalidad de su país; y cómo el uribismo (relativo al expresidente Álvaro Uribe) está metido por todos los recovecos del gobierno de Iván Duque.

El modelo neoliberal comenzó a implantarse en Colombia en 1990, con el presidente César Gaviria Trujillo. En 1991 se hizo una asamblea nacional constituyente para modificar la Constitución de 1886 y para llevar al país a la modernidad. El resultado fue una Constitución transaccional, a cuya redacción contribuyeron todos los sectores políticos, incluso sectores insurgentes, pero también los académicos, las etnias. Todo el país, en resumen. Y eso generó una gran esperanza.

Las políticas neoliberales impulsadas por Gaviria comenzaron a estrecharle los caminos a la gente en un proceso sistemático, lento pero seguro. Treinta años más tarde, Colombia es el tercer país más desigual del mundo, la riqueza se concentra en el 5% de la población, más del 40% es pobre y hay un 10% por debajo de la línea de pobreza, según la estadística oficial, aunque la pastoral católica señala que un 17% de la población es habitantes de la calle, esto es, duermen en los parques, en los portales, bajo los puentes, en las alcantarillas. Es decir, son indigentes.

Los procesos de desregulación laboral adelantados durante los dos períodos de gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006 y 2006-2010), sustituyeron los contratos de trabajo a término indefinido consagrados en el Código Laboral, por un modelo de contratos por prestación de servicios, que es una forma precaria, temporal, de vinculación, en el cual el mismo trabajador es quien asume todos los costos de su seguridad social (salud, pensión y riesgos profesionales), que antes se pagaban conjuntamente con el patrono.

Esto tuvo dos graves consecuencias. De un lado, salvo quienes aún ocupan cargos bajo la modalidad de contrato a término indefinido, toda la demás fuerza laboral es vinculada por contratos a menos de un año. Es decir, desapareció la estabilidad en el empleo. Y, de otra parte, esto desfinanció el sistema de pensiones del Estado, pues, cuando las personas se quedan sin contrato, no cotizan a pensión.

Así que las familias, o no pueden enviar a sus hijos a la universidad, o, si lo hacen, se ven casos dramáticos de jóvenes que llegan al campus en la mañana sin saber qué van a almorzar, porque concurren sin dinero para ello. Hay estudiantes de muy buen desempeño provenientes de estratos 1 y 2 que tienen que abandonar la universidad por inexistencia de recursos para permanecer en ella.

Todo este cuadro –incompleto por las limitaciones de espacio en una entrevista– permite vislumbrar un panorama gravemente incierto para la juventud, pues, no puede estudiar, pero tampoco trabajar. De tal modo, se ha ido incubando un caldo de cultivo de frustración, de franca inconformidad con un sistema cerrado, cuyos canales de movilidad social son en la práctica inexistentes. La reforma tributaria, que cargaba sobre los hombros de los pobres y de la clase media una avalancha de impuestos, fue el detonante que propició un estallido social que ha sido un fenómeno espontáneo, descentralizado, sin jerarquías. La juventud se puso al frente de la protesta que habían iniciado las centrales obreras, la federación colombiana de educadores, y la llamada Minga indígena han enfrentado una cruenta arremetida de la fuerza pública y han puesto los muertos.

Colombia tiene una historia de luchas populares que se remonta a 1948, cuando fue inmolado un gran líder liberal: Jorge Eliécer Gaitán. De inmediato, el gobierno conservador inicia una cruenta guerra en contra del pueblo liberal, muchos de cuyos militantes se fueron a las montañas para defender sus vidas. El despojo de tierras y el desplazamiento forzado sacan del campo a un grueso de la población que se va a las ciudades, a conformar los llamados “cinturones de misera”.

Ese fenómeno fue el antecedente de la conformación de las guerrillas marxistas de las Fuerzas Armadas de Colombia (Farc) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), principalmente, a mediados de los años 60. Hubo otros grupos alzados en armas, el Ejército Popular de Liberación (EPL), y el Movimiento 19 de Abril (M-19), que tuvieron una presencia más o menos fugaz, pero las dos primeras se mantuvieron y crecieron. A ello se suma el fenómeno del narcotráfico, ya que a partir de los años 90 las agrupaciones guerrilleras hallaron en él una fuente importante de financiación, junto con el secuestro y la extorsión, porque la guerra cuesta dinero, además de vidas. Para finales de los 90, las Farc son prácticamente un ejército insurgente, con presencia en muchos lugares de la geografía nacional y con el franco propósito de la toma del poder.

En 2002 el candidato Álvaro Uribe Vélez propone a un país cansado de 50 años de guerra, combatir de forma decidida a las guerrillas. La propuesta cala en el electorado y, a partir del 7 de agosto, gobierna durante dos períodos, continúa el proceso de modernización de las fuerzas armadas iniciado por Andrés Pastrana y adelanta una lucha por todos los medios en contra de la insurgencia. No las derrota, pero sienta las bases para que Juan Manuel Santos, quien de igual modo gobierna por dos períodos (2010-2014 y 2014-2018), con acompañamiento de la ONU y de la comunidad internacional, sienta a negociar a unas Farc muy golpeadas, aunque no derrotadas.

En 2018 asume la presidencia Iván Duque, hechura del expresidente Uribe. Recibe la herencia de un modelo neoliberal desgastado, con una deuda social descomunal. Pero, transcurridos tres años, el mandatario une a su inexperiencia la manía de atribuir la indignación de la ciudadanía, tanto al gobierno anterior como al próximo, que aún no se elige. Y, en lugar de leer las causas y efectos de un modelo con pésimos resultados sociales –pero excelentes para una minoría empresarial–, decide que es la fuerza la fórmula para manejar la protesta social y sus causas.

No es extraño. Tanto el Gobierno de Colombia como toda la derecha latinoamericana radican la responsabilidad sobre la frustración ciudadana y sobre la consecuente protesta popular en cabeza del castrochavismo, de Putin, de China, de Corea del Norte, del comunismo internacional, del foro de Sao Paulo, del enemigo interno, del Papa cuando habla en favor de los pobres. Cháchara. La calentura no está ni en las sábanas ni afuera. La crisis es estructural, originada en un modelo neoliberal que acredita muy exiguos resultados para más del 90% de la población.

Le ofrezco unos datos. Colombia, un país con vocación agrícola, que podría ser la despensa de América, importó en 2020 –según informe de Greenpeace publicado por El Espectador– 12 millones de toneladas de comida, equivalentes al 30% de todo lo que consume el país en igual período. Están arruinando a los agricultores.

Otro ejemplo: en 2020 importamos 73 mil toneladas de leche en polvo, con un fuerte incremento respecto de 2019, cuando se importaron 61 mil 643 toneladas. Están arruinando a los lecheros. Estamos importando azúcar y arroz del Ecuador, cuando el potencial arrocero del Huila y el Tolima pueden abastecer el consumo interno y exportar. Arruinan a los arroceros.

Más de 15 millones de personas, casi el 20% de la población, nace con hambre y muere con hambre. Para no mencionar más cifras, formulo una pregunta: ¿Es este un modelo económico y social exitoso? Después de 30 años de neoliberalismo, conviene sentarse como Gorvachov en la desaparecida Unión Soviética con el Soviet Supremo y comenzar a reflexionar: “Señores, esto eran España, Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, Suecia, etc., en 1918, cuando hicimos la revolución rusa. Esto son ahora ellos y esto somos nosotros. ¿Cuál de los modelos ha fracasado? Obviamente el socialismo. Cambiemos de modelo”. Y desaparece la Unión Soviética, sin disparar un tiro. Un suceso extraordinario en la historia.

Tal como lo explicamos en un principio, la guerrilla fue una consecuencia del desplazamiento forzado y de la persecución sangrienta del campesinado liberal, para apropiarse de sus tierras. Pero, la guerrilla como tal, tampoco fue la solución. Ese es otro modelo fallido. Es que todos los modelos de fuerza conducen al empobrecimiento de los pueblos y a la arbitrariedad.

Mire: el presidente es uribista. Los organismos de control (Procuraduría, Contraloría, la Defensoría del Pueblo) están en manos de uribistas. El fiscal general es uribista. Toda la rama ejecutiva del Poder Público es uribista. El Congreso es orientado por una coalición mayoritaria que maneja el uribismo. El Consejo Superior de la Judicatura tiene mayoría uribista. Las altas cortes (Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado) tienen mayoría uribista. Las veedurías son uribistas. Toda la contratación del Estado, tanto de las grandes obras públicas como de los pequeños contratos de prestación de servicios, están bajo el manejo uribista. Las concesiones de vías públicas a particulares, que en Colombia son muchas y tienen un peaje cada 50 kilómetros en promedio, están en manos de amigos del uribismo. Desde 2002 todos los presidentes los ha puesto el expresidente Uribe. Concluya usted –según su expresión– quién “mece la cuna”.

Ofrézcanos su conclusión.

Hay un hecho histórico y sociológicamente muy afortunado. Los medios tradicionales –prensa, radio y televisión– además de deslegitimados, han perdido el monopolio sobre la información. Las redes sociales han sustituido con lujo de competencia su tarea. No de otra manera se explica que la comunidad internacional y los organismos internacionales de derechos humanos conozcan al detalle lo que ocurre desde el 28 de abril.

Los medios en Colombia acusan una severa dependencia de la pauta estatal, por una parte. Por otra parte, la propiedad sobre los mismos ha pasado a manos de las personas más ricas del país. El Tiempo ya no es de los Santos. La revista Semana pasó a manos de un grupo económico muy poderoso. La Cadena RCN es propiedad del poderoso sector de las bebidas azucaradas, etc.

De una forma u otra, los medios vienen convirtiéndose en informativos de trinchera, porque están interesados en difundir tan solo lo que es de conveniencia de sus propietarios. Es decir, han perdido la capacidad de análisis y el sentido crítico, esencial a la prensa libre e independiente, y, cada vez más aparecen como portavoces de un interés muy particular.

Pero no son los únicos deslegitimados. Lo que se encuentra hondamente deslegitimado es toda la institucionalidad. Una reciente encuesta pone de presente que el otrora gran Partido Liberal, que recogía alrededor del 60% del electorado en los años 70, hoy tan solo agrupa a un 9% de los colombianos. Y con sentido de afiliación por el tradicional Partido Conservador, se confiesan tan solo entre el 3% y el 4%. Y, con porcentajes entre estos dos extremos, los demás partidos. O, lo que es igual, más del 70% de los colombianos se consideran sin partido. Ello señala una seria crisis de legitimidad, si se considera que la teoría clásica estima que los partidos tienen dos misiones en el modelo democrático. La primera, canalizar o bien el consenso o ya el disenso. La segunda, servir de puentes entre la sociedad civil y el Estado.

Igualmente ocurre con los sindicatos. Las antiguas centrales obreras, que agrupaban a millones de colombianos, hoy no tienen ni su antigua credibilidad ni su antigua capacidad de agregar, en parte debido a que hoy muchas personas no están vinculadas por contratos de trabajo a término indefinido. La falta de estabilidad en el empleo dificulta las posibilidades de afiliación sindical.

Todo esto, unido a la postura del gobierno que conversa y dilata hoy, pero mañana reprime de manera cruenta, lleva a pensar que el gobierno sigue con el modelo de guerra en la cabeza, buscando enemigos y culpables, y justificando su acción violenta mostrándose como víctima. La visita de la Canciller el 24 de mayo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que solicitó formalmente el permiso para visitar a Colombia, deja un mal sabor, pues fue negado y los organismos internacionales han llamado severamente la atención del gobierno por el uso desmedido e injustificado de la fuerza.

Lo primero es hacer conciencia entre todos los colombianos, gobierno y sociedad civil, de que el modelo neoliberal es un fracaso y abocarse de forma colectiva a la configuración de algo diferente, ojalá una vía propia, a la colombiana, que consulte nuestra realidad. Pero, habida consideración del enorme poder del uribismo, no lo veo probable, porque no conviene a sus intereses.

Algo claro es la pérdida de credibilidad del expresidente Uribe. En 2006 tenía un 80% de aprobación. Hoy las encuestas lo muestran con un 76% de rechazo. De igual manera, el presidente Duque tenía en días previos al paro un 75% de desaprobación. Al día 20 del paro la desaprobación se incrementa a casi el 80%. Tan solo recibe un 18% de aprobación.

Ahora, no hay que equivocarse. Se trata de un gobierno grandemente desprestigiado, pero tiene detrás de sí a las fuerzas armadas más grandes de América Latina. Y, además de grandes en número, cualitativamente competentes y formadas en la lucha contra la guerrilla por muchos años. De manera que no es válido hacer la cuenta de que mañana Duque se cae.

Lo segundo es que el gobierno verdaderamente negocie. Cuando uno se aproxima al tema de la táctica y la estrategia, lo primero que comprende es que ambos son conceptos dinámicos. Vale decir que, si el gobernante hace uso de la fuerza en todas sus modalidades para enfrentar a un enemigo armado, tal como lo fueron las guerrillas (aún no se ha desmovilizado el ELN), o bien lo derrota o bien lo sienta a la mesa de negociación para acordar la paz. El día que se firma la paz deja de ser el enemigo y se convierte en un contradictor.

Llegada esa oportunidad, es obligado modificar estrategia. La estrategia de fuerza pierde validez y es llegada la hora de desarrollar e implementar estrategias de diálogo, de entendimiento, de negociación. El presidente Duque no lo entiende así. Tres años después de su posesión y a uno de hacer entrega de su período, no ha modificado la estrategia de fuerza, tal como lo acreditan cientos de videos conocidos por los gobiernos extranjeros y por los organismos de derechos humanos.

Así, Uribe y su presidente están situados en una postura ahistórica, que desatiende el contexto, con la aplicación equivocada de un modelo neoliberal fracasado y un modelo de fuerza para el manejo de sus relaciones con la sociedad civil. Uno esperaría que el presidente, en un acto de grandeza hacia el país y hacia sí mismo, comprenda estos dos asuntos básicos. En poco más de un año conoceremos la forma como lo mirará la historia.

“Se trata de un gobierno muy desprestigiado, pero tiene detrás de sí a las fuerzas armadas más grandes de América Latina, por lo que no es válido hacer la cuenta de que mañana Duque se cae”.

Con la colaboración de Alexandra Patiño.